La actividad de empresas irregulares, la subfacturación de exportaciones y las operaciones no declaradas y las realizadas a nombre de empresas fantasma reaparecieron en la primera línea del conflicto por la comercialización de las carnes. Una reciente resolución de la Inspección General de Justicia, reponiendo un régimen de control sobre la inscripción de las llamadas "sociedades vehículo" por parte de empresas multinacionales volvió a poner en evidencia el descontrol que provocó la desregulación dispuesta por el gobierno de Cambiemos sobre el funcionamiento de sociedades informales. Si bien la norma de la IGJ no apunta directamente a los operadores en el mercado de carnes, refiere al mismo origen del descontrol: la desregulación de normas del año 2018. En cambio, lo que es específico del comercio de las carnes es el seguimiento y control sobre las operaciones de exportación --precios e identidad del exportador-- que empezó a ejecutarse en los últimos 90 días. Ayer, este mecanismo habría arrojado por resultado el retiro de la licencia para exportar a cinco frigoríficos, que no sólo no contaban con instalaciones sino que, en al menos dos casos, habían dado un domicilio falso.

Las negociaciones que comenzarán hoy entre el gobierno y la representación empresaria del sector agroindustrial tendrán como uno de sus ejes el ordenamiento de la actividad, tanto en las exportaciones como en la compraventa de hacienda. El consorcio de frigoríficos exportadores pretende que sólo las empresas con planta propia puedan operar en la compra de animales en pie y en la venta de carne al exterior. Aseguran que en sus plantas se faena el 85% de las carnes que se exportan, pero sólo el 50% son exportadas por los propios frigoríficos procesadores. Es decir, que reclaman que se les limite las posibilidades de operar a las mismas firmas a las que el consorcio exportador le presta el servicio de procesamiento de carnes. 

La intervención del Estado es mal vista por los sectores más concentrados cuando pretende controlar la actividad económica, pero no cuando juega a favor de la concentración del negocio en sus manos. No es novedosa esa conducta.

En las filas oficiales, algunos consideran que este pedido extemporáneo del grupo más fuerte de exportadores no tiene ninguna posibilidad de ser atendida. En cambio, podría ser una intención del sector empresario por desviar la atención sobre la deuda con la que llega a la mesa de negociación. El antecedente inmediato anterior a la decisión oficial de suspender las exportaciones fue el incumplimiento de la promesa de este sector empresario de poner a disposición del comercio un volumen de carne que posibilitara ofrecer diez cortes populares a precios accesibles. El acuerdo fue anunciado, pero nunca se implementó. 

Flojos de papeles

Tanto la AFIP como el Ministerio de Agricultura vienen haciendo un seguimiento de las exportaciones, principalmente en lo referido a precios de venta al exterior como a la identidad de quienes cuentan con habilitación. La Dirección Nacional de Control Comercial Agrocupecuario restableció las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carnes y dispuso un control más estricto sobre las licencias a empresas para operar en exportación. Las medidas fueron muy criticadas particularmente por la Mesa de Enlace, por considerarlas "intervencionistas" y "desalentadoras para la actividad". Sin embargo, las sospechas sobre irregularidades en la operatoria fueron rápidamente corroboradas en los hechos.

La AFIP volvió a disponer de la herramienta de precios de referencia para las exportaciones de carnes. Esto es, revisar que los valores declarados en las exportaciones estuvieran en línea con los precios del mercado internacional. Los expedientes abiertos por diferencias sustanciales entre el precio de exportación declarado y el de referencia sobre operaciones de venta de los primeros meses del año involucran a más de 20 frigoríficos --algunos de ellos, integrantes del Consorcio de Exportaciones de Carnes--. Las diferencias de precios entre el declarado y el de referencia llegan al 1100 por ciento (es decir, el precio de referencia es doce veces el valor declarado). Para el mismo frigorífico que presentó esta diferencia, hay otros siete expedientes por operaciones con diferencias del 350 al 970%. 

A su vez, la Inspección General de Justicia estableció esta semana nuevas condiciones para la inscripción de las denominadas "sociedades vehículo". Se trata de empresas constituidas en el país por sociedades extranjeras, pero a nombre de otra sociedad radicada en una guarida fiscal. De este modo, en vez de abrir una sucursal, de la cual la firma internacional es responsable, se constituye otra empresa "independiente" sobre la cual la multinacional no asume ninguna responsabilidad. Los abusos en el uso de este instrumento, con la constitución de sociedades que en la práctica se convirtieron en vehículo de la fuga de divisas y no de inversiones, motivó la actual reforma de condiciones, buscando otorgarle mayor responsabilidad (o existencia real) a la empresa de control. 

No están directamente relacionadas al negocio de las carnes, pero forman parte de un mismo conflicto por el que la economía argentina paga un alto precio: el elevado nivel de fuga de divisas.