Pocos horas después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó el beneficio del dos por uno para represores de la dictadura, la mayoría de los organismos de lesa humanidad lo repudiaron pública y conjuntamente. Consideraron que la decisión “abre la puerta a la impunidad de los genocidas” y posibilita la reducción de penas a condenados por apropiaciones de bebés. Referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares, Hijos y la APDH, entre muchos otros organismos, además de abogados de causas por violaciones a los derechos humanos, coincidieron en que el fallo significa una “amnistía encubierta” a los represores, entre reflexiones que transitaron desde la sorpresa hasta la bronca, pasando por la prudencia y la alarma. “La Corte confirma el cambio de paradigma que se dio en el país desde que asumió Mauricio Macri, posibilita que nos crucemos en la calle con los asesinos de nuestros padres y no lo vamos a permitir”, advirtió Carlos Pisoni, de Hijos. Los organismos evalúan convocar a una movilización y el posible pedido de juicio político a los jueces que votaron a favor del fallo. 

La pesadilla se desató con los votos positivos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, quienes consideraron aplicable la derogada ley del dos por uno a Luis Muiña, condenado por torturas cometidas en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas. Según coincidieron los organismos en el documento conjunto que difundieron ayer, el beneficio que la decisión otorga a Muiña “alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena”. En parte, los argumentos que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el juez Carlos Maqueda utilizaron para votar en disidencia fue citada por los organismos: “La reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura” ya que “no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes”.

Tras la lectura de la postura conjunta, hablaron los y las referentes de las agrupaciones. “Es inaudito”, remarcó la madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Taty Almeida y relacionó el fallo de la Corte con el pedido de reconciliación que formuló la cúpula eclesiástica el martes, al cual le respondió con igual repudio: “Jamás nos vamos a reconciliar ni perdonamos, nosotras sí tenemos memoria. Ni reconciliación ni perdón, justicia”.

El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, eligió la palabra “hipocresía” para analizar el paso dado ayer por la Corte. “Es evidente que hay una ofensiva llevada adelante con una notable hipocresía.” Para Verbitsky, el voto mayoritario de la Corte se basa en una “imbricada interpretación de leyes que son de dudosa aplicación en estos casos” para “conseguir la libertad de los detenidos por crímenes de lesa humanidad”. Señaló que las demoras en los procesos judiciales “no son responsabilidad de las víctimas sino de los jueces que no avanzaron con la premura suficiente y de la Corte Suprema que ha sido el tapón que ha permitido la acumulación de sentencias que no han quedado firmes y permitieron que muchos represores murieran impunes al no tener condena firme”. Al respecto, vale el ejemplo que aportó Adriana Taboada, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, quien informó que por los delitos cometidos en Campo de Mayo hay 21 causas judiciales que esperan un juicio oral, con varios de los sospechosos en prisión preventiva. “El círculo de impunidad abre y cierra en el Poder Judicial. No hay jueces, no se conforman tribunales. En Campo de Mayo se hace un juicio por año, faltarían 21 años para terminar”. 

“Hay una decisión de ir dejando en libertad al mayor número posible de personas responsables de crímenes de lesa humanidad”, sentenció Verbitsky. Como Almeida, también relacionó el fallo con el pedido de reconciliación eclesiástico y descartó la casualidad en su consecución. “No es ninguna casualidad que coincidan, integran un operativo claramente coordinado”. En tanto, fue prudente con la posibilidad de iniciar juicio político a los jueces que posibilitaron el fallo, aunque destacó como “evidente” el cambio de posición de Highton de Nolasco tras su permanencia en la Corte a pesar de sus 75 años.

Para José Schulman, de la Liga, la de ayer fue “una de las fechas más negras y trágicas de la historia argentina”. Entendió que la decisión de la Corte “no es una provocación a las víctimas y sus familiares, sino a todo el pueblo argentino”, quien “va a responder desde la calle, donde construyó la justicia y donde la va a defender”. “Nos sorprende la creatividad del poder en construir una estrategia de impunidad para los condenados”, admitió. En esa línea opinó Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, quien le advirtió a la Corte que “vamos a luchar” y le pidió al Papa Francisco que “diga algo”. 

Pisoni relacionó el voto de Rosenkrantz y Rosatti con la manera en la que llegaron a la Corte, “nombrados por decreto” del Ejecutivo. “Nosotros los impugnamos porque no tenían la idoneidad moral para ese cargo y no nos equivocamos”, planteó. “Este fallo es muy grave porque nos hará encontrar nuevamente en la calle con los asesinos de nuestros padres y ahora solo nos queda la herramienta de nuestro cuerpo, porque no estamos dispuestos a aceptar retrocesos”, arengó tras anunciar una posible marcha para los próximos días. Los abogados Elizabeth Gómez Alcorta y Rodolfo Yanzón opinaron igual. “Se espera un aluvión de pedidos de aplicación del dos por uno y muchos van a quedar en libertad. Sin lugar a dudas, después de las leyes de impunidad y los indultos, éste es el acto de gobierno más grave en materia de delitos de lesa humanidad”, puntualizó ella. Yanzón consideró que el fallo es “la amnistía de Macri”. 

En cuanto al efecto del fallo sobre las condenas por apropiación, el abogado de Abuelas, Alan Iud, explicó que “deja bastante claro que abre las puertas a que se aplique la ley que regía en el ‘80, que establecía una pena mínima de tres años de prisión, posible de prisión en suspenso” y menor a la de aplicación actual, de cinco años de cárcel de mínima.