La AFIP habilitó las ejecuciones fiscales y la traba de medidas cautelares para las personas alcanzadas por el Aporte Solidario y Extraordinario que no pagaron dicho tributo. En realidad, el organismo excluyó a esos contribuyentes de las generales de la ley, que en el actual contexto de pandemia mantiene suspendidas las acciones legales por falta de pago contra miPymes y fondos depositados en entidades financieras. 

Al mismo tiempo, el organismo definió que aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que no hayan abonado el aporte podrán acceder a un plan de pagos para regularizar su situación. La posibilidad de ingresar a un plan para cancelar el capital y otro para las multas estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Mediante la Resolución 4996, la AFIP definió que “resulta aconsejable excluir de la aplicación de la suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares a los montos reclamados en concepto del aporte solidario y extraordinario”.

Hasta ahora, el aporte extraordinario logró recaudar 230 mil millones de pesos gracias al pago de su obligación de parte de alrededor de 10 mil personas, cerca del 80 por ciento del total de contribuyentes alcanzados por el tributo. En relación a los recursos tributarios generados entre enero y abril de este año, que totalizan 3,07 billones de pesos, el dinero que recaudó el aporte extraordinario equivale al 7,4 por ciento.

De todas formas, todavía resta contar con el aporte de unas 2500 personas alcanzadas por el tributo, para lo cual el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont inició las fiscalizaciones correspondientes. “La mayoría de los casos son personas que no completaron sus declaraciones juradas y tampoco realizaron los pagos correspondientes aunque también existen casos donde se completó la declaración jurada pero no se canceló la obligación”, informó la AFIP. En el organismo resaltan que a partir de las tareas de fiscalización se pudo incrementar el monto recaudado en unos 7 mil millones de pesos.

En paralelo a la fiscalización, ahora se lanzaron posibles medidas sancionatorias y también de incentivo. Junto a la posibilidad del embargo y la traba de medidas cautelares, la resolución 4997 dispuso que aquellos contribuyentes que adeuden el aporte podrán regularizar su situación a través de dos planes de pagos: uno para el saldo resultante de la declaración jurada conjuntamente con sus intereses y el otro para las multas que surjan del proceso de fiscalización. La posibilidad de cancelar las deudas estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2021. Los contribuyentes que opten por esa vía podrán cancelar los montos adeudados en planes de hasta tres cuotas: un adelanto del 30 por ciento y dos pagos mensuales de 35.

Además de los contribuyentes que presentaron las declaraciones juradas y no pagaron y los que directamente no presentaron declaración jurada, están aquellos que prefirieron ir a la Justicia para no pagar. El listado completo de esos contribuyentes, cerca de 300, fue publicado el lunes pasado por este diario. Los multimillonarios litigantes consiguieron medidas cautelares para suspender los pagos de momento se cuentan con los dedos de una mano: hasta ahora solo prosperaron 4 medidas cautelares y fueron rechazadas 22. Entre los demandantes públicamente reconocidos está Alejandro Julio Saguier, dueño de La Nación; el gerente de Clarín y gran productor arrocero José Antonio Aranda; Héctor Magnetto, CEO y dueño de Clarín y Constancio Carlos Vigil, cabeza de Editorial Atlántida y Paparazzi. En la lista también aparecen apellidos de otras familias ricas como Coto, Werthein y Pérez Companc.

El aporte extraordinario fue sancionado por el Congreso y alcanza a los residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de 200 millones de pesos de pesos. La fecha a considerar para la valuación de los bienes el 18 de diciembre de 2020. Los fondos recaudados tienen destino específico para atender necesidades en el marco de la crisis de la pandemia y su carácter es extraordinario porque será por única vez, promete el gobierno.