Desde Santa Fe

El Ministerio Público de la Acusación se pronunció ayer en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia que convalidó el control político de los fiscales y la facultad de la Legislatura para suspenderlos y removerlos de sus cargos, en un dispositivo que es típico de Santa Fe porque no existe en ninguna provincia argentina ni en ningún país de Latinoamérica, según planteó en su voto de disidencia, uno de los jueces del tribunal, Daniel Erbetta. La sentencia significa “un menoscabo a la independencia y autonomía del MPA”, advirtió la Junta de Fiscales que integran el fiscal general Jorge Baclini y los cinco regionales, entre ellos la de Rosario, María Eugenia Iribarren. La Corte declaró “constitucional” que la Legislatura opere el régimen disciplinario de los fiscales con una mayoría compuesta por el presidente, Roberto Falistocco, y sus colegas Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y María Angélica Gastaldi, que están en la Corte desde los gobiernos de Víctor Reviglio y Carlos Reutemann. Un giro notable porque dos de ellos, Gutiérrez y Spuler, se opusieron en 2010 a que la Corte cediera el poder disciplinario de los fiscales al MPA, pero once años después, en 2021, aceptan que quede a cargo de la Legislatura. Es necesaria una nueva reforma legislativa que fortalezca la “autonomía funcional del MPA”, pidió Baclini.

La Corte declaró “constitucional” el dispositivo de la ley 13.807 en el caso del fiscal de Rosario Adrián Spelta, quien tiene abierto un proceso disciplinario en la Legislatura y pendiente un pedido de suspensión en el cargo. El procurador de la Corte Jorge Barraguirre dejó abierta la vía del recurso extraordinario para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es probable que lo mismo haga el apoderado de Spelta. Así que el litigio aún no es cosa juzgada.

La Junta de Fiscales del MPA aclaró que su crítica al fallo de la Corte encuadra “en el respeto al estado de derecho, las disposiciones constitucionales, las leyes vigentes y los fallos judiciales que se susciten”. Pero eso “no obstaculiza” a que el MPA se exprese en contra “de la tesitura adoptada por la mayoría” del tribunal, “pues lo resuelto por Falistocco, Gutiérrez, Spuler y Gastaldi “conforma un menoscabo a la independencia y autonomía del órgano encargado de la persecución penal”. Y reiteró los planteos que realizó cuando se sancionaron las leyes que 13.695 y 13.807 –la primera en 2017 y la segunda en 2018- que “modificaron el régimen disciplinario de fiscales y fiscales adjuntos previsto en la ley 13.013” y lo transfirieron a la Legislatura.

Lo que sí destacaron Baclini y los fiscales regionales es que tres jueces de la Corte “coincidieron” -en sus votos en el fallo- en “exhortar al Poder Legislativo a considerar y concretar disposiciones que doten al sistema disciplinario de una mayor claridad y previsibilidad, fortaleciendo así la autonomía funcional del MPA”.

“En síntesis, consideramos que, las modificaciones legislativas adoptadas por las leyes 13.695 y 13.807 y las decisiones jurisdiccionales que las sustentan implican un menoscabo en la independencia y autonomía del MPA”.

Esta semana Erbetta defendió su voto en contra de que la Legislatura opere el control político de los fiscales. El otro juez de la Corte que votó en el mismo sentido fue Mario Netri. “Es preocupante” porque supone un avance del Poder Legislativo sobre el MPA, que es un extrapoder. “No conozco ninguna Legislatura que pueda definir qué fiscal se queda y cuál se va”, dijo el magistrado al ratificar que el modelo Santa Fe es único en el país y en la región.

Para Erbetta, es un "disparate" y un error que puede romper el equilibrio de poderes. “Que un Poder tenga el control de la disciplina... tengo que confiar en la muy buena fe y voluntad de todos los integrantes de ese poder porque si mañana alguno falla..." y dejó inconclusa la reflexión como para sugerir los riesgos.

"Es preocupante -insistió el magistrado- porque en términos institucionales hay desequilibrio". Y advirtió sobre un Senado "con gran poderío económico" y reelección indefinida, al punto que varios senadores ya superan los 20 años de mandato. "No es una discusión abstracta, sino que tiene un correlato concreto en la realidad y en proyección de derechos, se quejó por Radio Dos.

Erbetta criticó también a la vicegobernadora Alejandra Rodenas –luego que el Senado rechazara el desafuero del senador Armando Traferri- pidió por mandato de la Cámara el archivo de la investigación al legislador. “Eso no es bueno”.