El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que notificó al ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, que el próximo martes 13 de julio está prevista una audiencia de imputación en la que será acusado de manera provisoria por "el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor material y en perjuicio del orden público".

La acusación es por los desórdenes ocurridos la noche del 16 de junio y la  madrugada del 17 de junio durante los actos por el bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, cuando dos grupos de manifestantes rompieron los protocolos de seguridad sanitaria dispuestos en el marco de la pandemia. Por filmaciones, la Unidad Fiscal constituida para investigar estos hechos, determinó que el ministro estuvo en el lugar "consintiendo tácita o expresamente el devenir de los hechos".

Esta investigación penal fue iniciada de oficio, a partir de esos hechos, justo cuando visitaba la provincia el presidente Alberto Fernández.

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Facundo Ruiz de los Llanos valoró que el ministro Pulleiro habría inobservado los deberes funcionales a su cargo "al autorizar deliberadamente el quebranto de las normas sanitarias vigentes en el territorio provincial, no sólo por no ejecutar aquellos actos inherentes a su cartera, sino también por no impartir las directivas atinentes a la situación irregular en curso al personal policial ubicado en el lugar, y cuya subordinación operativa les impedía actuar sin mediar las órdenes correspondientes", indicó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

La fiscalía señaló que según la  normativa vigente, el ministro de Seguridad "tiene la obligación de arbitrar los medios para hacer cumplir todas las disposiciones tendientes a garantizar la seguridad personal de la comitiva presidencial y demás autoridades" que participaron de los actos ese día. Y es su deber también "garantizar el desarrollo regular de los actos conmemorativos y la vigencia y operatividad de las medidas dispuestas por el COE para reducir el riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 en el territorio provincial". 

Asimismo, los fiscales recordaron que la existencia de fuerzas federales o de la Casa Militar a cargo de la custodia presidencial, "no exime de responsabilidad funcional al ministro, por cuanto la garantía de seguridad corresponde exclusiva y excluyentemente al Ministerio de Seguridad Provincial, cuyo titular estuvo personalmente en el lugar dirigiendo y supervisando el operativo en el cual se produjeron los desbordes", recordó.

Los días 16 y 17 de junio estaban vigentes normativas tendientes a mantener el distanciamiento social (DISPO, Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio), entre ellas, la restricción o prohibición para circular fuera del horario, a excepción del personal clasificado como “esencial”; el empleo de barbijo o tapaboca obligatorio, y el mantenimiento de una distancia prudencial entre las personas, tanto en áreas privadas, como en el ámbito o sectores públicos. Tan vigentes estaban que se suspendió el desfile de los fortines gauchos, los fogones, la Guardia bajo las Estrellas, y "demás expresiones culturales tradicionales".

La noche del 16 de junio un grupo de simpatizantes del presidente Alberto Fernández pasó las vallas para ir a saludarlo en el hotel en el que estaba alojada la comitiva presidencial. Y un momento después otro grupo de manifestantes opositores también traspasó los controles para protestar. 

Los fiscales detallaron que cuando sucedieron estos hechos de aglomeración, estaban vigentes 27 decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional con medidas de prevención por la pandemia del coronavirus, y también las leyes provinciales 8188 y 8206, por las cuales se adoptó la resolución del COE Nº 13, que en su artículo sexto establece límites a la circulación, dispone el uso obligatorio del barbijo, y el distanciamiento social obligatorio. Y en su artículo undécimo insta "al Ministerio de Seguridad a implementar estrategias de refuerzo de los controles a los fines del efectivo cumplimiento de la normativa sanitaria y protocolos vigentes". 

Los fiscales señalaron que a pesar de esta normativa vigente, en los registros fílmicos de las adyacencias del sector de acceso restringido, que incluía el Monumento al general Martín Miguel de Güemes, y al hotel Sheraton, donde estaba la comitiva presidencial, se puede observar que "en horario posterior al de circulación restringida, se advirtió la presencia de diferentes agrupaciones sociales y políticas, que sin barbijos o mascarillas, y sin respetar distancia personal, avanzaron a través de los 'anillos' de seguridad y llegaron al hotel, donde permanecieron un tiempo considerable". Además, "Todo ello sucedió ante la inacción de las fuerzas de seguridad apostadas en el lugar, y que se encontraban dispuestas bajo la coordinación operativa del Ministro de Seguridad Provincial. Al funcionario se lo pudo observar en el lugar, consintiendo tácita o expresamente el devenir de los hechos".

Ni bien la violación de las medidas sanitarias vigentes se hizo pública, Pulleiro salió a responsabilizar públicamente al presidente de la Nación. "Hubo dos o tres manifestaciones de distintas organizaciones sociales y el presidente de la Nación autorizó a que ingresen el movimiento Evita, la Triple C y Barrios en pie", aseguró.

El 21 de junio pasado los fiscales Ramos Ossorio y Ruiz de los Llanos declinaron su competencia en favor de la justicia federal, por entender los "elementos probatorios recabados desde el miércoles pasado" permiten "inferir la posible comisión de delitos inherentes al ámbito de competencia de la justicia federal". Sin embargo, ya entonces los fiscales apuntaban al ministro de Seguridad de Salta.

En la declinatoria, que no fue aceptada por la justicia federal, la Unidad Fiscal provincial precisó que en los videos “puede observarse en todo momento la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia, coronel (R.E.) Juan Manuel Pulleiro, primero en una de las vallas perimetrales colocadas en forma de anillo de seguridad y posteriormente en el hall de ingreso al Hotel Sheraton (donde se alojó la comitiva presidencial) y en un sector comprendido entre los anillos de seguridad apostados al efecto”.

En las filmaciones también se ve que un grupo de simpatizantes del Presidente, solicitó que se abra el vallado, "pedido que fue acogido favorablemente por el Ministro de Seguridad", señaló el MPF.