El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, confirmó que el gobierno pedirá la anulación de la concesión de los peajes de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste, ambas explotadas por un consorcio liderado por la española Abertis. “Hemos terminado la auditoría. Estamos haciendo las presentaciones judiciales y solicitando la anulación de esa concesión por 30 años y la investigación de la comisión de delitos. No hay dudas de que había allí una decisión muy clara que era usar al Estado para beneficios e intereses privados”, aseguró el funcionario en declaraciones radiales.

La revisión de la concesión de los peajes comenzó el año pasado cuando se puso en marcha una auditoría integral sobre los acuerdos que el gobierno de Mauricio Macri firmó el 26 de junio de 2018, bajo el nombre de “Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual”.

Ambos peajes se concesionaron en julio de 1994 a través del decreto 1167/94 y antes de la salida de la convertibilidad ya habían sufrido cinco adecuaciones. Luego de la devaluación y pesificación de enero de 2002 comenzó una nueva negociación que se extendió durante 16 años e incluyó una demanda de Abertis ante el CIADI alegando la violación de Tratados de Protección Recíproca a las Inversiones. En febrero de 2016 el gobierno de Macri instruyó al Ministerio de Transporte, entonces encabezado por Guillermo Dietrich, a avanzar con la negociación hasta que finalmente en junio de 2018 se firmaron los acuerdos, oficializados a través de los decretos 607/18 y 608/18. Ambos decretos fueron firmados por la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti y no por el presidente Macri porque hasta abril de 2017 el Grupo Macri fue accionista del grupo controlante de ambas concesiones.

Los cuestionamientos

El principal cuestionamiento de la investigación es que las autoridades anteriores extendieron las concesiones hasta 2030 y le reconocieron una deuda de 499 millones de dólares a Autopistas del Sol (Panamericana) y de 247 millones de dólares a Grupo Concesionario del Oeste (Autopista del Oeste) a ser recuperadas durante el plazo de vigencia de las concesiones.

Dicha recuperación debía operar mediante el pago de un importe mínimo que asegurara la amortización de un monto acumulado que en promedio arroje un valor no menor al 7,69 por ciento anual de la inversión neta. A su vez, se acordó que la inversión no amortizada le remuneraría al concesionario un interés del 8 por ciento anual, lo cual, según la auditoría, elevó la deuda total a 1161 millones de dólares.

Como además les garantizaron que sea “libre de impuestos”, el Estado dejó de percibir Impuesto a las Ganancias por 619.444.523 de dólares, según lo declarado por las concesionarias. Eso eleva el importe final reconocido como deuda a 1.780 millones de dólares. A cambió la concesionaria se comprometió a suspender la demanda ante el CIADI.

Los próximos pasos

El gobierno afirma que lo que resolvió el gobierno de Mauricio Macri es de cumplimiento imposible. “Creemos que hubo un modelo de negocio del macrismo en el Estado durante los cuatro años anteriores”, aseguró Katopodis. Sin embargo, el ministro aclaró que “vamos a hacer las cosas como entendemos que hay que hacerlas de modo que las empresas no inicien acciones legales contra el Estado”.

El funcionario precisó que la próxima etapa para la anulación de los contratos de los peajes se necesita “agotar la instancia administrativa para luego pasar a una instancia judicial que muestre la lesividad de la prórroga de las concesiones peajes”. A partir de ahí, el presidente Alberto Fernández “puede anularlos por decreto”.

Del lado de los concesionarios dejaron abierta la posibilidad de que si el gobierno avanza el tema vuelva a judicializarse. “La sociedad se encuentra analizando en forma detallada los antecedentes sobre los que se le otorgó copia y los cursos de acción a seguir al respecto, en defensas de sus derechos. En esta instancia cabe adelantar que, a juicio de la sociedad, las objeciones formuladas son improcedentes”, remarcaron ambas empresas, a través de cartas enviadas por Carlos Javier Parimbelli, responsable de Relaciones con el Mercado.