El Estado argentino recibió una demanda en los tribunales de Nueva York. El fondo de inversión Titan Consortium reclama 320 millones de dólares por un juicio que el país perdió ante el Ciadi por acusarlo de no pagar al precio que correspondía por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. Tras un pedido de anulación en 2017, el laudo quedó firme en 2019, pero, según sostienen en el gobierno, la voluntad de pago de Argentina se vio entorpecida por peleas internas entre los posibles beneficiarios del juicio, que no reclamaron la deuda hasta este momento en Nueva York.
Es que tras dictar la sentencia definitiva a partir del juicio que iniciaron a fines de 2008 las tres empresas españolas Teinver, Transportes de Cercanías y Autobuses Urbanos del Sur S.A., que eran accionistas de Aerolíneas Argentinas previo a su expropiación, comenzó una batalla por ver quién debería cobrar el dinero. Cada parte con su argumento se atribuía el cobro del juicio ganado: las empresas accionistas, el fondo Burford que inicialmente financió el juicio, el fondo Titan Consortium quien alega que le cedieron los créditos del juicio, y los administradores concursales en España. Sin ese hecho definido, el gobierno argentino sostiene que no puede iniciar el pago a riesgo de realizarlo dos o más veces.
En esta oportunidad fue el fondo Titan Consortium el que pretende recibir el monto de 320.000 millones de dólares. La presentación la realizó en tribunales estadounidenses ya que, bajo el convenio del Ciadi y el derecho internacional público, el demandante exitoso tiene derecho a perseguir el cobro en cualquier país miembro de la comisión del Ciadi, como es el caso de Estados Unidos.
Formalizada la demanda, Argentina cuenta ahora con 60 días para responder. El país deberá asegurarse que de quien vaya a cobrar sea el agente definitivo y que no vayan a venir demandas de otros beneficiarios de manera posterior. Es por este motivo que pedirá que se corrobore con documentación que, efectivamente, Titan Consortium es el beneficiario final del juicio.
Si el fondo no puede demostrar este hecho, la medida quedará sin efecto. En caso de que sí lo hiciera y en función de antecedentes de arbitrajes de inversión desfavorables para el país, podría negociarse el pago en bonos y con un descuento significativo respecto al monto del laudo. De acuerdo a otros episodios similares celebrados en gestiones anteriores, se logró bajar ese monto en hasta un 30 por ciento.
El juicio
En 2001 Argentina privatizó las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral. Las compraron tres empresas españolas pertenecientes al grupo empresario Marsans que gestionó la aerolínea entre 2001 y 2008, año en que se decidió expropiarla. Por tratarse de una expropiación y no una confiscación, el gobierno tiene la obligación de pagar una indemnización al privado que la gestiona. En este caso, una evaluación de los activos por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación entregó un valor negativo de 832 millones de dólares. Con este resultado, el pago nominal se estableció simbólicamente en un peso.
A fines de 2008 las tres empresas españolas reclamaron y demandaron a la República Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo dependiente del Banco Mundial en el cual las empresas privadas litigan en igualdad de condiciones con las Naciones soberanas. Consideraban que la expropiación constituía la violación de las obligaciones de la Argentina bajo el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con España.
El gobierno de Carlos Menem firmó TBI con casi 60 países, y cosechó sus frutos a lo largo de estos años acumulando demandas de empresas en contra de Argentina. Alegaban que la expropiacón era ilícita por no haber pagado el monto correspondiente, que Marsans fijaba en 1590 millones de dólares. Además, acusaban al país de haber tomado medidas que restringían aumentar el precio de los pasajes para influir negativamente sobre la gestión e impulsar a que Marsans malvendiera la empresa.
Tras una década del proceso de arbitraje, el tribunal del Ciadi dictó en 2017 un laudo que le dio la razón de manera parcial a los demandantes. De acuerdo al tribunal, Argentina no pagó el precio que le correspondía por la expropiación, aunque no le dio la razón en la malintención por la regulación de las tarifas. La decisión, sin embargo, no fue tan brutal para el país: lo condenó a pagar 320 millones de dólares mas intereses corridos desde 2017, cuando la demanda había solicitado 1590 millones de dólares con intereses desde el 2008.
En ese momento, la defensa argentina bajo la gestión de Mauricio Macri decidió presentar un pedido de anulación del laudo y eso dio lugar a dos años más de procesos que concluyeron en 2019 con una nueva decisión del Comité ad hoc del Ciadi, formado especialmente para arbitrar este laudo, que rechaza la pretención de anulación.
