El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación sobre los tres diputados nacionales de Juntos por el Cambio denunciados por quedarse con retornos de sus propios empleados. González le pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que remita información sobre la nómina de personal a disposición de Alberto Asseff, del bloque del PRO, y de las diputadas radicales correntinas Estela Regidor e Ingrid Jetter.

González busca recabar información sobre la denuncia pública que hizo, entre otros, el exjefe de despacho de Asseff Daniel Vico, que dijo haber renunciado a su cargo después de que el diputado le reclamara un 20 por ciento de su salario al igual que a otros trabajadores. "No solo a mí, sino al resto de los compañeros de despacho, nos pedía una contribución en negro e impuesta. No era algo que uno podía elegir o no. La idea era que saquemos parte de nuestro sueldo para dárselo a él", manifestó en una entrevista con Radio 10. "Cuando preguntamos para qué era nos dijo que era para el partido, pero yo conocía los movimientos del partido y en los balances ese dinero no estaba reflejado", agregó Vico.

A las denuncias sobre Asseff se suman las de las diputadas de la Unión Cívica Radical (UCR) Regidor y Jetter. En el caso de Regidor, se difundieron audios en los que ella les manifestaba a sus empleados que iban a cobrar la mitad de sus salarios y que la otra parte debía ser entregada a una persona que ella designara en un sobre. “El que no está de acuerdo me dice, porque hoy es 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40.000 pesos cada uno. El resto es reintegro”, decía en uno de los audios. “Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo hago”, afirmaba.

En el caso de Jetter, una empleada que trabajó con ella en 2020 --y que habría sido desvinculada a finales del año pasado-- denunció que tenía que aportar una suma de 25.000 pesos de un sueldo que oscilaba entre los 70.000 y 85.000 pesos mensuales. "Mi intención no era estar en los medios, hice la denuncia en enero por ser víctima de chantaje, acoso laboral y violencia psicológica, pero la denuncia fue cajoneada en las oficinas administrativas", aseguró Andrea Cappa en una entrevista a Radio Nacional Santo Tomé.

La mujer habría trabajado con Jetter primero en la intendencia de Riachuelo y en la sede correntina de la Fundación Pensar, el think tank del PRO que coordinó entre 2015 y 2020 --según afirma en sus redes sociales--. Después, Cappa pasó el año pasado a desempeñarse en la Cámara de Diputados, donde Jetter tiene mandato hasta 2023. "Hice click en enero cuando recibí un mensaje de su hermano que me reclamó el aguinaldo. Me dijo 'no te corresponde porque ya arreglé con la Diputada'", añadió Cappa.

El caso de Jetter se conoció cuando ya se habían filtrado los audios de la diputada Regidor, que pidió licencia en la Cámara sin goce de dieta y se presentó ante un juzgado federal de su provincia -- a cargo de Juan Carlos Vallejos-- para que la investigaran en un intento de mitigar el escándalo que sigue en ascenso. Después de la difusión de los audios, Regidor emitió un comunicado diciendo que sus intervenciones habían sido editadas y que ella era una persona honesta. "La intención, que quedó clara en la larga conversación que fue malintencionadamente editada, fue pedir que colaboren con otras personas, como ayudo yo con parte de mi dieta a personas con situación social vulnerable", sostuvo.

Frente a estos hechos que aparecieron en distintos medios de comunicación y fueron denunciados por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, González le pidió a Massa que envíe la nómina total del personal que estuvo a disposición de Asseff, Jetter y Regidor y en qué fecha prestaron funciones. Además, le consultó al presidente de la Cámara de Diputados si tenían teléfonos oficiales o pidió que aportara los números que constaban en los registros del Congreso.

El fiscal, asimismo, le solicitó al Registro Nacional de las Personas (Renaper) los legajos de Vico y de Cappa y a las distintas compañías de telefonía celular que informen sobre esos usuarios. Es probable que con esa información la fiscalía solicite entrecruzar llamadas que permitan acreditar lo que los denunciantes dijeron públicamente. En esta causa interviene la jueza María Servini, que delegó la pesquisa en la fiscalía de González.

Asseff --elegido diputado por la provincia de Buenos Aires-- y Jetter, a diferencia de Regidor, tienen mandato hasta 2023.