Negro de mierda, puta, villero, autista o retrasado. Estas palabras son utilizadas demasiado a menudo para agredir, descalificar, disminuir. Para hacerlo, se valen de los grupos históricamente vulnerados y de los prejuicios que, muy arraigados todavía, predominan en una mirada que denigra la diversidad y que reproduce esquemas de discriminación inveterados.

Lo más preocupante de las expresiones de Sendra en el diario Clarín del viernes pasado en relación al Presidente no fue la utilización del término “Retrasado”, según el dibujante, en clara alusión a sus condiciones para conducir el país. Ya sabemos que muchos miembros de la oposición y medios monopólicos evidencian su falta de creatividad para atacar a Alberto Fernández y a cualquier miembro del Gobierno Nacional, recurriendo para ello a la mentira, al descrédito o a la discriminación.

Lo que realmente nos debe preocupar es el lugar de inferioridad donde ponen estos sectores a las personas con discapacidad, instalándose como sujetos hegemónicos desde una supuesta normalidad que es la que les habilita a discriminar y oprimir a los otros.

Utilizar hoy términos como “Retrasado”, “Autista”, “Gobierno Ciego” y expresiones similares violan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que nuestro país ratificó en 2008 y a la cual, posteriormente, otorgó rango constitucional. Además, la Ley 26.657, Ley Nacional de Salud Mental, establece en la Argentina un nuevo modelo para trabajar en relación con la discapacidad psicosocial o intelectual que estos sectores parecen desconocer absolutamente.

Pero, fundamentalmente, utilizar estas expresiones vuelve a marcar todo lo que a nuestra sociedad aún le falta avanzar para abandonar una mirada que ve a la discapacidad como sinónimo de “incapacidad” o “enfermedad”.

Casi seis millones de personas con discapacidad viven en la Argentina. De ellas, se estima que 8 de cada 10 en edad de trabajar no tienen empleo, y a ello se suma el agravante de que, entre 2016 y 2019, el Gobierno anterior quitó derechos tan esenciales como una pensión no contributiva al sector más vulnerable de esta población, pidiendo, al mismo tiempo, que familias acomodadas pudieran becar a personas con discapacidad destacadas. El abandono del Estado de su rol de garante de los derechos de este colectivo fue total.

Hoy estamos dejando atrás esa página oscura. Nuestra gestión viene transformando el Estado para que pueda estar a la altura del enorme desafío que la inclusión del colectivo supone. Gracias a la decisión política de Alberto Fernández, la discapacidad es hoy prioridad para nuestra agenda de gobierno. Venimos desarrollando una tarea inédita que busca garantizar la transversalidad de esta perspectiva en todas las políticas públicas e impulsamos una gestión que pretende tener impacto federal.

Por otro lado, muchas familias y profesionales ligados a esta temática en los últimos 30 años han creado organizaciones para dar respuestas a las personas con discapacidad intelectual porque confían en sus hijos e hijas, en sus potencialidades y rechazan de plano que se los llame “retrasados”. Durante esta gestión se viene trabajando para mejorar el rol del Estado en la atención directa de esta población y acompañar a tantas entidades, hogares y residencias que asumen esta responsabilidad también. Recientemente, y de acuerdo con el compromiso del presidente, se otorgó el segundo aumento del año al valor de las prestaciones para las personas con discapacidad que establece la ley 24.901. Con este incremento, los aranceles tendrán un aumento que este año alcanzará un total de 78,35%.

Para eliminar barreras, fomentar la igualdad de oportunidades y generar inclusión para las personas con discapacidad deben comprometerse todos los sectores de la sociedad. Por eso repudiamos expresiones como las vertidas en el Diario Clarín este viernes y confiamos en que su autor se retracte, ya que las mismas no solo ofenden la investidura presidencial, sino que, principalmente, agreden a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual y refuerzan los prejuicios que obstaculizan su inclusión.

La Argentina que queremos incluye a las personas con discapacidad porque su protagonismo e inclusión plena son derechos que el Estado y toda la sociedad debemos promover y garantizar.

*El autor es Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.