La Corte Suprema sostuvo que en la provincia de Buenos Aires nunca se cumplió con una sentencia del año 2005, conocida como "el fallo Verbitsky", que obligaba a poner fin a las graves condiciones de detención, propias de las cárceles superpobladas, que llevaron a la violación permanente de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La resolución del alto tribunal le ordena a la Corte bonaerense que busque una solución de fondo, tal como ya le había indicado 16 años atrás y, de ese modo, reconoce la existencia de un problema estructural e histórico que afecta los derechos humanos. El reclamo por incumplimiento lo había hecho un grupo de defensoras y defensores oficiales que alertaron sobre el crecimiento exponencial de la población carcelaria y la reapertura de comisarías para alojar presos/as que habían sido cerradas o clausuradas expresa indicación de lxs supremxs. Además, mostraron que el máximo tribunal provincial intentó sacarse el tema de encima mandándolos a que reclamen en múltiples juzgados de primera instancia, como si no se tratara de un asunto colectivo.   

El planteo original, un habeas corpus colectivo, fue presentado por un grupo cinco defensores/as generales en 2014, cuando Alejandro Granados era ministro de Seguridad de Daniel Scioli y volvió a abrir los calabozos de las comisarías para alojar presos allí, algo que había sido expresamente suspendido por disposición del fallo supremo de 2005 que fijaba estándares para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Con en el tiempo se sumaron más defensores/as hasta ser 17. Lxs integrantes del más alto tribunal del país esperaron más de seis años para tomar esta decisión. En el ínterin hubo un aumento exponencial de las detenciones tanto en cárceles como en comisarías. 

El período de mayor incremento en cárceles fue durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que recibió los penales bonaerenses con 30.000 detenidos/as y los dejó con 16.000 más, pero solo creó 1000 nuevas plazas. Hoy hay más de 50.000 personas privadas de las  libertad en las cárceles bonaerenses, más del 100 por ciento de su capacidad.  En el primer año y medio de gestión de Axel Kicillof se crearon 2120 nuevas plazas, y la proyección es de 12.000 para su gestión. Otro de los grande problemas siguen siendo las detenciones en comisarías. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), promotor original del fallo Verbitsky, señaló que desde 2012 la cantidad de personas alojadas en dependencias policiales se incrementó un 426 por ciento. El pico fue alcanzado a fines de 2020, con 5661 presos y presas en comisarías. Dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires leen entre líneas un dejo de animosidad política en el fallo de la Corte, teniendo en cuenta que eligieron este momento para firmarlo y no la gestión anterior, de todos modos subrayan que desde el punto de vista técnico las críticas apuntan a la Corte provincial.   

Cuando las defensoras y defensores se presentaron en 2014 la Suprema Corte bonaerenese les respondió que ya se había cumplido con todo lo que había ordenado la Corte Suprema años antes. La consecuencia era que si tenían algo que reclamar fueran juzgado por juzgado. La Corte ahora señala: "Este tribunal subrayó la necesidad de reconocer la protección judicial efectiva de los derechos de incidencias colectiva involucrados en el habeas corpus, rechazándose expresamente la posible dispersión de los reclamos al admitirse la acción plural reclamada en beneficio de los intereses de todos los sujetos privados de la libertad en el ámbito de la provincia". 

El fallo cita el dictamen de la Procuración, de la gestión de Alejandra Gils Carbó. Y sigue: "los reclamos actuales impetrados por los defensores públicos oficiales en el expediente se vinculan con una situación fáctica que destacaron especialmente, y respecto de la cual aportaron copiosos elementos de prueba para brindarle apoyo objetivo suficiente; a saber: la persistencia de la situación de superpoblación en el ámbito carcelario provincial y su crecimiento exponencial". 

El fallo, que lleva las firmas de Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti más la disidencia de Carlos Rosenkrantz, recuerda que en 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó una primera resolución que cuestionaba la apertura de las comisarías para alojar presos/as y en 2016 ordenó una cautelar en relación a seis seccionales porque consideró que había riesgo para las personas allí detenidas. Luego en 2019 la amplió a otras 15 comisarías. Ordenaba cierre, inhabilitaciones y clausuras. Por eso lxs supremxs vuelven a decir que sus pares bonaerenses se "apartaron" de lo que debían cumplir según la vieja sentencia de 2005, que fue el primer caso en que el tribunal pos mayoría automática menemista utilizó el mecanismo de las audiencias públicas.  

Andrés Harfuch, uno de los defensores que presentaron el habeas corpus original evaluó en diálogo con Página/12: "La Corte dijo que el fallo Verbitsky no está terminado, que el drama humanitario de la sobrepoblación carcelaria de la provincia de Buenos Aires sigue vigente y por lo tanto la sentencia debe ser ejecutada. Dijo que ese drama humanitario no es un derecho individual de cada preso sino que es la violación de derechos de incidencia colectiva y por lo tanto merece un tratamiento preferencial de acuerdo al artículo 43 de la Constitución Nacional y por eso los defensores están habilitados para hacer un habeas corpus colectivo y no perder tiempo en acciones individuales fragmentadas. El fallo original se va a seguir ejecutando hasta el día que cesen las condiciones de superpoblación. Nosotros tendremos que diseñar nuevas estrategias para ve qué hacemos con los presos en comisarías, con las mujeres presas, con las embarazadas presas o con niños chicos, por los detenidos con delitos leves". Harfuch subraya que Rosenkrantz si bien no reconoce el derecho colectivo, admite el problema. 

"Hubiera preferido que el fallo saliera antes porque la población carcelaria aumentó mucho y hubo hechos lamentables, y colapsaron las dependencias policiales, pero el fallo igual es muy importante para desandar las políticas erradas y para que los jueces puedan dictar resoluciones sin el grado exposición actual en decisiones que utilizar el derecho penal como última ratio y evalúan alternativas al encierro. El fallo reconoce condiciones denigrantes e inhumanas en que se alojan los detenidos en la provincia", sostuvo Cecilia Boeri, defensora en Mar del Plata. 

El CELS señaló que a partir de ahora "la situación de las personas privadas de la libertad debe ser abordada por la Corte Suprema provincial sin que puedan alegar que se trata de cuestiones políticas en las cuales el sistema de justicia provincial no tiene ninguna responsabilidad".  "La reapertura de esta instancia judicial --agrega-- deberá ser el marco en el que se discutan medidas efectivas en conjunto con el poder Ejecutivo y legislativo parar bajar la tasa de encarcelamiento y resolver la crisis penitenciaria".