Liliana Garabedian tenía 37 años cuando fue encontrada muerta, el 12 de diciembre de 2010, en un descampado de la localidad de Nueva Coneta, Catamarca.
Desde entonces, investigaron 5 fiscales de los cuales dos decidieron que no había delito y enviaron la causa a archivo. El último pedido se concretó en octubre del año pasado, pero el juez de Garantías, Rodolfo Maidana, decidió el lunes pasado, a casi 11 años del femicidio, y un año de presentada la solicitud, que “aún hay elementos para investigar”.
La madre de Liliana, Lola Carrizo(75), quiere que el expediente pase a la Corte Suprema de Nación y asegura que en Catamarca dilatan el proceso porque están esperando que ella se muera para poder cerrar la investigación y no dar respuestas “por el corporativismo con el que actúan para tapar las vergonzosas actuaciones que hicieron”.
“Quiero que la justicia de Catamarca me diga quién mató a mi hija, qué le paso”, dijo Lola en septiembre de 2015 mientras el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desenterraba el cuerpo de Liliana para practicarle una re autopsia. Pasaron 6 años desde aquel día en que la mujer tuvo que volver a ver el cuerpo de su hija en esa situación y ya entonces pensaba que la justicia de Catamarca no quería investigar ni darle respuestas para “tapar” las “pésimas pericias y actuaciones” que hicieron desde que ella estuvo desaparecida.
El dolor de Lola inició antes del homicidio de su hija. Fue en octubre de 2010, cuando ella vino a visitarla desde Buenos Aires y fue testigo de la violencia a la que era sometida por su marido, Roberto Barros. Ese mismo mes, y por primera vez, Liliana se animó a denunciarlo por violencia de género. Barros, quien tenía una hermana y un cuñado que eran policías, tras la separación comenzó a ir a la casa donde habían convivido y comenzó a desvalijarla. Se llevó todo, y les dejó apenas los cepillos de dientes.
Liliana se deprimió, pero pudo hacer lo necesario en el Juzgado de Familia para obtener la tenencia de sus hijos a quienes pensaba llevarse de regreso a Buenos Aires luego de que terminaran las clases la primera semana de diciembre. Su madre la acompañó hasta donde pudo con su sueldo de jubilada y volvió a su provincia el 5 de diciembre para preparar todo para la llegada de su hija y de sus nietos.
El domingo 6 de diciembre la joven fue a buscar a sus hijos, quienes habían pasado el fin de semana con su padre, en la casa de su cuñada. No se los quisieron dar y Liliana reclamó. La historia que se cuenta después fue la que dio su cuñada. Ella llamó a la policía (sus colegas) y les dijo que su pariente le había pegado con un palo. Esa versión fue la que relató tras radicar una denunciacontra Liliana en la Unidad Judicial N|2.
Esa noche, los policías de la Comisaría Décima que concurrieron al lugar, detuvieron a Liliana por averiguación de antecedentes y medios de vida. Eso asentaron en el libro de manera sobrepuesta y con tachones muchos días después. La mujer, que por protocolo debió ser trasladada a la Comisaría de la Mujer, estuvo 18 horas detenida de manera irregular. Un policía declaró que se hizo pis encima. Su marido, fue cuatro veces al destacamento a dar versiones de lo “violenta” que se había puesto.
Al día siguiente, por orden del Juzgado de Familia, Liliana fue llevada al Hospital para que la atienda una psicóloga. Los uniformaron la llevaron. Liliana en la entrevista se mostró molesta y dio a entender cuando se iba que alguien la esperaba para llevarla. Nunca más la vieron.
Barros, quien tenía restricciones de acercamiento, denunció su desaparición el 9 de diciembre. La buscaron cerca de su casa y por ruta provincial N°4, donde solía ir a caminar. Ese mismo día y según pericias pedidas por Lola, el celular de su yerno se activó con la antena de Nueva Coneta, lugar en donde unos puesteros dijeron que la habían visto cuando la foto comenzó a circular en los medios porque estaba desaparecida.
Liliana fue encontrada a 500 metros del lugar donde la vieron los puesteros, tres días después de denunciada su desaparición. Estaba tirada bajo un árbol y tenía puesta una musculosa blanca sin rastros de tierra o sudor, sus pies descalzos no habían pisado una sola espina del monte. La versión que le dieron desde la División de Homicidios a Lola fue, que no encontraron el resto de la ropa (bombacha, corpiño, pantalón, medias y zapatillas) porque se la “llevaron los animalitos del monte”. El perito que realizó la autopsia, dijo que su muerte fue por “inanición y deshidratación severa”, luego de vagar 5 días en un círculo de 500 metros cuadrados, por donde pasaba un canal de agua de riego y se escuchaba el ruido de los vehículos circular por la ruta, ubicada a escasos 1000 metros del lugar.
La causa, que comenzó a ser investigada por el entonces fiscal y ahora Juez Correccional, Javier Herrera, pasó a finales de agosto de 2011 a manos de los fiscales Marcelo Sago (hoy Juez de Garantías) y Juan Pablo Morales (hoy ex Juez de Apelaciones destituido por el delito de cohecho). Ambos, el 9 de septiembre de ese año (una semana y media después de recibir el expediente), decidieron que Liliana estaba desequilibarda y se suicidó (de hambre y sed) y que la responsabilidad era de la psicóloga que la atendió en el Hospital y la dejó irse sin internarla, por lo que pidieron una indemnización para el marido de 500 mil pesos.
La dedición fue apelada. El Juez de Garantías les dijo que debía ser investigada y ellos apelaron nuevamente. En febrero de 2013 la Cámara de Apelaciones decidió por unanimidad que la causa vualva a instrucción y pase a las manos de otro fiscal. En aquel documento, los jueces dejaron asentado que teniendo en cuenta la lucha mediática que iniciaron familiares y amigos de la víctima desde Buenos Aires, llevando el caso a debate de medios nacionales en donde advertían la “falta de seriedad de lo investigado”, que “la capacidad y desempeño del fiscal pudieron verse afectados en su susceptibilidad, ante la crítica injusta y descarnada de la prensa”.
El expediente pasó a las manos del fiscal Roberto Mazzuco. Durante su investigación es que Lola, con las fotos que sacaron los peritos durante el hallazgo del cuerpo de su hija y la autopsia, logró que las analicen los expertos del EAAF. Tras varios meses de espera lograron la exhumación del cuerpo.
El EAAF, además de encontrar rastros de una autopsia mal realizada, determinó, con lo poco que tenía para analizar, que Liliana falleció como consecuencia de asfixia mecánica por lazo.
Los fiscales no creyeron. Y, estando el caso del suicidio de Alberto Nisman en boga a quien se le practicó una “autopsia psicológica” (recomendada para casos de suicidios dudosos) solicitaron que el equipo de psicólogas del Cuerpo interdisciplinario Forense (CIF) local se capaciten y la realicen. Fue una capacitación de tres días que recibieron y así consta en el resultado de la pericia. Con este documento que avalaba una muerte por suicidio de hambre y sed, quisieron refutar al EAAF.
Mazzuco, fue destituido por un Juri de enjuiciamiento por el cobro de coimas. En su lugar quedó Alejandro Gober y posteriormente el expediente pasó a manos del fiscal de novena nominación Jonathan Felsztyna quien, tras varios años de tener la causa en sus manos, emitió un pedido de archivo con argumentos sin perspectiva de género.
Felsztyna, quien hoy se postula como juez de Apelaciones, apeló en su escrito a una supuesta “locura” de Liliana en base a los dichos de su marido. Avaló que la detención policial y las 18 horas que pasó en la comisaría fue un accionar “legítimo y legalmente amparado por las atribuciones conferidas por el ordenamiento local”.
El fiscal nunca se preguntó por qué Barros tenía en su poder el diario íntimo (Ver foto de los fragmentos) y el celular de Liliana, ni por qué se contradicen los testimonios de las diferentes psicólogas que cita y que atendieron a la víctima. Sólo se limitó a resaltar palabras como “deprimida”, “incoherente”, “desestabilizada”, etc. También desestima la re-autopsia del Equipo Argentino de Antropología Forense, por ser realizada “fuera de tiempo”.
Como contra parte, destaca la “modernidad” de la autopsia psicológica que se realizó 8 años después. Estas “hipótesis”, avalan, para el fiscal, que Liliana era una joven que había sufrido pérdidas, y estaba deprimida, en resumen, que estaba “desequilibrada”.
Finalmente, el juez Maidana, volvió el lunes la causa a Fiscalía General. Desde ahí se deberá determinar cuál fiscal volverá a investigar la causa.
Corporativos
Actualmente, la causa sigue caratulada como “Desaparición con sospecha de criminalidad”.
Lola, habló con Catamarca 12 y señaló una vez más todas las irregularidades que ella evidenció a lo largo de estos años. “La última fue ayer, cuando mi abogado Ivan Sarquís se enteró por un diario que el juez había desestimado el archivo de la causa. A él lo notificaron después que a los medios de comunicación y esto es una burla”, contó.
La mujer, explicó que lo quiere es que la causa sea mandada a archivo y así pueda ser apelada y llevada a la Corte Suprema de la Nación. Lola señala que ya no cree en la justicia de Catamarca que siempre se burló “¿Qué van a hacer, volver todo para atrás? ¿Dársela a otro fiscal?”, se preguntó y agregó “ya no deben quedar fiscales, ya pasó por todos lados y lo que se hizo fue porque yo lo pedí. Ellos actúan tapándose entre ellos, se cuidan las espaldas y ninguno va a salir a decir que el otro actuó mal o no hizo que debería haber hecho. Son corporativos. Yo quiero saber solamente qué le pasó a mi hija. No entiendo qué pretenden, si investigar nunca lo hicieron”, dijo.
La mujer cuenta que ya tiene 75 años. Si ella muere también la querella. “Creo que ellos me quieren cansar y esperar eso. Pero yo también puedo cansarlos”, dijo de una manera imponente.
La lucha de Lola por saber lo que le pasó a Liliana trascendió los límites de Catamarca. Su hija, tras animarse a denunciar la violencia de la que era víctima, iba a comenzar una nueva vida en Buenos Aires el 13 de diciembre, cuando sus hijos terminaran la escuela y ella pudiera dejar todo atrás.
“Ella no se hubiera suicidado. Ella tenía un complejo con sus pechos porque eran grandes y nunca se hubiera sacado el corpiño y el resto de la ropa interior para andar por el monte como si nada y sin clavarse espinas”, la lógica de sus argumentos comienza así y concluye con el EAAF, quien aceptó el caso por la injusticia que representaba y porque como expertos sabían que podían ayudarla.
