Opinión
Falso garantismo
 
(Imagen: Dafne Gentinetta)

La ley 24.390, conocida como “del dos por uno”, se sancionó en 1994 y se derogó en 2001. Implicaba que cuando una persona estuviera presa más de dos años sin condena se le computaría doble cada día de prisión preventiva. Tanto su aplicación como el desistimiento de hacerlo fueron parches a la problemática de la seguridad. Pero mientras esa ley estaba vigente, el represor Luis Muiña, un civil que formaba parte de la patota que operó en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas, beneficiado con el fallo que firmó ayer la Corte Suprema, no estaba detenido. Ni podía estarlo. Ni él ni ningún otro torturador o secuestrador de la última dictadura. Porque en ese momento estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. 

Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton resolvieron ayer que a Muiña le corresponde el beneficio del 2x1 (lo que acortaría sensiblemente su condena) porque debe aplicarse la ley penal más benigna y el 2x1 estuvo vigente en "el tiempo intermedio" entre la comisión del hecho (1976) y el dictado de la sentencia (2011). Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda señalaron que no se debe seguir ese criterio en delitos permanentes, sino que debe aplicarse la norma correspondiente al último tramo del hecho. Además, recordaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas tampoco se pueden reducir, porque eso implicaría una suerte de conmutación de la pena.

El fallo de Rosatti, Rosenkrantz y Highton debe aplicarse en principio a Muiña, un represor poco conocido que de hecho ya tenía libertad condicional. El caso parece haber sido elegido con cuidado. Tal vez los jueces no quisieron pagar el costo de firmar el documento que liberaría a Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta o a Miguel Etchecolatz. Pero es lo que hicieron. Porque ése será el efecto de la decisión tomada ayer. Con ese criterio, el dictador Jorge Rafael Videla hubiera quedado libre el día de la sentencia por el plan sistemático de apropiación de niños.   

La decisión de la Corte da lugar a –al menos– tres paradojas. En principio, los represores serán beneficiados por el 2x1 por la sencilla razón de que antes fueron beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los Indultos. Sin esas normas, en 1994, cuando se sancionó la ley del 2x1, deberían haber estado presos y esta discusión sería estéril. Por otro lado, quienes participaron de los crímenes del terrorismo de Estado serán a partir de ahora prácticamente los únicos beneficiados por el 2x1. Dado que la norma se derogó hace más de quince años y un homicidio, por ejemplo, prescribe a los doce, es improbable que alguien que sea juzgado ahora por cualquier hecho pueda beneficiarse de la misma forma, porque debería ser un delito cometido antes de 2001. Podrá haber algunos casos, pero serán los menos. De esta forma, lo que este fallo trae no es la igualdad ante la ley para los represores, como quieren argumentar quienes lo firmaron y lo defienden, sino todo lo contrario. Los torturadores y secuestradores de la última dictadura son los presos más privilegiados del país. Y pueden serlo porque consiguieron tener impunidad durante 25 años. 

Lo ideal sería que los represores no pasaran más de dos años en prisión sin condena (tampoco ninguna otra persona). Algunos, de hecho, han recuperado la libertad por ese motivo. Y he aquí la tercera paradoja: están mucho tiempo en prisión preventiva porque los juicios se demoran. Y mucho. Y los primeros en pedir que se agilicen son las víctimas y sus familiares. El tercer juicio por los crímenes de la ESMA, por caso, lleva más de cuatro años de audiencias; se realizan sólo dos por semana y de tres horas de promedio. Desde que comenzó, más de diez acusados murieron o fueron apartados por problemas de salud. Muchos querellantes, testigos o familiares tampoco llegarán a ver las condenas. Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, sólo el 25 por ciento de los condenados tiene sentencia firme. Y es la Corte Suprema la que debe confirmar los fallos del resto de los tribunales.  

  “El régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en esta causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional”, dijo Rosatti en su voto. Pero, agregó, “un Estado de Derecho no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y  garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes”. Y siguió: “la humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado”. ¿Cuál es el mensaje de Rosatti? ¿Que si no se cambia el criterio que viene sosteniendo la Corte desde 2005 hasta ayer somos igual que los represores? ¿Qué los juicios hasta ahora fueron parciales? ¿Es un nuevo intento de desprestigiar el proceso de Memoria Verdad y Justicia que el Estado inició a partir de 2003 y confirmó la Corte Suprema en 2005? Estos juicios fueron ejemplares. Podría haber habido tribunales especiales, como en otros lugares del mundo, como a los nazis, pero se hicieron con los jueces naturales, con las leyes vigentes. No hay altura moral desde donde interpelar a las Madres, Abuelas y Familiares de Desaparecidos que nunca recurrieron a la violencia, que ante la impunidad solo buscaron más justicia, ya sea ante tribunales nacionales, extranjeros o internacionales. Que soportan las prisiones domiciliarias si así lo deciden los jueces, aunque en muchos casos se comprueba que los informes médicos son fraguados y los represores salen a pasear al perro (literalmente) mientras deberían estar, al menos, recluidos en sus domicilios. Que entienden que 77 represores fueron absueltos, muchas veces porque ya no hay testigos, porque los mismos acusados borraron las pruebas de la represión clandestina. Que saben que hay gente que conoce dónde están los cuerpos de sus hijos y el paradero de sus nietos –vivos pero con otra identidad– y calla. Y a pesar de todo eso el reclamo es el mismo: verdad y justicia. Lo que piden no es que los represores tengan peores condiciones que otros presos, sino un trato igualitario. Que no vayan a cárceles mejores que el resto de los presos, como de hecho ocurre. Que no cumplan condenas irrisorias en comparación con sus crímenes, como ocurrirá a partir de ahora.