Empleadores y empleadas domésticas no pudieron llegar a un acuerdo en la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para actualizar el salario mínimo del sector. La Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares pasó a un cuarto intermedio y se reunirá virtualmente el miércoles próximo. 

La Comisión es un ente tripartito que reúne a representantes del Estado, de los empleadores y de los gremios del sector. Tal como habían adelantado desde la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), las trabajadoras pidieron una recomposición salarial del 60 por ciento. En cambio, la oferta de los empleadores llegó hasta un 30 por ciento.

Esta negociación toma particular importancia porque los salarios del personal doméstico no se ajustan por el salario mínimo, vital y móvil. La situación laboral de  alrededor de 1,5 millones de empleadas registradas se rige por lo que efectivamente resuelva la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Sin embargo, en general los aumentos del sector suelen referenciarse con la evolución del salario mínimo, que acordó a principios de mayo un aumento de 35 por ciento en siete tramos acumulativos, los gremios consideran esa cifra como piso para negociar. 

El último aumento a este sector, a fines del año pasado, fue de un 28 por ciento dividido en tres cuotas: 10 por ciento en diciembre del 2020, un 8 por ciento para febrero del 2021 y, finalmente, otro 10 por ciento para abril. Con el último incremento el salario para una trabajadora doméstica con retiro a su hogar se encuentra entre 185 y 223 pesos por hora, dependiendo la categoría. 

Considerando una jornada laboral de tiempo completo (48 horas semanales), los sueldos son de entre 25.315 y 27.928 pesos por mes; apenas por encima del último valor de la Canasta Básica Total (es decir los ingresos necesarios para que una persona no se encuentre por debajo de la linea de pobreza) publicada por Indec de 20.375 pesos. 

El sector de casas particulares, que emplea a casi 20 por ciento de las mujeres trabajadoras, sufrió una baja de más de 300 mil puestos laborales en el 2020. Con los niveles de subocupación que la propia actividad facilita, se estima que el 65 por ciento de sus trabajadoras están debajo de la línea de la pobreza.

Esta negociación va más allá del aumento salarial: los sindicatos reclaman mejoras laborales básicas. Que se pague un plus por antigüedad y que se avance en la registración laboral. Es que el sector de las empleadas domésticas es uno de los más precarizados de la economía, con tres de cada cuatro de ellas en la informalidad. 

En linea con estos reclamos, la AFIP realizó un cruce entre los datos patrimoniales y los consumos de las personas, y detectó un universo de casi 200 mil contribuyentes que podrían ser empleadores de trabajadoras de casas particulares no registradas. Por este motivo, les envió una notificación electrónica induciendolos a regularizar la sitaución laboral.