Cuando esa minoría intensa que lucha por los derechos humanos aún seguía apesadumbrada por el fallo de la Corte, la detención de uno de los setenta represores prófugos fue una señal de aliento. Marcelo Cinto Courtaux no figura entre los criminales más conocidos, pero fue un importante oficial de Inteligencia del Ejército que siguió actuando hasta los últimos años de la dictadura y estuvo tres años prófugo, luego de pedir a la Justicia una prórroga de su indagatoria. Courtaux, de 69 años, fue buscado en varios países hasta que, finalmente el sábado pasado al mediodía, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo detuvo en un locutorio de Pueyrredón y Santa Fe, en plena Capital.

“En el marco de lo que ocurrió la semana pasada con el fallo del 2x1 este hallazgo levanta ánimos, no se afloja ni un centímetro la lucha, la búsqueda de los demás prófugos imputados por delitos de lesa humanidad no se detiene”, dijo a PáginaI12 Pablo Llonto, abogado de las víctimas de este sicario del terrorismo de Estado.

Llonto recordó que este prófugo era buscado con una recompensa de 500 mil pesos desde 2014, y destacó que “vino a traer algo de alivio en el movimiento de derechos humanos y en especial en las comisiones de derechos humanos de zona Norte y Campo de Mayo, en estos días en que el fallo de la mayoría de la Corte Suprema causaba una sensación de retroceso en familiares, víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado”.

En marzo de aquel año, Courtaux fue citado a indagatoria por la jueza Alicia Vence del juzgado federal 2 de San Martín por los hechos originados desde el Batallón 601, la Jefatura de Inteligencia del Ejército y el Comando de Institutos Militares (Campo de Mayo) para secuestrar, torturar y asesinar a cerca de 100 militantes montoneros que formaron parte de la acción política conocida como la Contraofensiva, entre 1979 y 1980. Era jefe de Inteligencia de la Primera Sección en el Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, dependiente del Batallón de Inteligencia 601.

En 2014 la jueza Vence indagó y procesó a una decena de oficiales del Ejército, la mayoría de ellos del área de Inteligencia que actuaron coordinadamente entre el batallón 601 de Inteligencia y Campo de Mayo y que fueron los autores mediatos y coautores de los mismos delitos –con las mismas víctimas– que se le imputan a Cinto Courtaux. Según describió Llonto, en otras declaraciones testimoniales de la megacausa Campo de Mayo Cinto Courtaux, quien fue dueño de empresas de seguridad, también había sido nombrado por conscriptos como uno de los jefes de los operativos de secuestro y aniquiliamiento que partían desde Campo de Mayo, en la Escuela de Comunicaciones y operaban en el partido de San Isidro.

Una de las víctimas del operativo que reprimió la Contraofensiva montonera fue Noemí Gianetti de Molfino, secuestrada en Perú en 1980 y asesinada en España. Ayer, su hijo, el reportero gráfico Gustavo Molfino, quien se especializó en “cazar” represores poco conocidos con su cámara fotográfica, se mostró esperanzado respecto de la continuidad de este proceso, que ya fue elevado a juicio oral cuando la jueza cerró la etapa de instrucción. Aunque pueda demorar en concretarse, Courtaux estará en el banquillo de los acusados y, mientras tanto, no podrá gozar del beneficio del arresto domiciliario por haberse dado a la fuga.

Los abogados de la querella también se manifestaron muy satisfechos con la tarea desempeñada por la jueza y el personal del juzgado en una búsqueda que incluyó al inicio diversos países y provincias antes la posibilidad de una huida al exterior. Ahora esperan que ocurra lo mismo con Alberto Daniel Sotomayor, también oficial de Inteligencia de Campo de Mayo.

Las tareas de inteligencia dispuestas por la jueza Vence incluyeron seguimientos de Interpol, intervenciones telefónicas, filmaciones de los desplazamientos del represor en Barrio Norte, seguimiento en estaciones de subte y finalmente su detención y el secuestro de los elementos en su poder. En la billetera de Cinto Courtaux había un recorte periodístico del abogado Llonto, con su foto y una indicación del lugar de trabajo, la Facultad de Periodismo de la UNLP. Cuando el fiscal en la indagatoria le consultó sobre esta fotografía, respondió: “Es que quería saber lo que opinan todos”.