Suma rechazos de instituciones y organizaciones, la medida del juez Tomás Méndez Curutchet para impedir a una mujer el acceso a ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y que además le ordena a la provincia no realizar la práctica. 

Tanto la decisión judicial como la del Ministerio de Salud de Salta, que no presentó objeciones y notificó a centros de salud y hospitales que deben acatar la medida, fueron enmarcadas por las instituciones y organizaciones con perspectiva de género como violencia institucional y obstétrica. 

En tanto, se informó que el viernes está prevista una "audiencia de conciliación", que pondrá cara a cara a la mujer con el supuesto progenitor.

Méndez Curutchet hizo lugar a una medida cautelar en el marco de una acción de amparo que presentó quien se considera el progenito, Carlos Galarza Montenegro, contra su expareja con el propósito de impedirle el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo. El amparista tiene el patrocinio de cinco abogados: Santiago Cornejo Colombres, Sergio Federico Peñalba, Rafael Cornejo, Arturo Torino y Cristóbal Pereyra Iraola.

La abogada y articuladora de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Mónica Menini, contó a Salta/12 que están acompañando a la mujer denunciada. Informó que están articulando el patrocinio letrado con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para que cuente con representación legal en la audiencia "de conciliación" a la que está citada este viernes. 

La letrada sostuvo que están articulando también con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. "Estamos pensando y trabajando en la estrategia a seguir", inidcó. Además, consideró que "hay una embestida importante de la derecha",  que el Poder Judicial está develando que es "patriarcal y machista", y que carece de perspectiva de género.

Menini dijo que se requiere una reforma importante en la Justicia salteña, "hay que producir cambios, está en carne viva lo que nos están haciendo. Se requiere una transformación, un cambio", sostuvo. La letrada señaló que están dando lugar a "causas armadas". También cuestionó al Ministerio de Salud por el "apresuramiento para romper con la confidencialidad, para que todo el mundo conozca nombre y apelido de una persona". "Es una falta grave para el sistema de salud", manifestó.

Al disponer sobre la mujer la medida "de no innovar", "es considerada como incubadora, no importa cuál es su voluntad (...), se le impone que no puede disponer de su propio cuerpo, es cosificada", manifestó por su parte la abogada del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género, Gloria Cruz.  

La letrada expuso que la justicia y el Ministerio de Salud deben respetar la ley de IVE, a la que están contrariando. Respecto a la mujer demandada, sostuvo que "si decide someterse a un aborto tiene todo el derecho de hacerlo". Cruz opinó que el Ministerio de Salud podría haber interpuesto una accion haciendo respetar la IVE. Sin embargo, manifestó que "de forma solapada en la decisión judicial" procedieron a darle difusión a la medida judicial notificando a centros de salud y establecimientos hospitalarios, vulnerando los derechos de la mujer, y exponiendo su identidad. Fue el secretario de Salud, Martín Flores Perazzone, quien con celeridad al conocerse la decisión del juez pasó a notificar a las distintas áreas operativas provinciales.

Según se detalló en la cautelar, la mujer cursa la séptima semana de embarazo, y la IVE prevé un plazo hasta las 14 semanas. Cruz dijo que lo que están haciendo "es dilatar los procesos". El juez basó la decisión de otorgar la cautelar en que se trata de una de una urgencia debido a que si no se dispone una medida de no innovar se podría producir el aborto. La decisión dispone que la situación de gravidez de la mujer debe mantenerse hasta tanto se decida la sobre cuestión de fondo, que es un planteo de inconstitucionalidad de la ley de IVE. 

Pese a la publicidad dada desde el Poder Judicial a las supuestas capacitaciones en la Ley Micaela, Cruz consideró que los jueces hablan a través de sus sentencias y este tipo de decisiones, generan "duda de que realmente se esté capacitando en género". Cruz evaluó que lo que están haciendo vivir tanto el juez como el Ministerio de Salud a la mujer demandada, "es violencia institucional". Para la letrada, esta obstrucción a la IVE, "más que preocupante es nefasta".

Los abogados de Galarza Montenegro señalaron que se presentó “en representación de su hijo o hija por nacer”, solicitando que se mantenga el embarazo con el fin "de preservar la vida de quien dice que es su hijo". 

Tanto Cruz como Menini consideraron que el juez debería ser sometido a un jury de enjuiciamiento por su obstrucción del acceso a la ley IVE. Además, indicaron que estas acciones constituyen violencia institucional y obstétrica.

Preocupación del INADI

La delegación de Salta del INADI, a cargo de Gustavo Farquharson, expresó su preocupación a través de un comunicado en el que sostiene que "la judicialización de la soberanía de los cuerpos es una reacción antidemocrática, que atenta contra los derechos humanos de las personas gestantes". También manifestó preocupación por el memorandum 124/21 emitido por el Ministerio de Salud, "dirigido a los responsables de todas las áreas operativas, con el objetivo de impedirle a la mujer acceder al protocolo en ningún hospital ni centro de salud de Salta".

"La Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho conquistado por las mujeres a través de su incansable lucha y ha sido largamente debatido en ambas cámaras del Congreso de la Nación, mediante el aporte de diversos especialistas, incluidos algunos del Poder Judicial. Como Estado no podemos permitir que existan retrocesos que pongan en riesgo la vida y los deseos de las mujeres", sostuvo el INADI.

También el colectivo de Comunicadoras Feministas de Salta repudió la cautelar impuesta por Méndez Curutchet, "quien, en complicidad con cinco abogados, pretende cercenar el derecho de una mujer de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, dando lugar a la demanda interpuesta por un supuesto progenitor", manifestaron. 

Las comunicadoras señalaron que el Poder Judicial, "jamás ha extremado medidas para garantizar el derecho de acceso a la cuota alimentaria a miles de niños, niñas y adolescentes" y  "ahora se basa en fundamentos contrarios a la Ley Nº 27.610 para obligar a una mujer a gestar y parir, por el deseo de un hombre de impedir que interrumpa su embarazo". 

También cuestionaron al Ministerio de Salud, porque en vez de proteger los derechos de la mujer, decidió acatar la decisión judicial. "Ratificamos el derecho a la soberanía sobre los propios cuerpos, especialmente el de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, cuyos derechos fueron restringidos por siglos", manifestaron.

La fundación GEMA recordó mediante un pronunciamiento que las organizaciones de mujeres y disidencias vienen reclamando, y sobre todo en esta gestión del gobernador Gustavo Saenz, políticas públicas con perspectiva de género, políticas de prevención teniendo en cuenta los altos índices de de violencia de género, femicidios y transfemicidios. "Desde hace dos años no tenemos respuestas a estas demandas, ni secretarías especializadas de género y diversidad para planificar políticas públicas en la materia. El silencio de Gobierno también mata", expresaron.

La decisión judicial del juez Méndez Curutchet surge también luego de la que tomó el juez de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el excandidato del partido de Aldo Rico y ordenó suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).  López consideró que la ley 27.610 viola "la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción".