La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del viernes pasado, por amplia mayoría, el proyecto de ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero. En el mismo se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública y dará una serie de incentivos para la contratación en el sector privado.

Con una decisiva mayoría de 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones el proyecto de ley fue enviado al Senado. El proyecto otorga estímulos por contratación para las empresas privadas y establece una serie de obligaciones del Estado para garantizar el acceso al empleo de una población históricamente oprimida. El acceso al empleo formal supone no sólo autonomía económica, sino también posibilidad de formación, capacitación y acceso a la seguridad social. 

Página|12 consultó a Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación y a Camila Barón, economista feminista, sobre la importancia de la media sanción y las expectativas para el Senado.

“La media sanción de cupo trans es fundamental para la comunidad, es la primera vez que el Congreso va a aprobar una ley que representa un cambio estructural para la comunidad travestis trans. Sabemos que la Ley de Identidad de Género fue un paso fundamental pero que no se agota allí. Hoy, estamos hablando de una ley vital que modifica la vida”, señaló Rueda.

Para agregar que “entre el 80 y el 90 por ciento de la población trans nunca accedió a un empleo formal. Este es un dato crítico porque quiere decir que más del 80 por ciento no puede acceder a una obra social ni contar con aportes jubilatorios. Los derechos más básicos que son reconocidos como derechos humanos, en la comunidad trans, no estuvieron presentes hasta ahora.”

En el marco de la ley, también se estipula la creación de líneas de crédito específicas por parte del Banco Nación "con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero", indicó Rueda. Este es un cambio fundamental porque repara la exclusión histórica en cuanto a la inserción de la actividad económico formal de la población trans, travesti y transgénero.

Por su parte, Barón afirmó que "la economía feminista es la herramienta para analizar el impacto de esta ley, porque pone en el centro de la escena a la vida. Se decidió sacar de la informalidad a una población con una expectativa de vida de 36 años. Cuando consiguen trabajo tiene problemas para mantenerlo y están muy expuestas al despido. No tenemos datos censales de la población travesti/trans porque hoy todavía esas estadísticas son binarias entonces el impacto de la ley son transformaciones que vamos a ver de acá en adelante. Hoy ocurrió un acto de reparación para un colectivo que lo requiere y que ha militado mucho para obtenerlo". 

Los datos que brindó el Indec en el 2012 evidencian una situación laboral precaria de elevada inseguridad e informalidad para ese colectivo. El 20 por ciento no realiza ninguna actividad por la que obtenga dinero y el 80 por ciento restante expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y otras actividades de precaria estabilidad y de trabajo no formal. El registro y los datos qué hay son muy escasos y esto es un reflejo de la invisibilización y la precarización de ese grupo laboral. 

Ahora, el próximo paso es la votación en el Senado. Rueda explica que "llegamos al debate mostrando que es posible la implementación del cupo trans, que somos bien recibidas y recibides. Al igual que lo hicimos con la Ley de Identidad de Género en su momento, hoy mostramos que si podemos tener ese ejercicio del derecho y que el Estado sólo tiene que reconocerlo. La política es la respuesta y es una respuesta que permite la inclusión".