Desde Roma

La justicia italiana confirmó la condena a cadena perpetua de tres militares chilenos por el asesinato de dos ciudadanos ítalo-chilenos Juan José Montiglio y Omar Venturelli, y ya envió el pedido al gobierno chileno para que los tres sean arrestados provisoriamente en espera del pedido de extradición que podría llegar en los próximos meses. Se trata del coronel Rafael Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el brigadier Manuel Vásquez Chauan, condenados inicialmente en julio de 2019 por el Tribunal de Apelación de Roma.

Montiglio era militante del Partido Socialista, miembro de la Guardia Presidencial conocida como GAP (Grupo de Amigos Personales del presidente), que fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio presidencial de La Moneda. Venturelli en cambio, ex sacerdote condenado a divinis por el obispo local porque ayudaba a los mapuches a reocupar sus tierras, enseñó en la Universidad Católica de Temuco. Fue miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). El 25 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente ante el regimiento Tucapel de Temuco, donde había sido citado. Al día siguiente fue trasladado a la Cárcel Pública de esa ciudad, donde fue visto con vida hasta el 10 de Octubre, fecha en la que se presume que fue asesinado y hecho desaparecer.

Los tres represores chilenos habían sido procesados junto a otros militares latinoamericanos en el llamado Proceso Cóndor, que hace referencia al Plan Cóndor, la macabra organización criminal contra los opositores de las dictaduras orquestada por el gobierno de Augusto Pinochet y del que participaron varios países latinoamericanos, incluida Argentina. Con el plan Cóndor los detenidos eran trasladados de un país al otro, torturados, asesinados y hechos desaparecer sin que el país al que pertenecían pudiera aparecer como responsable.

La sentencia de estos tres condenados a cadena perpetua, pese a haber sido emitida por la segunda instancia de la justicia italiana, la Corte de Apelaciones, en 2019, fue decretada como definitiva porque sus abogados, a diferencia de los demás representantes legales, no apelaron ante la Corte Suprema de Justicia italiana, cuyo veredicto definitivo sobre los otros 21 acusados en el Proceso Cóndor (4 de Chile, 13 de Uruguay, 3 de Perú y 1 de Bolivia) se conocerá el próximo 8 de julio. En este proceso no hay militares argentinos porque ya estaban siendo procesados en Argentina.

Como los tres chilenos fueron procesados en ausencia, después de las condenas definitivas la justicia italiana pidió a Chile el arresto provisorio de los condenados, en espera de que se pueda gestionar la extradición y cumplan así sus condenas en Italia. Pedido de extradición que estaría preparando el fiscal Pietro Maria Catalani pero que algunos expertos consideran bastante difícil de concretar dado que la extradición de otros militares chilenos solicitada por la justicia de Francia que los condenó, fue negada por la justicia chilena en 2013.

Los tres militares tienen varias causas abiertas en Chile pero los tres están en libertad aunque no pueden salir del país, explicó la abogada uruguaya Analía Banfi, residente en Washington donde es investigadora de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Durante un zoom en ocasión de la condena a los tres chilenos organizado por 24marzo.it, la organización de derechos humanos que ha llevado adelante los procesos contra los militares latinoamericanos, la abogada contó que Ahumada Valderrama tiene una condena de primera instancia por dos uruguayos desaparecidos en Chile. En cuanto al arresto pedido por Italia, al parecer no ha sido todavía notificado a Interpol pero sí hay una alerta roja en la oficina de Interpol de Chile, añadió.

Maria Paz Venturelli, hija de Omar Venturelli, que vive en Italia, agradeció a 24marzo.it y a los abogados todos sus esfuerzos porque se movieron “cuando a nadie le interesaba nada del juicio Condor”, dijo en el zoom. “Pero todavía estamos en camino. Esta sentencia es una cosa importante pero es una pequeñísima parte en comparación con todo el mal que estos personajes hicieron a lo largo de su carrera. La cosa mas importante de ahora en más es entender que quiere hacer el gobierno italiano para que estas sentencias puedan ser efectivas. Despacio pero se avanza y como las cosas están cambiando en Chile y tendremos una nueva constitución, todo es posible”, añadió. Ella y su madre, pocos días después de la desaparición del padre, se refugiaron en la embajada italiana en Santiago y vinieron a vivir a Italia. Su madre, fallecida en 2012, intento abrir un proceso en Italia desde la década del 1990.

Uno de los abogados defensores de los familiares en todos estos procesos, Giancarlo Maniga, subrayó durante el zoom que la novedad podría ser “que esta condena pueda ser aplicada cosa que en el pasado nunca se produjo”. Otro paso significativo podría ser la colaboración con la justicia y con Italia “de los países donde los imputados se encuentran. En este caso hablamos de un Chile que se está encaminado hacia una nueva Constitución”

Lorena Pizarro Sierra presidente de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Chile, dijo por su parte que sentía mucha satisfacción por el hecho de que en Italia se lleven adelante investigaciones y juicios contra genocidas como los chilenos, lo que al mismo tiempo es “una vergüenza para el estado chileno”. Y también se declaró satisfecha por el pedido de arresto internacional.

Jorge Ithurburu, presidente de 24marzo.it, al inaugurar el encuentro recordó a Rina Belvederessi, viuda de Montiglio, Fresia Cea viuda de Venturelli y Filma Canales, madre de Juan Maino Canales, un fotógrafo desaparecido en Colonia Dignidad de Chile, las tres fallecidas, quienes presentaron las denuncias que abrieron este proceso.

Las mayor expectativa de ahora en más entre familiares de desaparecidos y gente de derechos humanos no sólo está depositada en ver cómo actuará la Corte de Justicia chilena ante el pedido de extradición por estos casos, cuando sea enviado, sino los efectos y consecuencias de la decisión definitiva de la Corte Suprema sobre las condenas de los restantes procesados por el Cóndor que se conocerá el 8 de julio.