El sector conocido como “norte de Belén”, en el departamento homónimo de Catamarca, abarcan diferentes parajes y tres localidades; Hualfín, Puerta de Corral Quemado y Villa Vil. Son pueblos que cuentan con entre 500 y 1000 habitantes y donde el acceso a la salud y la Justicia se vuelve más dificil por las distancias y la geografía. 

Desde hace pocos meses la trabajadora social Nidia Vázquez fue designada por el Ministerio de Salud de la provincia para relevar, por primera vez, el acceso a la salud de estas localidades. Conocer esta realidad posibilitaría generar políticas acordes para decenas de familias que actualmente ven sus derechos negados.

En diálogo con Catamarca/12, Vázquez explicó que la realidad de estos pueblos es muy dura. “Desde el inicio de la pandemia se dan cada vez más casos de abusos sexual y violencia de género y también hubo suicidios. El acceso a la salud también es difícil, porque sólo hay hospitales seccionales (funcionan como puestos sanitarios básicos) y  no tienen médicos”, contó.

Para Vázquez, la situación más difícil la vive Puerta de Corral Quemado. Esta comuna fue atravesada por la denuncia y posterior condena por abuso sexual agravado de su ex intendente, Enrique Aybar. En este municipio no la dejan llegar a los centros básicos, porque fue una de las que dio contención a las víctimas  de abuso y el jefe comunal actual, Carlos Casimiro, aún responde a la gestión anterior.

“El hospital de Puerta de Corral es el más deteriorado y el municipio no ayuda con combustible y otras necesidades. No hay más servicio que la visita de una médica dos veces por semana, porque ella tuvo que irse debido a las presiones políticas luego del caso Aybar. No hay enfermeros y los servicios básicos lo da un agente sanitario. Cada vez que quiero acceder a la radio para dar información sobre lo que está sucediendo, me lo niegan porque el medio es del municipio y a la escuela no puedo ir porque la directora es pariente del ex intendente”, relató.

Esta realidad que vivieron los pobladores prometió ser subsanada por el Estado, ya que el aparato de poder desplegado por el ex funcionario (hoy preso) no les permitió el libre acceso a la información ni analizar la gravedad de las acusaciones contra Aybar.

“Lo que más me preocupa son los abusos sexuales. Los chicos no van a la escuela por la pandemia y deben estar encerrados con sus propios victimarios. El mayor porcentaje es intrafamiliar. Es una de las problemáticas más graves y también hay violencia de género y doméstica”, contó la trabajadora.

Esta realidad también se vive en las comunas de Hualfín y de Villa Vil, la diferencia es que los intendentes Marcelo Villagrán y Ramón Edgardo Villagra colaboran con esta agente ministerial y le conceden recursos para que pueda relevar y ayudar a los pobladores.

“En los casos de las comunas de Hualfín y Villa Vil, la situación es diferente. Hualfín creó hace poco un área para la mujer y pusieron un psicólogo que puede atender y dar contención en este tipo de casos que relato donde hay derechos vulnerados”, explicó.

En este contexto, señaló que también le preocupa el tema de los suicidios que estarían relacionados con casos de abusos u otro tipo de violencias. Al no tener acceso a otros lugares, o a la charla con compañeros de colegio, sumado al encierro obligado de la pandemia, las víctimas “se sienten atrapadas y esto los vuelve más vulnerables”, opinó.

Según relevó, de un promedio de 80 viviendas que hay en cada pueblo, en al menos 20 o 30 de esas casas hay algún caso de abuso sexual o violencia doméstica. Sin embargo, el acceso a la Justicia es algo de lo que carecen. “Acá no hay abogados y las denuncias se giran a la cabecera departamental. Tampoco se sabe cómo deben actuar en estos casos de abusos que muchas veces están naturalizados”, contó.

Así, relató que la vulnerabilidad de algunas mujeres o niños es mucha. “Conozco un caso de una mujer de 38 años que tiene 9 hijos. El padre vive al lado de su casa y ella está anémica, no puede parir más. Además es común que los varones no estén presentes, ellos tienen hijos y se las deja solas. La idiosincracia del lugar las lleva a pensar que si no son madres no son mujeres entonces siguen pariendo. En este interior no hay proyecto de vida para las mujeres”, explicó.

Asimismo, refirió que en el paraje La Soledad logró detectar a una mujer discapacitada que era constantemente violada por sus tíos cuando se emborrachaban. “Es muy difícil llegar a estos casos y tratar de asesorarlos cuando se animan a contar. Más porque sin recursos tampoco se puede hacer mucho".

“Cuando voy la gente me pide de todo, pero yo les explico que estoy en Salud. Lo que sucede es que los intendentes de Puerta de Corral Quemado y Villa Vil viven en Belén y no en el pueblo y casi nunca están”, contó.

Si bien su función es relevar lo sanitario, Vázquez asegura que también debe asesorar con causas judiciales, sobre todo cuando en los talleres que brinda descubren casos nuevos de violencias y por esto trabaja con la fiscal de la Circunscripción.

“La situación con la pandemia se volvió crítica en estos pueblos. No sólo por lo económico porque hay muchos casos de covid, sobre todo por la actividad minera, ya sea La Alumbrera o Farallón Negro, sino también porque trabajar la salud desde el paradigma de derechos se vuelve complicado. La falta de insumos, de profesionales, que muchas veces no hay porque no quieren venir a estos lugares a radicarse porque no les conviene, tampoco ayuda”, contó.