La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió levantar las medidas cautelares que había otorgado el 16 de abril en Formosa 7 mujeres indígenas que presuntamente decidieron esconderse en el monte por miedo a ser separadas de sus bebés por el sistema de salud de la provincia en base a la aplicación de protocolos especiales por la covid 19. En su resolución, el organismo consideró que "las mujeres embarazadas dieron a luz y no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto o situaciones similares como las que la representación informaba de manera previa al otorgamiento de las medidas cautelares". Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Piatragalla Corti, dijo a PáginaI12 que "sentimos que se confirma lo que le veníamos diciendo a la CIDH, que los datos de las víctimas no estuvieron nunca. Primero la denuncia tuvo 70 casos, se redujeron a 7 y se comprobó que todas las mujeres habían parido con historia clínica en Formosa salvo una está en Salta y con acceso a la salud".

La CIDH dice en su resolución lo siguiente: "(...) la información disponible indica que las mujeres embarazadas dieron a luz y no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto o situaciones similares como las que la representación informaba de manera previa al otorgamiento de las medidas cautelares". Y agrega que "en lo que se refiere a la beneficiaria identificada como X5, la representación informó que perdió a su hijo. Sin embargo, no se aportó información que permita analizar cómo fueron sus circunstancias concretas del proceso de embarazo, más aún cuando el propio Estado ha buscado dar con ella y brindar respuesta a las presentes medidas cautelares".

"Los alegatos de la representación --sigue el texto del organismo-- se han caracterizado por ser de naturaleza general y repetir información previa al otorgamiento de las medidas cautelares (...). La Comisión observa en ese sentido, que el marco fáctico que dio origen a las presentes medidas cautelares se ha modificado sustancialmente, y en este momento, para la Comisión, no es posible identificar información concreta y actual que permita sustentar la vigencia de los requisitos reglamentarios en los términos del artículo 25 del Reglamento. (...). En síntesis, atendiendo al análisis previo, la Comisión decide levantar las presentes medidas cautelares".

Pietragalla dijo a este diario que a su modo de ver, "la CIDH se apresuró en otorgar la cautelar tal vez por la confianza que le tienen al ex secretario de derechos humanos de María Eugenia Vidal, pero lo que ellos lo que no miden es que hoy a una especulación política con el tema derechos humanos y nosotros tenemos un compromiso muy grande".

Finalmente, aseguró que "tanto la Comisión como cualquier organismo internacional va a tener nuestra colaboración, pero esto surge de una terrible operación mediática del Grupo Clarín y de funcionarios del macrismo. Todo esto era un circo, como muchas de las cosas que llegan a Formosa".

El comunicado

"Tras un exhaustivo trámite que requirió varios informes elaborados por las autoridades de Formosa y la Secretaría de Derechos Humanos, entre otros organismos nacionales, como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer una resolución mediante la cual decidió levantar las medidas cautelares que había dictado el 16 de abril pasado. La contundente decisión de la CIDH fue adoptada por unanimidad el domingo 11 de julio, y fue comunicada al Estado a última hora del martes 13", dice el comunicado que difundió la secretaría de Derechos Humanos.

Y sigue: "En su resolución, la CIDH reconoce que el marco fáctico que había valorado para dictar las medidas cautelares no se verificó durante el trámite internacional. En otras palabras, que la gravísima denuncia internacional formulada por el dirigente indígena Félix Díaz y Santiago Cantón, no logró demostrar situaciones concretas de mujeres embarazadas que no contaran con la atención médica adecuada, que estuvieran escondidas en el monte por miedo, amenazas u hostigamiento en su contra, o mucho menos que existieran casos de bebés separados de sus madres al nacer".

"La Comisión Interamericana también cuestiona severamente la falta de colaboración de los peticionarios en brindar información precisa que permitiera identificar a las mujeres a las que supuestamente se buscaba proteger y valora de modo positivo el esfuerzo desplegado por el Estado para verificar si había alguna persona que no estuviera recibiendo la atención médica correspondiente", dice el texto. Y agrega que “la Comisión observa que el Estado ha proporcionado soporte documentario que hace referencia a las atenciones en salud que las beneficiarias habrían estado recibiendo durante su estado de embarazo, según corresponde. (…) [La Comisión observa que la representación no ha brindado soporte documentario alguno que permita indicar que, incluso después de su embarazo, las personas beneficiarias se encuentren en una situación de riesgo (…). En tal sentido, no se ha proporcionado información que indique, por ejemplo, que el Estado les venga negando atención en salud o la atención en salud que recibirían actualmente no sería idónea o efectiva según lo que prescriban los médicos competentes”.