En Texas entró en vigencia este miércoles una ley que prohíbe el aborto a partir de las primeras seis semanas de gestación, en medio de una gran controversia porque se esperaba que la Corte Suprema se pronunciara para frenarla con una medida cautelar. Prácticamente es una prohibición total, la más restrictiva que ha existido en Estados Unidos desde el famoso caso de “Roe vs. Wade", esa batalla legal librada en 1973 ante el máximo tribunal norteamericano que abrió el camino en ese país a la legalización de la interrupción voluntaria de embarazo. “Como sabemos, las semanas de embarazo se cuentan desde el último período, entonces estamos hablando de que una mujer con un ciclo normal de menstruación, tendrá solo dos semanas de retraso. En la mayoría de los casos, las mujeres no se han enterado para ese momento de que están embarazadas”, advirtió a Página/12 la abogada Paula Ávila-Guillén, directora ejecutiva de Women's Equality Center, una organización que trabaja en EE.UU. por los derechos humanos y la equidad. En tono de caza de brujas, la norma prevé recompensas para quien denuncie su incumplimiento.

La ley fue impulsada en mayo por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, y aprobada por el Congreso estadual, también con mayoría republicana. Pero no solo prohíbe el aborto más allá de la semana sexta de gestación. Además, explicó Ávila-Guillén, “tiene un componente que es sumamente preocupante y me recuerda muchísimo a lo que pasa en El Salvador, después de que en el ‘98 entró en vigencia la prohibición total del aborto en el país centroamericano: la ley en Texas establece que cualquier persona puede demandar a un médico o a una clínica en caso de que tengan sospecha de que se hizo un aborto después de ese plazo. Y la persona que demanda puede llegar a recibir hasta 10 mil dólares de recompensa por haber denunciado y ayudado a cumplir la ley”.

Desde su aprobación en mayo, se hicieron distintas presentaciones ante la Corte Suprema para que interviniera a fin de evitar su entrada en vigencia, con una medida cautelar, por lo menos hasta que se discutiera el fondo del asunto. Pero el máximo tribunal no se expidió hasta el momento. Podría hacerlo más adelante.

“Esta normativa pone a más de seis millones de mujeres, la mayoría latinas, que viven en Texas, un estado que tiene niveles de pobreza altos, en una situación muy difícil porque no van a poder acceder a abortos después de las primeras 6 semanas de embarazo”, alertó la abogada, especializada en derechos sexuales y reproductivos.

--¿Por qué compara este nuevo contexto normativo con la situación de El Salvador? –le preguntó Página/12.

--Si bien en el caso de El Salvador, cuando se cambia la ley y entra a regir la prohibición absoluta del aborto, no hay un incentivo económico para denunciar a quienes la violan, si hay una orden por parte del Ministerio de Salud (y también de la Fiscalía General) al decir que los abortos son un delito y todos los profesionales de la salud tiene la obligación de denunciarlo. Lo que nosotros hemos visto en El Salvador es que cualquier emergencia obstétrica, como una pérdida espontánea de embarazo se vuelve sospechosa. Entonces, médicos, enfermeros, guardias, vecinos, comienzan a denunciar a las mujeres. Y esto ha generado que en El Salvador mujeres que tienen pérdidas espontáneas de embarazo no puedan probar que les sucedió eso y se vuelven inmediatamente criminales y esto puede pasar en Texas. Es muy preocupante. Se están poniendo en riesgo los derechos de las mujeres, su autonomía, y no es un buen inicio de lo que puede venir porque justo la Corte en Estados Unidos habilitó que se discuta una ley de Mississipi sobre aborto, un caso que es un desafío completo al fallo de Roe –explicó Ávila-Guillén.

Para la abogada “es momento para que el Congreso actúe y decida proteger el derecho al aborto con una ley federal, como la de Argentina”. Si en Estados Unidos hubiera una ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo como la de Argentina, el derecho al aborto no dependería de la postura sobre el tema de los integrantes de la Corte Suprema. “Es momento de que actúe la administración del presidente (Joe) Biden y el Congreso”, exhortó.

La nueva ley de Texas prevé sanciones para los médicos como quitarle la licencia y no permitirles ejercer pero no contempla penas de prisión ni para ellos ni para las mujeres que abortan.

“Es una guerra muy clara contra el personal médico. No hay penas contra las mujeres porque cuando quisieron incluirlas se dieron cuenta de que son poco populares incluso dentro de los sectores republicanos. Más del 90 por ciento de la población no está a favor de que se criminalice a las mujeres. Es una ley contra los prestadores de servicios de aborto que afectará las vidas y la salud de las mujeres”, dijo Ávila Guillén.

Hasta ahora, las leyes que contradicen directamente el marco establecido por la Corte Suprema en 1973 –que son impulsadas por sectores antiderechos en distintos estados de EE:UU--, incluidas las que prohíben todos los abortos o limitan los abortos a las primeras semanas de embarazo, han sido sistemáticamente derogadas por los tribunales.