A raíz del incremento de situaciones de violencia de género en Salta se creó una red solidaria no gubernamental de asistencia a mujeres. En la provincia ya se cometieron 9 femicidios en lo que va de este año; al menos tres de esas mujeres que terminaron siendo asesinadas habían radicado denuncias ante los estamentos gubernamentales de la provincia.
Este es uno de los datos que se tuvo en cuenta en la Fundación Preparatoria del Pueblo al hacer un llamado a la comunidad en general, pero sobre todo a profesionales, para "sumarse a un movimiento solidario de acompañamiento de carácter humanitario a las víctimas de violencia de género".
La presidenta de la Fundación, Claudia Bañagasta, destacó que algunas de "las víctimas (de femicidios) tenían denuncias hechas". Aseguró que tras una indagación sobre cada caso, se pudo saber que al menos tres de las mujeres asesinadas se habían dirigido a las comisarias locales, al Polo Integral de las Mujeres o a la Oficina de Violencia Familiar (OVIF) de la justicia salteña.
El caso de Graciela Flores (40) es muestra de ello. La mujer fue la primera víctima del año, asesinada el 1 de enero por su pareja, Mario Balverdi (47). Su cuñado, Sergio Guantay, clamó públicamente por justicia, y denunció que fue desamparada a pesar de las denuncias que realizó. "La policía se acercó a preguntar, pero no se tomaron los recaudos necesarios", expresó.
A los femicidios, se suman las mujeres que estuvieron al borde de ser asesinadas y que también recurrieron al Estado. En el último tiempo, desde la Fundación llegaron a contabilizar 20 denuncias que pueden caratularse como intentos de femicidios y, mientras se redactaba esta nota, Bañagasta manifestó que durante el fin de semana hubo varios casos de esas características. "Son minutos, horas y días que la mujer padece y no encuentra respuestas", sostuvo.
Sobre el femicidio de Lorena Vique (35), señaló que es un caso particular porque se sostenía que era "una pareja ejemplar". Afirmación que luego fue replicada por el titular de la Secretaría de la Mujer y la Familia de la comuna de Vaqueros, Jorge Agüero, que fue repudiado por los movimientos feministas de Salta por su falta de perspectiva de género.
Bañagasta dijo que indagando en el entorno de Vique, se supo que había una constante violencia psicológica por parte de su femicida, Julio César Calisaya (35), que la asesinó a cuchillazos en la noche del jueves 8 de julio en la costanera del río Vaqueros.
El último femicidio fue el de María Mercedes Urzagaste (39), que el 10 de agosto fue asesinada a puñaladas por su expareja, Eduardo Gómez (67), que luego se suicidó. Precisamente, Urzagaste era alumna desde el año pasado de la carrera de Secretariado Jurídico, donde conocía a Bañagasta. "Lamentablemente era una alumna nuestra que también pidió asistencia", y contaba con una orden de restricción contra Gómez.
Un caso similar al de Urzagaste se dio con Fabiola Echenique (30), hallada el 17 de marzo sin vida en el interior de su domicilio en la ciudad de Cafayate. Las sospechas recaen sobre su expareja, quien había sido denunciado por hechos de violencia, tenía una prohibición de acercamiento al domicilio y fue él mismo quien denunció haber encontrado su cuerpo ya sin vida.
La Fundación indicó que también tuvieron que acompañar a tres familias de las víctimas porque no recibieron asistencia del Estado, ya sea con acompañamiento psicológico o asistencia alimentaria. "Ni siquiera de los organismos que tienen que contenerlos", sostuvo Bañagasta en referencia al Polo Integral de Mujeres y la OVIF.
"No damos abasto"
La presidenta de la Fundación contó que cada vez son más las mujeres se acercan a pedir contención. "Si bien los números se han incrementado, sabemos que las mujeres se sienten más seguras al pedir ayuda", indicó. En ese sentido, contó que pidieron reuniones con las autoridades a cargo de los organismos por entender que deben realizar un trabajo articulado. Sin embargo, "en vez de trabajar juntos, nos toman como una competencia", cuestionó.
Ante este panorama se decidió la creación de una red solidaria de asistencia. "No damos abasto", afirmó Bañagasta. Hoy, son 150 los voluntarios y 42 las profesionales, entre psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y médicas.
"El aumento de víctimas es alarmante", ratificó, dijo que por eso el espacio "hoy necesita más psicólogas y abogadas". Quienes deseen sumarse a la red pueden hacerlo comunicándose al 3875 50-4946.
La Fundación ya había presentado dos proyectos vinculados a la prevención y asistencia contra la violencia de género. El primero fue en articulación con la Policía de Salta y era un voluntariado para trabajar en la ciudad. El segundo, presentado en la Cámnara de Diputados, proponía la creación de una agencia especializada en violencia de género.
"Jamás obtuvimos respuestas y es una lástima porque nosotras contamos con el recurso humano y ellos, con el recurso económico, pero es claro que no están en esa posición" de definición de políticas vinculadas al género, sostuvo.
La red iba a ejecutarse el año pasado, pero con la llegada de la pandemia se pospuso y se intensificó el acompañamiento a través de la virtualidad, aunque también hubo asistencia presencial porque en determinados momentos se tuvieron que acercar a las casas de las mujeres víctimas de violencia. Además de la asistencia, también trabajan en el apoyo escolar a sus hijos con psicopedagogas.
La Fundación criticó la ineficiencia estatal frente a los pedidos de ayuda de las mujeres víctimas de violencia de género. Señaló que esa ineficacia tiene responsabilidad en la muerte de las que avisaron que corrían peligro y luego fueron asesinadas, y es responsable también por la falta de trámite y asistencia a las que denunciaron y siguen vivas, sufriendo distintas formas de violencia. "No queremos seguir lamentando más la indeferencia", porque lo que más se necesita es personal "con empatía", subrayó Bañagasta.
Señaló que la aplicación de la Ley Micaela "no se está tomando como debe ser" porque las personas dentro de los organismos "lo hacen por obligación", sin tener una voluntad para la comprensión real del espíritu de la ley.
Las situaciones más recurrentes se vinculan con la imposibilidad de acceder al Programa Acompañar, que da una ayuda económica para que la mujer pueda apartarse del contexto violento. A pesar de ser una iniciativa nacional, desde la Secretaría de Derechos Humanos local debe "darse el alta" a las personas que piden acceder a este beneficio. En una escala menor, se presentan casos en los que no existe la posibilidad de acceder a un bolsón de mercadería desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
Otra de las preocupaciones es la falta de perspectiva de género de los agentes policiales. "No están capacitados", subrayó Bañagasta. Por eso están trabajando con algunas dependencias y diferentes actores de la sociedad que lo requieran.
Sostienen que sí se trabaja
El subsecretario de Formación, Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la provincia, Federico Uldry, contó a Salta/12 que desde el Polo Integral de las Mujeres se reciben mensualmente entre mil y dos mil manifestaciones vinculadas a la violencia de género. Son realizadas de manera presencial por la misma víctima, o a través de los canales de comunicación del Polo, o las operadoras comunitarias, o por medio de amigos o familiares, o a través de OVIF.
Uldry explicó que desde la recepción de los casos, se coordina con los organismos municipales, provinciales y nacionales porque "la violencia de género es transversal a todas las áreas del gobierno". Es por eso que también trabajan articuladamente con organizaciones no gubernamentales que ya están en el tema y "son las que muchas veces nos piden el asesoramiento".
El funcionario aseguró que sí se hace el seguimiento de los casos que llegan al Polo. Indicó que coordinan con las demás áreas no sólo para optimizar los recursos, sino también para no revictimizar a las víctimas. Al ser consultado sobre si hacía falta más personal dentro del organismo, sostuvo que "siempre van a hacer falta más profesionales y les diría que sería bueno contar con ello al momento de desplegarnos en la zona".
A pesar del alto índice de femicidios, Uldry indicó que Salta es una de pocas provincias que tiene herramientas de prevención, contención y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de género. "En otras provincias no existe el Polo o áreas específicas de las mujeres", afirmó. "Creo que en la provincia se avanzó y somos una de las que más herramientas y esfuerzo ha hecho", expresó.
En ese sentido, señaló que lo que se requiere es un gran cambio cultural. Manifestó que "hay que sumar mucho a lo cultural porque hay un Estado haciendo cosas, mucha gente comprometida, pero falta una tercera pata que es la del ciudadano común".
La OVIF no respondió a las consultas de este medio.
