María Fernández Rosales Andreotti (46) se crió entre abogados; su madre, su padre y su hermano menor ejercen esa profesión. Asegura que abrazó el derecho desde niña, cuando visitaba el estudio de sus padres y comprendió que desde el ejercicio de la abogacía podía llegar a solucionar los conflictos de la gente. Se define como una apasionada de su profesión y orgullosa (aunque tardía) feminista.

Comenzó su carrera como asesora en el Registro de la Propiedad y Mandatos, lugar en donde llegó a ser directora del área, posteriormente fue asesora del Ministerio de Salud de la Provincia y vocal de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado. Entre 2020 y 2021 se desempeñó como asesora general de gobierno. También fue presidenta del Colegio de Abogados, y paralelamente ejerció el derecho civil y de familia.

En diálogo con Catamarca12 y como flamante ministra de la Corte de Justicia de Catamarca, confesó su deseo de que se pueda lograr una verdadera transformación en el Poder Judicial en donde todos y todas puedan tener un real acceso a la justicia.

-De los casos en donde litigaste ¿recordás alguno que te haya marcado?

-Sí, uno en particular que no lo pude terminar yo. Fue bisagra y difícil en los términos de la frustración de no poder conseguir un resultado y de lo que costó. Se trataba de un niño que fue llevado fuera de la provincia y su padre pasó muchos años sin verlo. Más allá del derecho, ver el dolor del papá, de la mamá y del niño que se encontraba en medio de ese conflicto entre los mayores fue muy fuerte. Los casos de conflictos familiares, siempre tienen este plus que lleva a que uno se involucre en el sentimiento y tenga empatía.

La empatía y el sentimiento son palabras que estuvieron presentes a lo largo de toda la entrevista. Su postura para relatar su paso por la administración pública provincial fue destacando el aprendizaje, el amor, el diálogo, el contacto con la gente, las diferentes miradas que le permitieron ir acercándose a todos los aspectos del derecho desde la salud hasta el cuidado del medio ambiente.

Así, respecto a su experiencia en el área de Minería de la provincia, aseguró: “no puede haber minería sin cuidado del ambiente. Esto debe ser garantizado y es responsabilidad del Estado garantizarlo, pero con la participación ciudadana en esas cuestiones”.

-¿Tu paso por la Asesoría general de Gobierno qué significó?

-Fue un lugar apasionante. Uno se forma en muchísimas materias, porque a la asesoría llegan los expedientes de todos los ministerios. Tiene un espectro muy amplio de competencia que enseña y abre mucho la cabeza respecto de tener esa mirada abarcativa. A veces, cuando uno se centra en un aspecto del derecho se encapsula y la asesoría te permite una mirada más macro de lo que significa el funcionamiento del Estado provincial.

-Como conocedora del funcionamiento del Estado, ¿qué crees que se necesita para mejorarlo?

-Creo que en sus tres poderes el Estado provincial tiene algo para mejorar. En algunos funciona más o menos en otros no tanto y es la participación de las ciudadanas y ciudadanos. Creo que es fundamental escuchar cuáles son los problemas que plantean la gente, porque uno a veces, cuando está enfrascado en una determinada función puede ver desde la oficina lo que cree que hace falta o lo que cree que son las prioridades. Pero, para realmente aprender, conocer, comprender y poder dar soluciones reales, uno tiene que hablar con las personas que sufren o padecen esos problemas. Igual debe ser con los operadores, con los que van a operar los distintos dispositivos o políticas públicas estatales. Es necesario ampliar la escucha y en base a eso la toma de decisiones.

-¿La gente sabe que puede participar?

-La gente no sabe que puede participar. Eso también forma parte del déficit que tenemos en la participación porque muchas veces las personas no saben que pueden hacerlo o cómo. Creo que hay que abrir mucho más esos procesos de participación y saber comunicarlos también. No sólo es crear el dispositivo, hay que también buscar la forma de que las personas sepan que pueden participar. Hay que ir ponerle el cuerpo y acercarlo a la gente.

-¿En cuáles de los tres poderes pensás que hace más falta mejorar la comunicación?

-Hay cosas para mejorar y destacar en los tres poderes, no podemos quedarnos en la comodidad de decir que alguien hace todo bien o que otro hace todo mal. En cuanto a lo que me compete, que es el Judicial, creo que hay cosas que no están funcionando bien y en muchas de ellas se está en trabajo de mejorarla y muchas otras tendrán que ponernos a trabajar en lo que corresponda. Hay muchísimo para mejorar y  para hacer pero también ganas y personas valiosas para hacerlo.

¿Cómo debe ser el Poder Judicial?

-Creo que el Poder Judicial tiene que ser más abierto a las relaciones con otras intuiciones y con los otros poderes del Estado. Debe aprender a receptar las críticas constructivas que se hagan desde los distintos colectivos. Me parece muy importante escuchar a la sociedad para poder modificar lo que realmente hace falta. Generar un verdadero acceso a la justicia que tiene que ver con hacerlo más cercano. Donde las personas pueden entender que los funcionarios y funcionarias judiciales son persona común como ellos en esta sociedad. Tenemos que ser más cercanos y prestar más atención a lo que sucede. Por otra parte también hacer conocer cómo acceder, cuáles son los derechos que tienen, generar más dispositivos que ayuden a que la gente se acerque y verdaderamente sienta que va a lograr una satisfacción a su conflicto, porque la persona que llega al poder judicial está pasando por un problema y nuestra obligación es darle una solución a ese conflicto y no eternizar con procedimientos formales eternos.

-¿Por qué esto no sucede?

-Tenemos que preguntarnos por qué, y analizar si es una cuestión de leyes, de agilidad, de organización, capacitación. Yo particularmente no tengo un diagnóstico acabado de qué es lo que sucede, pero creo que es un poco de todo.

- El tema de las dilaciones judiciales ha sido un reclamo constante.

-Una solución a un conflicto que llega 10 años después no es solución. Hay fallos a nivel de la Corte Interamericana de Derechos humanos que establecen lo que es un plazo razonable y que ese plazo hace al debido proceso y que ese plazo es una garantía de los ciudadanos. Entonces tenemos que mirar para adentro y preguntarnos qué suceda con el sistema porque tiene que ver únicamente, con los funcionarios judiciales, también están las prácticas de los abogados, en algunos casos por el diseño legal de los procesos, por eso considero que no hay una solución estándar. Si no podemos dar soluciones integrales que las pensemos entre todas y todos dudo que funcione.

El debido proceso es oír a las partes, jueces y fiscales escuchando sino los procesos son papeles. Pero detrás de los expedientes, hay personas buscando reconocimiento de derechos.

- ¿Qué significa para vos este cargo de ministra de la Corte?

-Es difícil de explicar. Es un desafío y una enorme responsabilidad, un hermoso desafío. Amo la abogacía, me encanta lo que hago, la ejercí mucho tiempo como litigante, también en el Poder Ejecutivo y me encantaría que pudiéramos hacer una diferencia y transformación en el Poder Judicial. No obstante, creo que ya está en camino este cambio.

-Tenés el plus de que sos una ministra militante feminista.

-Quisiera aclarar, porque me parece importante, que nunca fui muy consciente de ser feminista hasta que me encontré, ya tarde y grande, en el Colegio del Abogados con quienes forman parte de la Comisión de Género. En este caso la nombro a Ana Clara Barros, porque es su coordinadora pero en ella a todas y todos porque también hay abogados varones que me enseñaron muchísimo y aprendí mucho.

Antes de continuar Fernanda se emociona y dice “Me emociona profundamente porque admiro su lucha y yo la tomé. Tal vez me hubiera gustado que fuera antes, pero nunca es tarde para tomar esas banderas. Para mi fue darme cuenta, o poner en lo consiente, lo mucho que nos cuesta a las mujeres acceder a la determinados lugares y que se pueda reconocer que le podemos caer mejor o peor, pero que fue por nuestro esfuerzo personal. En eso valoro mucho a quienes primero enarbolaron esas banderas y me enseñaron. Sigo aprendiendo, y quiero seguir aprendiendo y me falta mucho pero soy orgullosamente feminista”.

-Con respecto a los fallos judiciales y la obligación de que tengan perspectiva de género, muchos entienden que es algo actual y de moda. ¿Es así?

-Eso existe en los distintos tratados en nuestra propia Constitución nacional. Esta obligación nos comprende hace mucho tiempo y hace mucho venimos fallando, falta mucho pero somos más conscientes. Digo mucho porque comprendo que esa mirada desde la perspectiva de género tiene que complementarse con la perspectiva de vulnerabilidad, tenemos que ver todos los grupos vulnerables; niños, migrantes, pueblos originarios. Hay muchas cuestiones que logran que los derechos lleguen de manera desigual.

-¿Y qué sucede con la constitución provincial?

-La local tiene muchas cosas para transformar, por ejemplo, tiene algunos aspectos con miradas patriarcales, y poco igualitarias. En algunas cuestiones mira a la mujer desde los roles preestablecidos de ama de casa, de tareas de cuidado y otras cuestiones de perspectivas que hay que incorporar.

- ¿La laicidad sería unas de las cosas a reformar?

-Yo creo que la Constitución debe respetar la libertad de cultos y de cada una de las personas de profesar la fe que consideren. Cuando obliga a que el gobernador tiene que profesar el culto católico estamos hablando de algo abiertamente discriminatorio. Creo que iglesia y el Estado son asuntos separados.

-Hace poco se vetó la reforma a la Ley de Municipalidades en donde se proponía suspender a funcionarios municipales por inhabilidad moral, con el argumento de que se avanzaba sobre el derecho de inocencia

-Me es difícil opinar en este caso porque no sé si deberemos dirimirlo en la Corte. Pero lo que sí puedo decirte es que hay que respetar las garantías constitucionales de todos y todas, tanto las de los acusados como las de las víctimas, quienes también tienen derechos asegurados por la Constitución.