El exministro de Justicia Germán Garavano logró sacarse de encima al camarista Roberto Boico en la causa en la que se investigan las maniobras de la llamada “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri. Leopoldo Bruglia entendió que había elementos suficientes para apartar a su colega y ahora resta ver cómo se conforma la sala de la Cámara Federal porteña que deberá revisar las decisiones que tomen en ese expediente clave la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi.

Garavano, a través de su abogado Gustavo de Urquieta, recusó a Boico por una entrevista que dio en Radio Caput en 2019, más de dos años antes de que se integrara al tribunal con asiento en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py. En ese momento, le consultaron a Boico cómo se sostenía Garavano en el Ministerio después de que se conocieran audios de él pidiéndole la renuncia a un juez --hacía mención posiblemente al caso del presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata Carlos Rozanski-- y que se difundieran las reuniones que habría mantenido con el arrepentido Leonardo Fariña.

“Es insostenible que una persona que ha sido denunciada de semejante tropelía y semejante barbaridad institucional permanezca en el cargo”, respondió entonces Boico. “Pero convengamos que no es Garavano solamente. Garavano sería la mano ejecutora de esta planificación que viene del único que está por encima de Garavano, pero, ¿cómo se mantiene eso? Bueno, se mantiene con toda la estructura enquistada, totalmente atravesada y penetrada por la política, por los servicios de inteligencia. Eso es lo que necesita un cambio importante en la justicia”, agregó.

Bruglia consideró que era razonable el temor de parcialidad invocado por Garavano. “Observado desde su óptica, se enfrenta a un proceso en el cual uno de los jueces intervinientes ha formulado imputaciones en su contra en un contexto lingüístico íntimamente relacionado con el plexo fáctico investigado en autos”, escribió Bruglia, que resaltó que no tenía dudas de la objetividad, idoneidad, honorabilidad y honestidad con la que Boico podría entender, de todas formas, en el expediente.

La causa de la mesa judicial tiene como hipótesis principal las presiones que habrían ejercido altos funcionarios del gobierno de Macri sobre jueces y fiscales, fundamentalmente para forzar sus renuncias. Entre los acusados está el propio Garavano, pero también otros asesores sin cartera como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que pidió refugio en Uruguay para no presentarse en la indagatoria por el hostigamiento a los dueños del Grupo Indalo.

No es novedad que el macrismo busque separar a Boico de las investigaciones. Ya lo hizo el propio Macri con éxito en la causa en la que se investiga si se manipuló el teléfono de su secretario privado Darío Nieto y desde allí se filtró información personal del expresidente. En ese caso, lo recusó por haber sido abogado de Cristina Fernández de Kirchner y de Oscar Parrilli en la causa del Memorándum con Irán, y el camarista Mariano Llorens le dio la razón.

Después de la recusación de Boico, la Sala de la Cámara Federal que intervenía en esta causa quedó definitivamente desarmada. El presidente de la Sala y de la Cámara Federal, Martín Irurzun, se excusó en abril pasado. Eduardo Farah también se apartó de intervenir porque él mismo declaró como testigo en esa causa. Relató las presiones que había sufrido después de votar por la excarcelación de los dueños del Grupo Indalo, que lo llevaron a pedir su traslado de la Cámara Federal a un tribunal en lo penal económico y luego a un tribunal oral federal de San Martín. Farah recién se reintegró este año.

Ante ese panorama, serían los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal los que podrían terminar interviniendo en la causa de la mesa judicial: Llorens, Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los tres llegaron a la Cámara Federal durante el gobierno de Macri. La danza de nombres es importante para entender cuál puede ser el destino que corra el expediente.

En otra causa en la que hubo excusaciones y recusaciones es la del espionaje macrista que se inició en Lomas de Zamora y pasó a los tribunales de Comodoro Py por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Allí serán a priori Llorens, Bertuzzi y Farah quienes revisen los 38 procesamientos que dictó en febrero pasado el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y deban decidir si debe investigarse o no a Darío Nieto por haber recibido supuestamente información ilegal que recolectaba el grupo de espías conocidos como Súper Mario Bros. Las definiciones deberán esperar bastante: recién el 3 de agosto se celebrará la audiencia para que las partes planteen sus posiciones. Después, los jueces deberán examinar un expediente voluminoso y explosivo por su contenido político.