La Cámara Penal le dio prisión domiciliaria a tres de los detenidos en junio pasado por los delitos de facilitamiento agravado y tenencia de pornografía infantil, con fines de distribución, como parte de la causa por el operativo Luz de Infancia. En primera instancia se ordenó la prisión preventiva por 90 días, por orden de la jueza María Chiabrera, mientras que en aquel momento un cuarto imputado quedó en libertad con restricciones. Ayer, el caso llegó a la Alzada por los tres que seguían detenidos, donde la fiscal Alejandra Raigal pidió que sigan en prisión efectiva, pero el juez Carlos Carbone hizo lugar al pedido de la defensa y ordenó restricciones para los imputados, como la "prohibición de acceso a todo tipo de redes sociales, programas relacionados e internet", entre otras.
Cuando los imputó, la representante de Fiscalía les endilgó "tener en su poder material de explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución y haber facilitado archivos de este tipo, consistiendo su accionar en descargar dichos archivos a través de una red P2P y haberlos puesto a disposición para ser descargados a través de la misma, en reiteradas oportunidades".
Al dar detalles de la investigación, Raigal indicó que la misma "comienza en EEUU y Brasil, en relación a la protección de situaciones de abuso sexual y pornografía infantil". Además, recordó "en relación a las imágenes y la distribución que existe en redes peer to peer (P2P), se iniciaron hace ya algunos años diferentes procedimientos o programas para desbaratar esas redes. Estas investigaciones no son aisladas, sino que entre todos los países (EEUU, Brasil, Colombia, Paraguay y otros) se acordó un horario común para allanar 75 objetivos", dijo en su momento sobre usuarios descentralizados en diferentes países.
En la causa local, los imputados fueron cuatro: a C. A. se lo acusó de "haber facilitado 103 archivos", entre enero 2014 y enero 2021; a G. A., por "304 archivos" entre "febrero del 2020 y marzo de 2021"; a L. G., por "haber facilitado 305 archivos", entre "febrero de 2020 y marzo de 2021"; y a M. E., por "96 archivos", entre abril del 2020 y febrero del 2021". Este último recuperó la libertad ante un acuerdo de partes, el mismo día de la imputación.
Para el camarista que ayer otorgó las domiciliarias, en este momento de la investigación "no están dados los elementos de peligrosidad procesal puesto que la evidencia está cautelada" y por eso otorgó la posibilidad de detención domiciliaria.