Una estudiante del Profesorado de Literatura de la Universidad Nacional de General Sarmiento fue atacada a pocas cuadras del campus de la universidad, en Los Polvorines, por cuatro hombres que intentaron violarla y resultaron ser miembros del Ejército. La víctima logró zafar pero mientras escapaba, uno de ellos la persiguió aludiendo cierta jerarquía militar y exigiéndole el documento de identidad. Un patrullero interceptó al grupo e intentó trasladarlos a la comisaría. No fue sencillo. La impunidad se supone con las manos sueltas: los cuatro militares discutieron (?) con los policías la capacidad para detenerlos. Finalmente lograron subirlos al patrullero. En la comisaría la discusión siguió a los gritos hasta que lograron encerrarlos en una celda. Hay puertas giratorias que no son motivo de reclamos manoduristas: se abrieron para dejarlos salir tres horas después. La justicia tiene sus tiempos: hoy, a las 9 de la mañana, un día y medio después del ataque sexual, la víctima, militante de la agrupación feminista Las Rojas y docente delegada de Suteba, dará noticia al fiscal Mario Marini de lo que le sucedió aquella noche.
A las 20 del miércoles pasado, Laura Lescano salió de rendir un parcial para el Profesorado de Literatura de la UNGS. “Estaba contenta –confió a este diario Karina Colodro, de Las Rojas, agrupación feminista dentro del Nuevo MAS–, le había ido bien”. La alegría duró poco. Salir del campus universitario, de noche, es una lotería en la que las mujeres tienen todos los números. Cuando no son víctimas de agresiones, lo son del pánico a que se produzcan. A la altura de la calle Juan María Gutiérrez –sobre la que se encuentra el campus– y la ruta 8, cuatro hombres atacaron a la mujer. “No llevaban uniforme, uno tenía un buzo verde que parecía militar –señaló Colodro–. Uno de los cuatro se abalanzó sobre ella mientras los otros se reían, hacían chistes”. Laura logró zafar y correr hacia la facultad. Mientras se comunicaba con el 911 uno de los agresores la persiguió. La impunidad es tal que para amedrentarla le gritaba “que era coronel o algo así y le exigía el documento de identidad”, describió Colodro.
Un patrullero de la Bonaerense logró interceptar a los perseguidores. Para sorpresa de Laura, se desató una discusión entre policías y militares porque éstos exigían cierta categoría de la que los Bonaerenses aparentemente carecían. El desconocimiento del derecho es una metáfora. Al rato lograron subir a los cuatro y trasladarlos en patrullero a la comisaría 2ª de Los Polvorines. Laura debió esperar a que enviaran un patrullero con una mujer policía. “No quiso subir al auto en el que había policías varones. Militamos llevando los casos de violencia de género, de femicidios, sabemos el peligro de las fuerzas de seguridad –sostuvo Colodro–. El miedo que tuvo fue a subir sola a un patrullero con policías hombres.”
Cuando Laura llegó a la comisaría, los cuatro agresores discutían con los policías sobre la falta de derechos policiales para detener militares. Fue allí que se enteró de que quienes intentaron violarla pertenecían a las Fuerzas Armadas, a la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral, que se encuentra en Campo de Mayo, por detrás del campus universitario. Finalmente fueron trasladados a una celda.
A Laura le tomaron declaración después y abrieron una causa bajo el delito de abuso sexual leve, lo que permitió la rápida excarcelación de los denunciados. Policías y justicia tienen una vara particular para medir la violencia machista. Y para desacelerarla: los uniformados no enviaron la causa al fiscal 14 de San Martín, Mario Marini, hasta tarde. Cuando las militantes feministas acudieron al fiscal para que Laura declarara, descubrieron que Marini no había sido informado y que estaba enterado por los airados reclamos de las feministas. Recién hoy declarará, a partir de las 9.
Para no perder tiempo, las militantes reclamaron una reunión y fueron recibidas por la rectora, Gabriela Diker. La rectora les hizo saber de su preocupación y sacó un comunicado de denuncia y apoyo a la víctima. También ofreció abogados. Las militantes le reclamaron que vuelvan a circular los colectivos de la UNGS hacia la ruta 8 y el centro de San Miguel. Durante la tarde organizaron una asamblea en el campus y marcharon hacia la estación General Lemos, donde habitualmente realizan sus mitines y reclamos “porque es el lugar visible, la universidad está muy oculta”, dijo Colodro.
Los cuatro militares salieron de su celda a la medianoche del miércoles, cuando un camión del Ejército los pasó a buscar. Aseguran que están encerrados en Campo de Mayo, y que los someterán a un tribunal y los expulsarán. “No vamos a dejar que sean juzgados por tribunales militares”, denunció Colodro. Las Rojas denunciaron que la causa la investiga la misma justicia de San Martín ante la que la familia de Araceli Fulles denunció su desaparición. También responsabilizaron a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri porque la “responsabilidad política de quienes dirigen el Estado es insoslayable para frenar la ola de ataques perpetradas por sujetos que actúan como verdaderos disciplinadores de mujeres”.
En un comunicado, el colectivo Ni Una Menos sostuvo que “la cofradía masculina se defiende frente a la resistencia y el accionar rebelde de las mujeres y si hay una institución que encarna este pacto de machos que venimos denunciando, es la institución militar que hoy se ve fortalecida en su accionar impune por los discursos de los funcionarios del gobierno de la Alianza Cambiemos, y ahora también por el insultante fallo de la Corte, una verdadera aberración jurídica.”
