El Ministerio de Salud de la Nación apeló la medida cautelar dictada por el juez federal N° 4 de Mar del Plata, Alfredo López, que suspendió la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en los hospitales nacionales, y pidió que el magistrado, que participó en marchas convocadas por sectores “celestes” y se manifestó en Twitter y en programa de televisión en contra de la despenalización y legalización del aborto, sea recusado por su falta de imparcialidad.

La recusación contra el magistrado fue aceptada este lunes “de forma que el juez de hecho se encuentra apartado de la causa en espera de la resolución definitiva por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata”, explicaron a Página 12 fuentes del equipo jurídico que preparó la apelación.

Desde los ministerios de Salud y de Mujeres se encargaron de aclarar que La Ley N° 27.610 de IVE está en vigencia en todo el territorio nacional y que la suspensión –momentánea-- de la norma solo alcanza a hospitales públicos nacionales pero no a centros de salud provinciales y municipales, de obras sociales o clínicas privadas.

"Pretende con su pluma desarticular una política pública estatal, que fue decidida a instancias y con la participación del pueblo argentino, representado por distintos sectores de la sociedad civil en uno de los debates más amplios y democráticos que se desarrollaron en la República Argentina", cuestionó el Estado en la apelación, sobre el magistrado marplatense.

“Es muy difícil confiar en intervenciones justas, imparciales y objetivas de magistrados que públicamente emanan odio, violencia e intimidación”, opinó en Twitter la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sobre los discursos de odio que volcó en los últimos años el juez López en la red social, tal como reveló Página 12.

El pedido de la cautelar para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de IVE --que hizo lugar el juez marplatense--, fue presentado por Héctor Adolfo Seri, un abogado que hace casi cuatro años se jubiló, ligado siempre a la derecha y a la Iglesia Católica, que a mediados de los ’90 fue candidato a diputado provincial por el partido derechista Movimiento por la Dignidad y la Independencida (Modin), del carapitanda Aldo Rico. Luego fue funcionario en la delegación del Puerto de la Anses, en Mar del Plata y está procesado por una megacausa que investiga estafas millonarias cometidas contra ese organismo, según informó una fuente de la justicia. En 2019, Seri estuvo prófugo dos días hasta que fue detenido en el Aeropuerto de Ezeiza, cuando regresaba de un viaje a Brasil. Posteriormente fue beneficiado con prisión domiciliaria. Y sigue detenido en esa condición.

En la apelación, de 188 páginas, el Estado pidió que se deje sin efecto la resolución dictada López, quien consideró --con una interpretación que se aparta de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema-- que la Ley de IVE viola la protección integral de la vida desde la concepción. Se solicita además, que "se conceda el recurso con efecto suspensivo (es decir, que mientras se analice se deje sin efecto la suspensión de la ley de IVE en hospitales nacionales) y, oportunamente, se revoque la resolución" del magistrado "en tanto causa gravamen irreparable".

Además, se planteó la recusación de López por considerar que se comprobaron "graves circunstancias que ponen seriamente en duda" su actuación "como juez imparcial en esta causa". Puntualmente, se considera que incurrió en la causal de parcialidad prevista en el artículo 17 inciso 7 del Código Procesal Civil y Comercial que consiste en “haber sido juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado”. En la recusación se mencionan varias intervenciones de López en programas de televisión, en reiteradas oportunidades, donde adelanta su postura frente a una posible apelación del Estado, cuestión que debe decidir en este momento procesal. Además, expresó su opinión sobre el fondo del asunto en el marco de la misma causa al escribir que “se están asesinando niños por nacer”, lo que implica que “ya se ha formado opinión para decidir la inconstitucionalidad de la Ley de IVE, cuestión medular que deberá decidirse en la sentencia de fondo”, más allá de la cautelar.

El Ministerio de Salud indicó que "la suspensión de la vigencia" de la norma "afecta gravemente el interés público en tanto el aborto es un problema de salud pública por varios factores, entre ellos: la cantidad de mujeres, adolescentes y niñas a las que afecta, por la permanencia de este problema en el tiempo, y por los riesgos que tienen en la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres y personas con capacidad de gestar". Con relación a la "verosimilitud del derecho invocado" en el fallo, destacó que "invoca el derecho a la vida, pero su interpretación es sesgada exclusivamente para la vida intrauterina".