Mariano Arriaga , el oftalmólogo líder del movimiento anticuarentena Médicos por la verdad, fue liberado ayer por la jueza María Chiabrera, tras el pago de una fianza de 200 mil pesos y su compromiso de no volver a convocar actos ni marchas antivacunas. Los otros dos imputados -un concejal chaqueño y un médico mendocino-  también salieron libres, con condiciones aún más leves.  Un contraste sin dudas frente al centenar de policías afectdos al operativo de control frente al Monumento a la Bandera del 25 de Mayo, encabezados por la jefa Emilce Chimenti, quien denunciara las agresiones y escupitajos que les profirió la multitud encabezada por el oculista ahora liberado. 

Ayer se llevó a cabo la audiencia imputativa a las tres personas que quedaron demoradas luego de los incidentes ocurridos el martes 25 de Mayo en el Monumento a la Bandera, cuando se llevó a cabo la marcha negacionista de la pandemia del coronavirus, convocada por la organización autodenominada "Médicos por la verdad". En cuanto a Arriaga la jueza aclaró que "su situación es diferente" a la de los otros imputados, ya que pudo acreditar la "probable participación en los delitos que le imputaron".

La magistrada le concedió su libertad, pero con condiciones de ineludible cumplimiento (“sí o sí”, sentenció la jueza) "porque si no va a quedar detenido y complicado". Se le fijó "caución real por el monto de 200 mil pesos, que deberá ser efectiva de manera previa a la libertad". También quedó obligado a la constitución de domicilio en calle Entre Ríos de la ciudad de Rosario y "prohibición de salir del país".

Sin dudas, la condición más importante que le impusieron fue la "prohibición total y absoluta de participar y convocar por cualquier medio a reuniones, marchas mientras se mantengan vigentes las medidas sanitarias contra el covid".

También se le indicó la prohibición absoluta de mantener contacto por cualquier medio ya sea personal, virtual o por terceros, de todas las personas denunciantes y testigos dentro de las investigaciones. Estas obligaciones son por el plazo de ley, o sea por dos años, con la posibilidad de que sea revisado.

En tanto, la jueza dictó también la libertad para el concejal chaqueño Juan Domingo Schahovskoy, y el médico emergentólogo mendocino José Luis Gettor. Las obligaciones para éstos son constituir domicilio a los fines de tener por válida cualquier notificación en la ciudad de Rosario y la caución real de cada uno de ellos por la suma de 100 mil pesos.

El fiscal Marcelo Vienna imputó al líder de "Médicos por la verdad" al el concejal chaqueño Juan Domingo Schahovskoy, y al médico emergentólogo de San Rafael, Mendoza, José Luis Gettor por haber organizado la convocatoria de la movilización del pasado martes 25 de mayo contra la pandemia del coronavirus. El funcionario judicial les atribuyó la instigación a cometer delitos como la violación a las medidas sanitarias vigentes para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.

El fiscal Vienna además imputó a Arriaga por mantener una reunión social con más de 10 personas sin barbijo en un domicilio de Ayacucho al 2246, en Rosario; por haber dañado un moto de la brigada motorizada al resistirse a la aprehensión el martes 25 de mayo; y haber participado el día anterior en otra convocatoria similar a la del Monumento, pero en el Campo de la Gloria de San Lorenzo.

Entre las evidencias, el fiscal señaló que algunas de las imágenes de la reunión social en la casa de barrio República de la Sexta fueron cargadas a través de cuentas de Instagram a través de la herramienta IGTV en cuentas como "Epidemiólogos Argentinos".

El funcionario judicial aclaró ante la jueza penal de primera instancia María Trinidad Chiabrera que tenía "tres carpetas judiciales" para hacer la acusación: una por la convocatoria al Monumento; otra que se tramitaba ante la unidad de la fiscal María Josefina Bertotto; y otra del fiscal Carlos Ortigoza por el acto en San Lorenzo.

Si bien la mayor cantidad de calificaciones legales recayeron en Arriaga, de "Médicos por la verdad", Vienna acusó a los tres por instigación a cometer delitos consistentes en violar las medidas sanitarias vigentes para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.