Durante la segunda jornada del juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca declararon cuatro testigos. El imputado, Francisco Gabriel Castañeda, está acusado por los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de las desapariciones y privación ilegítima de la libertad de Griselda del Huerto Ponce y Julio Genaro Burgos, sucedidas el 15 de diciembre de 1976.

Dos sobrinas de Griselda y primas de Julio, fueron las primeras en hablar ante el tribunal. Dora Ponce y Noemí Toledo, quienes tenían 16 y 13 años al momento del hecho, contaron cómo fue el secuestro de sus parientes a quienes se llevaron de la vivienda de su abuela ubicado sobre calle 9 de Julio al 1200.

Según su relato, aquella noche, alrededor de las 3 de la madrugada, un grupo de unos cinco o seis hombres, quienes iban “disfrazados para no ser reconocidos” y portaban armas largas, golpearon la puerta de una manera tan particular que Felicinda Ponce, tía   de ellas y hermana de Francisco Ponce, desaparecido en marzo de ese año, creyó que se trataba de él.

Cuando abrió, los militares ingresaron de manera violenta y a los gritos. Encendieron luces y los hicieron poner contra la pared. Posteriormente se llevaron a Griselda y a Julio, a quienes nunca más volvieron a ver.  Ambas sostuvieron que entre quienes ingresaron  esa noche había alguien que conocía a la familia, ya que los dos perros bóxer que tenían no ladraron.

Las mujeres señalaron que al otro día, luego de que se radicara la denuncia por la desaparición, policías y militares fueron a la vivienda y además de llevarse objetos de valor, como una filmadora y una cámara fotográfica, quemaron libros de la biblioteca y otros elementos. Según explicaron, pese a que se hizo un acta con las cosas que se llevaron, nunca más pudieron ser recuperadas.

En tanto, Dora señaló que antes de los secuestros y el allanamiento la vida social que tenían era normal, pero luego de lo sucedido “la gente nos miraba con miedo”.

Posteriormente, se les tomó testimonio a los militares retirados Francisco Labatte y Néstor Silva (Jefe de Armas y Jefe de Soldados, respectivamente), quienes estuvieron bajo el mando de Castañeda, responsable de la Compañía “A” del Regimiento Aerotransportado 17.

A las preguntas de las partes, ninguno recordaba nada del hecho puntual y sólo se limitaron a decir que ellos acataban órdenes de la “superioridad”. Sin embargo, confesaron haber participado de lo que denominaban “censos poblacionales” y de controles vehiculares en las diferentes rutas de las provincias, como también de capacitaciones de combate para la “guerra de subversión”.

Según Labatte, la finalidad de esos censos, que muchas veces se hacían a horas de la noche, era la de saber cuántas personas había, pero no pudo responder qué cantidad de personas habitaban Catamarca en 1976. “La gente de Catamarca era muy buena gente. No recuerdo que hayan sentido incomodidad”, dijo y agregó que durante los “censos los invitaban a pasar”.

Ante su respuesta, el fiscal de Cámara Rafael Vehils Ruiz manifestó: “Los censos no eran tomar café y comer masitas sino allanamientos sin orden”.

El debate pasó a un cuarto intermedio para hoy, donde se escucharán más voces. Sin embargo, y teniendo en cuenta que desde que iniciaron las actuaciones en 2004 a la fecha, pasaron 17 años, muchos de los testigos presenciales fallecieron.