Una mujer santafecina denunció que fue violada por un individuo que resultó ser un albañil que trabajaba cerca de su casa. Examinada por los profesionales forenses correspondientes, se constató que presentaba lesiones compatibles con abuso sexual. El hombre fue detenido y argumentó que se trató de relaciones consentidas.
El domingo 30 de mayo, se llevó a cabo una audiencia virtual dispuesta en la ciudad de Santa Fe, ordenada por el juez Rodolfo Mingarini. Al finalizar la misma, el magistrado señaló sobre el eje de la cuestión a decidir: “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo, si va a tener relaciones forzadas y digámoslo, empujándola y sometiéndola, se tome el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico, y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba, la verdad es que ahí es donde encuentro, la mayor, se me genera la mayor duda. Esta duda queda en una cuestión de que posiblemente puede haber pasado varias cosas. Puede haber pasado, puede haber pasado que esto se inició como algo consentido, puede haber pasado que se inicia desde el principio intentando someter. Lo que no puedo es relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima. No, no, la verdad es que no lo encuentro”.
Ante la duda que le generó el uso del preservativo, decidió dejar en libertad al imputado. El registro audiovisual que tomó estado público estos días permite acreditar las reproducidas citas textuales. La claridad de los dichos del magistrado indica que el mismo violó la extensa normativa protectora de nuestra constitución nacional y santafecina que garantizan con la máxima jerarquía legal que ningún juez de nuestro país tome esa clase de decisiones infames, y en su caso, sea debidamente sancionado.
De esa cuestión, por las noticias que se conocieron, ha tomado debida cuenta la legislatura de Santa Fe a través de veinte diputadas que denunciaron al magistrado, interviniendo la Corte Suprema provincial. Pero existe otra cuestión que debe ser atendida y que, si bien puede integrar alguna de las cinco causales de destitución que prevé la normativa de Santa Fe, a lo largo de la historia judicial argentina, brilla por su ausencia. Se trata de la inhabilidad mental de algunos magistrados (art. 7 inc. 5 ley 7050 Santa Fe).
Todo profesional vinculado al derecho penal, sabe que es frecuente que los agresores sexuales utilicen preservativos para no dejar rastros de semen que permitan su eventual identificación. Sin embargo, el juez penal, Rodolfo Mingarini, dice no entender la escena de los hechos. Como bien reflexiona Enrique Stola, el juez Mingarini hace girar su razonamiento alrededor del pene del agresor, no pudiendo comprender cómo él podrá colocarse un profiláctico “cuando tiene que estar sometiendo a la víctima” (Stola 2021). Al respecto, aporta Natalia Amatiello, podemos analizar la capacidad de comprensión de una persona desde dos aspectos: uno es desde sus habilidades cognitivas –que pueden estar afectadas-, y el otro es que no comprenda porqué sus representaciones internas difieren de las del paradigma vigente. Es decir, que tenga impedimentos para analizar los datos del mundo exterior y su contexto, siempre atravesado por sus representaciones internas. Ambos aspectos pueden limitar la capacidad de comprensión y generar la falta de entendimiento de una situación determinada (Amatiello 2021).
Es por ello que Mingarini habla en primera persona “no entiendo”, dice, y llama “relación forzada” a una violación. Es decir, los tres parámetros que integran el sistema de “sana critica” de valoración de la prueba en nuestro derecho (psicología, lógica y experiencia común), en el caso de este juez, están definitivamente atravesados por la cultura patriarcal, misógina y discriminatoria que le impide tener una perspectiva de género.
“El juez Mingarini ha hecho gala de un razonamiento pueril, no incorpora el conocimiento existente y banaliza una situación dramática para quien fue víctima tomando luego decisiones que son una clara protección al agresor” (Stola 2021). Quien a los 50 años de edad no adquirió la capacidad de entender conceptos sencillos como el del violador que se pone un preservativo, ya no lo hará en adelante. Es ilustrativo recordar que Mengarini tenía antecedentes de otorgar libertades misóginas (Santo Tomé, marzo de 2020).
En síntesis, ya sea que el juez viola voluntariamente las normas que rigen su actividad, o bien que no entiende cómo cumplirlas, no puede seguir siendo juez. Cualquier dilación del Estado en apartarlo de sus funciones, puede derivar en consecuencias irreparables para las víctimas que su accionar desprotegió. Después, siempre es tarde.
