Desde Santa Fe
El fiscal Ezequiel Hernández le preguntó cuál es su ocupación. David Reniero, ex secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad durante la gestión del ex ministro Maximiliano Pullaro, le contestó: “Asesor del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados y productor agropecuario”. Hernández imputó esta semana a Reniero por supuesto “peculado” en una causa que investiga el destino de casi un millón de pesos en fondos reservados para pagar “honorarios profesionales” de la defensa de policías involucrados en el caso de Franco Casco. Reniero se negó a declarar. “No creo haber cometido ningún delito”, dijo. Y prometió que una vez que recuerde y tenga “bien claro todo”, presentará un escrito. En la audiencia, designó para que lo defienda al abogado Pablo Coccocioni, quien integró el equipo de Pullaro, como secretario de Asuntos Penitenciarios, luego secretario de Coordinación de Gabinete y Articulación con el Poder Judicial y hoy también es uno de sus asesores en la Legislatura.
La investigación se inició en agosto de 2020 por una denuncia del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, que patrocinó la abogada Nadia Schujman. En setiembre, el fiscal de Estado Rubén Weder solicitó al Ministerio Público de la Acusación que acepte a la provincia como “parte querellante”. Y esta semana, el fiscal Hernández comenzó con las audiencias imputativas a siete investigados en el proceso, que se realizan en la sede del MPA, sin repercusión pública.
El próximo que tendrá que dar explicaciones es el número dos de Reniero y ex subsecretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ricardo Giusepponi, que debería responder por supuesto “peculado”. Y otros dos bajo la lupa son el abogado y ex asistente técnico del área Lucas Peirone y el ex jefe de Asuntos Internos Anibal Candia, quienes deberían responder por el mismo cargo.
En la atribución de los hechos, el fiscal Hernández le dijo a Reniero que durante casi un año, entre octubre de 2017 y setiembre de 2018, él y otros coimputados que les mencionó habrían destinado de las partidas de “fondos especiales de la Dirección Provincial de Asuntos Internos un monto aproximado a los 936.000 pesos” para pagar los “honorarios del abogado José Alcacer Crosignani” por la defensa de policías investigados en el caso Casco en trámite ante el Tribunal Oral Nº 2 de Rosario. Le señaló que los pagos se habrían formalizado con cheques del Banco de Santa Fe, le indicó el número de la cuenta. Y le dijo que el operativo se realizó por “orden y conocimiento” del propio Reniero, Giusepponi y Peirone, quien “actuaba como nexo” de Alcácer Crosignani y es “socio de su estudio jurídico”. Hernández encuadró la imputación como supuesto “coautor de peculado”.
En la denuncia, Sain reveló que Alcácer Crosignani se desempeñó como asistente técnico de la Secretaria de Control de las Fuerzas de Seguridad, desde el 14 de julio de 2014 hasta el 19 de octubre de 2015. Lo designó el ex gobernador Antonio Bonfatti (decreto 2118/14) cuando era ministro del ramo, Raúl Lamberto. Y señaló a su “socio” Lucas Peirone, quien “también se desempeñó como asesor político de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la provincia”.
El fiscal le indicó a Reniero las pruebas que hay en la causa que detalló en 14 puntos, entre ellos uno que menciona las “intervenciones telefónicas” que quedaron grabadas en 17 discos compactos. Reniero habló con Coccocioni a solas y después manifestó que comprendía la “imputación”, pero que su “voluntad” era no declarar. “En todo lo actuado en aquel momento, en la tarea tan compleja que me tocó, no creo haber cometido ningún delito”, se defendió. Pero una vez que tenga “bien en claro todo y recordado”, presentará un escrito. “Por ahora, me abstengo de declarar y no voy a responder preguntas”.
La “maniobra” –como la llamó Sain en su denuncia de agosto de 2020- “tuvo el plus de gravedad político institucional de haber sido ordenada por la máxima jerarquía de la Secretaría de Control de Fuerzas de Seguridad del Ministerio de Seguridad, que entonces ocupaba Reniero”. Y se remitió al informe de Asuntos Internos que pide “tener en cuenta que el aumento” de los gastos reservados entre octubre de 2017 y setiembre de 2018 “se debió a que la diferencia de la suma recibida (78.000 pesos) era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta unidad que se encontraba involucrado en el caso Casco”. “Esto se dio a partir de una orden del secretario de Control”, concluyó.
