Tres hombres y una mujer quedaron imputades el viernes último por el delito de transporte de estupefacientes, a requerimiento del fiscal federal Ricardo Toranzos en audiencias de formalización de la investigación penal realizadas ante el Juzgado Federal de Garantías N° 2.

Les ahora acusades fueron detenidos en operativos llevados a cabo entre el jueves y el viernes últimos en las localidades de Cafayate, en los Valles Calchaquíes, y El Naranjo, en el sur provincial, se informó desde el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Toranzos.

El de mayo, una pareja fue detenida en un control de personal del Escuadrón 45 de la Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 68, a 8 kilómetros de la ciudad de Cafayate, en el oeste de la provincia.

Alrededor de las 12.20, los gendarmes detuvieron una camioneta Mitsubishi, conducida por Douglas Mario Martínez Ciprian, un joven de 27 años de la provincia de Córdoba, quien llevaba como acompañante a Maité Flores Chavarría, domiciliada en San Luis.

Martínez Ciprián presentó la documentación del vehículo e informó que se dirigían a la localidad de La Toma, en San Luis, y hasta ese momento todo iba bien porque la verificación de sus datos personales y de la camioneta no presentaban anomalías.

Sin embargo, al revisar el vehículo los gendarmes percibieron un fuerte olor a combustible y eso les generó sospechas, por la experiencia del 8 de este mes, cuando en un procedimiento similar en la ciudad de Joaquín V. González, en el departamento Anta, secuestraron más de 23 kilos de cocaína oculta en el tanque de combustible.

Por eso, el auxiliar fiscal Facundo Mirabella dispuso que la camioneta fuera llevada a la base de Gendarmería en Cafayate para revisarla con más detalle, ya con testigos. En ese lugar primero se trató de visualizar el interior del tanque con un boroscopio, pero el brazo del aparato, en cuyo extremo tiene una cámara, no pudo avanzar por el interior del compartimento.

Entonces, los gendarmes extrajeron el tanque, lo vaciaron de combustible y advirtieron que solo contenía un 20 por ciento de su capacidad. También se dieron en cuenta de que un sector del tanque estaba recubierto con masilla, encontraron una abertura y así dieron con 40 paquetes rectangulares, equivalentes a un total de 42.770 kilos de cocaína.

Al otro día, a la 1.22 de la madrugada, ya sobre la ruta nacional 34, a la altura del puesto fijo de Gendarmería en El Naranjo, en jurisdicción de Rosario de la Frontera, los gendarmes detuvieron una camioneta VW Amarok en la que dos jóvenes iban en dirección a esa localidad, en el sur de la provincia.

El vehículo era conducido por Pablo Flores, quien llevaba como acompañante a su primo Roberto Flores, ambos de 28 años y con domicilio en un barrio de la zona sur de la capital de Salta, desde donde habían salido ese día.

La Unidad Fiscal Salta indicó que durante el control los gendarmes pusieron mayor cuidado en la requisa porque percibían que del vehículo emanaba un fuerte olor a pegamento y grasa.

Así, revisando a fondo, vieron que los tornillos de los paneles de las puertas traseras, de ambos lados, tenían signos de haber sido removidos recientemente, y efectivamente, en el interior de ambas puertas encontraron paquetes rectangulares embadurnados con pegamento y grasa, que contenían 7,800 kilos de cocaína. 

Al conductor y el acompañante les secuestraron además tres teléfonos celulares, documentación de la camioneta y poco más de 55 mil pesos. Los jóvenes se abstuvieron de declarar.

En las audiencias realizadas por ambos casos, ante la jueza federal subrogante Mariela Giménez, la fiscalía explicó los hechos y solicitó, además de las imputaciones penales, que se dicte la prisión preventiva para las cuatro personas acusadas. La magistrada receptó el requerimiento y también autorizó el plazo de investigación y la realización de los peritajes pendientes.

El fiscal fundó el pedido de prisión preventiva en la gravedad de los hechos, por la cantidad de la droga secuestrada y el daño a la salud pública que habría causado si se comercializaba como se pretendía, y también en el riesgo de fuga y la posibilidad de que las personas acusadas entorpecieran el proceso si estuvieran en libertad provisoria, ya que aún resta determinar la responsabilidad de otros implicados.