Luego del estallido social de 2019, que derivó en la realización del plebiscito nacional en el 2020, y de la postergación de los comicios el pasado 10 y 11 de abril debido a la pandemia por la covid19, Chile entra nuevamente en cuenta regresiva para acudir a las urnas. En la megaelección del sábado 15 y domingo 16 de mayo, 14.900.189 electores son convocados para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. La expectativa por la nueva constitución, el contexto pandémico, el deterioro sostenido en la imagen del gobierno y la cercanía de los comicios presidenciales hacen que estas jornadas sean días claves para pensar el futuro de la nación andina.

En 2019 quedó a la vista del mundo que detrás del elogiado “modelo chileno” persistían y se reproducían desigualdades y exclusiones, y que gran parte de la sociedad guardaba un profundo descontento y hartazgo. Lo que comenzó como un reclamo de los sectores estudiantiles por el aumento del pasaje del metro, terminó incorporando sectores heterogéneos sin banderas políticas, que expresaban demandas sociales estructurales de larga data; a tal punto que llegó a avanzar sobre uno de los fundamentos del orden vigente desde la dictadura pinochetista: una constitución sin legitimidad de origen y apuntada como gran responsable de la desigualdad chilena.

La imagen del gobierno de Sebastián Piñera fue en debacle desde el estallido social, y aunque mejoró levemente durante los últimos meses, la aprobación del tercer retiro de fondos de pensiones por parte del Congreso, ratificado por el Tribunal Constitucional luego del rechazo a las impugnaciones del gobierno, y las recientes acusaciones de delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de la Haya por la violencia registrada durante las protestas del año 2019, convulsionan los últimos meses de su gestión.

Con una confianza en el gobierno que no superaba los diez puntos, el 25 de octubre de 2020 se celebró un referéndum que, con un porcentaje arrollador del 78 por ciento, aprobó la redacción de una nueva Carta Magna por una Convención Constituyente conformada en su totalidad por miembros electos para ese fin. Hoy, siete meses más tarde, más de 1300 candidatos competirán para conformar aquel órgano de 155 miembros que, inéditamente, se constituirá bajo criterios de paridad y contará con 17 cupos para pueblos indígenas. La Asamblea tendrá 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ampliarse por única vez por tres meses más, por lo que, a mediados del año que viene el país tendría un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución.

Según una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) del mes de marzo, el 59 por ciento de los consultados manifestaban ilusión respecto del proceso constituyente y, en cuanto a sus ejes prioritarios destacaban la salud, la educación y las pensiones. Dadas las nuevas incorporaciones normativas, y la gran cantidad de postulaciones -2.213 candidaturas independientes, por fuera de los partidos políticos - no es factible anticipar la conformación de la Convención. La fragmentación producida por la falta de unidad de los partidos progresistas chilenos y la proliferación de candidaturas independientes ciudadanas podría devenir en un proceso constituyente que legitime el triunfo del conservadurismo, algo muy alejado a las demandas ciudadanas que llevaron al estallido del 2019.

Los otros cargos a elegir -que originalmente iban a ser electos el 25 de octubre del año 2020- son alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Las votaciones respecto de los dos primeros tienden a servir de “termómetro” para las elecciones presidenciales, que suelen ser un año después. Sin embargo, en esta oportunidad, dada la postergación como consecuencia de la pandemia, se realizarán con solo seis meses de diferencia. La otra peculiaridad de esta elección es que las gobernaciones regionales tendrán autoridades designadas por primera vez con voto popular, ya que solían ser elegidos por el Poder Ejecutivo. En caso de haber segunda vuelta, se llevará a cabo el domingo 13 de junio.

Otro de los grandes interrogantes de esta elección es la participación. Esto se debe, por un lado, a la baja que se viene registrando desde la aplicación del voto voluntario, y, por el otro, al contexto de pandemia. Los indicadores en cuanto a la situación de la covid presentan mejoras respecto al momento en que se optó por aplazar los comicios; actualmente, Chile registra cerca de 5.500 casos y 120 muertes diarias mientras que en el mes de abril había vivido jornadas con más de 9.000 infectados, y la vacunación ya alcanzó al 56 por ciento de la población-objetivo. En 2020, y a pesar de la incertidumbre, la participación alcanzó el 50,90 por ciento, siendo la primera vez que supera la mitad del padrón desde que se implementó el voto voluntario.

Días después de estos comicios comenzarán a encaminarse las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, que contarán con primarias para los partidos o coaliciones el 18 de julio, y se desarrollarán el 21 de noviembre – con una eventual segunda vuelta el 19 de diciembre -. Estas elecciones presentarán un desafío para los partidos políticos, que se encuentran ante el interrogante de cómo canalizar las demandas de una sociedad que ha demostrado tener una baja confianza en los partidos políticos tradicionales, siendo reflejo de ello el importante lugar que tomaron las candidaturas independientes postuladas para este 15 y 16 de mayo, y las movilizaciones espontáneas y sin banderas que dieron lugar a este importante proceso constituyente para la consolidación democrática.

* Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Profesora del Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior (INCAP).