El próximo 27 de mayo se iniciará el juicio oral y público en contra de la dirigenta campesina de Rivadavia Banda Norte, Lucía Ruiz, y tres de sus compañeros: Carlos Guerra, Antonio Guerra y Omar Cruz. Los tres están acusados por el delito de “robo en despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real”, a raíz de una denuncia presentada en el marco de una disputa territorial con titulares registrales que querían realizar un desmonte. 

Está previsto que también haya audiencias de debate el 28 y 31 de mayo. En este contexto, organizaciones políticas y sociales preparan presentaciones de amicus curiae (amigos del tribunal) en apoyo a los campesinos que detuvieron el desmonte en zonas donde estaba prohibido. Este incidente se desarrolló en el marco de un conflicto mayor con un empresario que reclamaba en ese entonces la titularidad de tierras que son reivindicadas por habitantes rurales de la zona. A su vez, el empresario no contaba con los documentos probatorios suficientes para adjudicarse la propiedad.

Las presentaciones en el juicio que se espera para fines de este mes, se harán en el entendimiento de que el caso que será juzgado ante la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín, no es más que una de las tantas formas de criminalizar la lucha social y disciplinar a quienes quieran ejercer su “derecho a tener derechos”, definió Verónica Quinteros, referenta de Liberpueblo, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo.

Quinteros afirmó que medidas judiciales como éstas son una forma más de presión utilizando al poder judicial para cercenar estas luchas. “Es un método más sofisticado que implica tomar a los principales referentes y mantenerlos ocupados en defenderse de un delito que no cometieron para no ocuparse de sus luchas”, aseguró.

La presentación de los amicus será por organizaciones de derechos humanos, políticas y de abogados. No se descarta la presentación de los recursos por parte de organismos nacionales.

“Son campesinos que defienden la posesión de la tierra pero también el ambiente”, destacó Quinteros al sostener que frente a esta situación entendida como un atropello se inició la campaña de solidaridad. “Quieren encuadrar las conductas del derecho a peticionar”, como el derecho a la tierra, “en delitos de tipo común”, destacó. Precisamente, en el caso de Ruiz y sus compañeros de lucha y de juicio están acusados por delitos comunes tras una denuncia que se originó en la disputa territorial. “Es tirar el aparato represivo del Estado a través de delitos comunes”, insistió Quinteros.

Al volver sobre el derecho de los campesinos, y la presión que ejercen sobre la tierra que habitan foráneos interesados en esas extensiones, indicó que “si no sos poseedor de hecho no podés ocupar la tierra”, por lo que en este caso se presupone que se debería haber dirimido el derecho en la instancia civil. Pero al no poder resolverlo allí, se desvió el tema a la Justicia penal para “criminalizar a los poseedores legítimos”.

La integrante de Liberpueblo añadió que las acciones de posesión o de usucapión que se hacen en la instancia civil implican además un gasto de recursos económicos que muchas veces es imposible de cubrir por las familias campesinas. Consideró que entonces se erige una suerte de connivencia del poder judicial con quienes tienen el dinero suficiente para afrontar los gastos de litigar. 

Remitió a una resolución de la ONU por la cual personas como Lucía Ruiz, en su carácter de defensores de los derechos humanos, requieren una especial protección del Estado, lo cual hasta ahora no se pudo verificar en este caso particular.

Reconocida con el Berta Cáceres y criminalizada como ella

Lucía Ruiz es una luchadora campesina de la zona de la ruta nacional 81. Hace más de una década, y ante los recurrentes desalojos de campesinos por parte de quienes compraron los títulos de propiedad, se inició en la zona la resistencia del campesinado para evitar su erradicación de los lugares que ocupan hace más de 20 años.

Uno de los casos más conflictivos de la zona se ubica en el sector conocido como Colonia La Juanita y La Santafesina. Un empresario de apellido Vidizzoni afirmaba que había comprado los derechos posesorios de un titular registral (que efectivamente aparece en la Dirección de Inmuebles de la provincia). Pero hasta ahora ninguna porción de tierra del departamento Rivadavia, donde están las comprendidas en el conflicto que derivó en la denuncia penal contra los campesinos, tiene como propietario a alguien de apellido Vidizzoni, según los registros de la Dirección General de Inmuebles de la provincia.

Ya en 2010, por una acción de amparo presentado por campesinos de la zona, la en ese momento jueza de Personas y Familia N° 2 de Tartagal, Ada Zunino, prohibió a Vidizzoni realizar cualquier acción en el territorio en conflicto. Del fallo de Zunino en aquel año surge que “la parte demandada (Vidizzoni), se encuentra realizando tareas de desmontes y abertura de picadas para deslinde, sin la debida autorización por parte de la Autoridad competente, lo que implica el ejercicio efectivo de actos posesorios, sin asentimiento alguno de la actora, todo lo cual es demostrativo de una perturbación ilegítima, arbitraria y violenta de la posesión invocada por la misma, utilizando vías de hecho, acompañadas de violencia material y moral, con el ‘animus’ de poseer dicho bien”.

En 2015, en medio de un conflicto similar, Ruiz, los Guerra y Omar Cruz, detuvieron máquinas que iban a desmontar en la misma zona, comprendida en zona amarilla según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). La acción directa surgió ante la inacción de la Justicia frente a las reiteradas denuncias que habían realizado las familias campesinas.

En el momento de los hechos se habían introducido máquinas. Para los campesinos, las personas que lo hicieron trabajaban para Vidizzoni. Pero no lograron ninguna respuesta cuando les preguntaron. En su momento los campesinos contaron que el denunciante en la causa que llega a juicio, Bernardo Castellanos, que estaba en ese lugar, se subió a una camioneta y se retiró abandonando a los trabajadores que había llevado para realizar un desmonte. 

Entre los trabajadores, que eran tres, había un chico menor de edad, todos eran de Santiago del Estero. Fueron los campesinos quienes los acercaron a la ruta para que pudieran volver a su ciudad de origen. Luego las maquinarias fueron retiradas. Solo después los campesinos se enteraron que Castellanos los había denunciado penalmente. En el proceso a cargo del juez de Garantías de Tartagal, Nelso Aramayo, se ordenaron allanamientos al domicilio de Ruiz, pero no se encontró nada.

En marzo de 2020, Ruiz recibió en el Senado de la Nación el reconocimiento “Berta Cáceres”, un estandarte en homenaje a una luchadora campesina de Honduras asesinada en 2016. Como Ruiz, antes del crimen, Cáceres había sido perseguida, amenazada y criminalizada por su lucha contra la instalación de una hidroeléctrica en territorio indígena.