Desde Santa Fe

El Consejo Federal de Política Criminal y el Consejo de Procuradores, Fiscales y Defensores de la República Argentina sumaron su “enérgico rechazo al avasallamiento que sufre el MPA” en Santa Fe. “Es incomprensible que una de las provincias más importantes del país y con mayor trayectoria institucional, haya decidido reformar el régimen disciplinario de fiscales y ponerlo en manos de la Legislatura”.

“Mientras en el país se avanza sobre modelos que otorgan mayor independencia y garantía en sus investigaciones al Ministerio Público Fiscal, Santa Fe ha retrocedido varios pasos para atrás, volviendo a un régimen de control estricto sobre quienes deben llevar adelante el esclarecimiento de los hechos ilícitos con absoluta autonomía y libertad”.

La gravedad institucional que reviste tal medida, coloca en alerta a los Ministerios Públicos de todo el país. El incomprensible modelo adoptado en Santa Fe, claramente no se erige en un ejemplo a seguir”.

“Ignoramos si las motivaciones de semejante reforma están ligadas a determinadas investigaciones que se realizaron, vinculadas con actores políticos. De ser así, la gravedad de la medida tendría ribetes inusitados, habida cuenta que la misma tendría como único objeto, marcar un límite no establecido por la ley en las investigaciones que llevan adelante los fiscales”.

“Extendemos nuestras consideraciones al aval que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe otorgó a esta reforma, declarando, mediante un fallo dividido, su constitucionalidad”.

Los máximos tribunales deben ser garantes de la institucionalidad de sus respectivas provincias” y “no permitir el avance de un poder por sobre otro”. “En este caso, sostener el poder disciplinario de la Legislatura sobre la estructura del MPA importa subordinar su actuación judicial perdiendo autonomía funcional e independencia orgánica.

“En mérito de ello, los procuradores y fiscales generales de toda la República Argentina instamos a los tres poderes del Estado santafesino a que modifiquen el régimen administrativo–disciplinario de fiscales y defensores, retomando el camino democrático de la sana división de poderes y de los principios republicanos”.