La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó “por inexistencia de delito” la causa en la que el fiscal Eduardo Taiano investigaba la denuncia del supuesto circuito de vacunación irregular que se habría realizado en el Ministerio de Salud y del Hospital Posadas. En su resolución, la magistrada afirma que no existe un delito penal que castigue a un funcionario público por haber otorgado “tratos especiales”, a quienes de todos modos cumplían con los requisitos para ser considerados dentro de alguno de los grupos prioritarios para la inoculación. Capuchetti determinó el archivo “parcial”, ya que falta determinar los motivos por los que se vacunó a 5 personas ----de un listado de 70 que se investigaba-- que no cumplirían con los requisitos, entre ellas dos hijas del ex presidente interino Eduardo Duhalde.

“Prácticamente todos aquellos que conforman aquél listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre algunos casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque -como sucedió en la mayoría de los casos- eran mayores de 60 años”, sostiene Capuchetti en su resolución para archivar “parcialmente” la causa.

Además, la jueza agrega que “entre los grupos que componen los ‘prioritarios’ (mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégicos y personas de 18 a 59 con enfermedades previas) no existía ni existe un orden normativo de prelación ya que la Resolución del Ministerio de Salud 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea”.

“Interpretar algunos tipos penales de la parte especial del CP (Código Penal) para que forzosamente encajen en las conductas denunciadas se apoya exclusivamente en una interpretación extensiva de los tipos penales y pasa groseramente por alto el carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal, como así también el hecho claro, conciso y evidente de que las personas vacunadas se encontraban dentro del grupo considerado como prioritario por la Resolución 2883/20 que expresamente establecía la posibilidad de avanzar simultáneamente entre las diferentes etapas tal como lo recomendaban los especialistas”, sostiene Capuchetti.

La denuncia que motivó la renuncia al ex ministro de Salud, Ginés González García, ahora fue archivada casi en su totalidad. Solo resta que se defina la situación de las 5 personas que no cumplirían con los requisitos para su vacunación: Juliana y María Eva Duhalde; Gabriel Adrián Michi, Néstor Eduardo Mandraccio e Irene López Ibón.