“Si la comparamos con otras, nuestra causa avanzó rápidamente, pero fue gracias a los testimonios de los vecinos y a nuestra lucha”. Al cumplirse dos años de la Masacre de San Miguel del Monte, Yanina Zarzoso, la mamá de Camila López, una de las cinco víctimas, se refirió a la investigación judicial, que fue elevada a juicio oral con 24 imputados. La única crítica de Zarzoso es que no haya avanzado la causa paralela en la que se investiga la actuación de la ex intendenta de Monte Sandra Mayol, en el fallido intento policial de presentar a la masacre como “un accidente”.

El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando varios patrulleros de la Policía Bonaerense persiguieron, a los tiros, al Fiat 147 en el que iban las cinco víctimas. Cuando escapaban de una agresión sin motivo, el auto terminó estrellándose con un camión estacionado sobre la ruta 3, en la entrada al pueblo. Los cuatro asesinados fueron Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22), conductor del vehículo. Roció Quagliarello, la única sobreviviente, tenía 13 años cuando ocurrió el hecho.

En declaraciones a Página/12, la mamá de Camila sostuvo que “si comparamos el avance de nuestra causa con otras, podemos decir que ésta ha ido avanzando rápidamente, porque sabemos que en otros casos, lamentablemente, pasan muchos años hasta llegar a juicio”.

Aclaró que “para que esto haya sido posible fueron muy importantes los primeros testimonios de los vecinos, todo el material probatorio con el que contamos, el acompañamiento de los medios, y sin dudas, nuestra lucha”.

La primera versión oficial fue la del “accidente”, sin mención de la persecución policial y los disparos contra el auto. Varios testigos dijeron que escucharon disparos, otros que vieron parte de la persecución, otros recogieron vainas servidas en el lugar del hecho y las entregaron a la Justicia. Un empleado del Centro de Monitoreo del municipio difundió por las redes sociales una captura de pantalla de los registros de las cámaras de seguridad. Mostraba a un oficial de la policía disparando contra el Fiat, sacando medio cuerpo por una de las ventanillas del patrullero.

Yanina Zarzoso dijo que “los responsables materiales de la muerte de mi hija y sus amigos son 24, algunos siguen hasta el momento con prisión preventiva y todos irán a juicio”. Recordó que la ex intendenta Sandra Mayol “está imputada en una causa paralela a la principal, pero no hay muchos avances, no tenemos muchas respuestas”.

Mencionó que “ella sigue en puestos políticos, ahora en Trenes Argentinos, como si nada hubiese pasado durante su gestión, como si su policía no hubiese matado a nadie”. Agregó que “la masacre se podría haber evitado, pero pasó, la policía asesinó a nuestros hijos y fue el Estado quién se lo permitió”.

Sobre el porqué de una persecución y una tragedia sin sentido, consideró que fue “una cuestión institucional, la policía es una institución estatal, con una ‘formación’ específica, con una mirada particular y con una forma de actuar que no cambiará si no se modifican las cosas de raíz”.

Recalcó que “son y seguirán siendo la misma cosa. Siguen actuando de la misma manera. La diferencia es que ahora estamos detrás de ellos para no dejarlos hacer y deshacer a su antojo, para no permitirles la completa impunidad. Estamos para decirles ¡basta!”.

Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cuyos abogados representan a las familias de Camila y de Danilo, coincidió en que “no han avanzado las causas para investigar a la ex intendenta y la denuncia que hicimos por el espionaje ilegal que sufrieron las familias”. En el caso de la segunda, la CPM hizo la presentación “en la Justicia Ferderal, pero ahora hay una cuestión de incompetencia con la Justicia provincial, de manera que ahora está en la Corte para definir a quién le corresponde”.

En la causa principal, que fue elevada a juicio, los imputados por “homicidio agravado” –cuatro casos— y por el “homicidio agravado en grado de tentativa” de Rocío, son los policías Manuel Monreal, Mariano Alejandro Ibáñez, Leonardo Daniel Ecilape y Rubén Alberto García.

Por otros delitos como encubrimiento agravado, falsificación de documento público y abuso de autoridad, los que estarán en el banquillo son Florencia Stankevicius, Mario Angel Mistretta, Julieta Aguilera Rearte, Nelson Paulo David Rodríguez, María Antonella Valiente, Evelin Yael Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Ariel Servia, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutierrez, Julio Franco Micucci, Nadia Alejandra Genaro, ) Héctor Enrique Angel, Raúl Eduardo Mauregui, Marcelo Fernando Idarreta, Jose Alfredo Dominguez, Melina Noelia Bianco y José Manuel Durán.

Hasta aquí, todos eran policías en actividad al momento de los hechos. El imputado número 24 es el oficial retirado Claudio Ismael Martínez, quien se desempeñaba como secretario de Segturidad del Municipio. Lo acusan de los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público.