En Córdoba, el fiscal General Juan Manuel Delgado y su adjunto, Pablo Bustos Fierro, firmaron un dictamen no vinculante en el que asumen como positivo el pedido de suspensión de la aplicación de la ley de Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la provincia. La presentación había sido elevada en febrero por representantes de la asociación Portal de Belén (que durante años obstaculizó mediante artimañas legales la aplicación del Protocolo de Interrupción legal del embarazo) y su alma pater, el exlegislador Aurelio García Elorrio.

Luego de conocido el contenido del dictamen, trascendieron dos anticipos de presentación de pedido de juicio político para Delgado. Uno de ellos, de la precandidata a senadora nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Laura Vilches, quien advirtió que Delgado está inhibido de intervenir con las recusaciones pendientes de resolución. El otro, del legislador provincial Dante Rossi (UCR).

El dictamen de Delgado y Bustos Fierro, según informó el medio Puntal, de Río Cuarto, reconoce identidad a García Elorrio para intervenir como representante colectivo. El fiscal General debió firmar el dictamen junto con su adjunto para evitar que fuera considerado nulo ya que no es la primera vez que mete la mano religiosa en cuestiones de salud de las mujeres. Ya fue recusado por tres organizaciones que intervienen en la causa: la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil por el Derecho a Decidir (Católicas por el Derecho a Decidir) y la Clínica de Litigio de Interés Público (Clip).

Lo llamativo del caso es la urgencia con la que operó Delgado, ya que emitió dictamen antes de que el Tribunal Superior de Justicia resolviera si lo mantenía o lo apartaba de tratar el tema.

El dictamen está fechado el 3 de agosto, pero no fue publicado ni difundido por la Fiscalía General, es decir, solo fue presentado en la causa. El resto de los fiscales no acompañó con su firma.

Ahora la Cámara debe decidir si atiende o no las recomendaciones de la cabeza de la Fiscalía General, ya que no es vinculante.

La asociación conservadora Portal de Belén había presentado recursos de amparo y medidas cautelares en contra la aplicación de la IVE en representación de "los niños por nacer" y "los niños no deseados” (sic). En ambos casos, los pedidos fueron rechazados en primera instancia.

Sin embargo, la decisión fue recurrida y derivada al fiscal general Delgado quien, a pesar de estar con pedido de recusación aún sin resolver, emitió dictamen y pidió al máximo tribunal provincial que “haga lugar” al pedido de legitimidad de representación y que se “suspenda” la aplicación de la ley IVE en Córdoba hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Elorrio había solicitado que se “declaren nulos e inaplicables en todo el territorio nacional” artículos de la ley IVE que garantizan la interrupción del embarazo como derecho de las personas gestantes.