Organizaciones y asambleas vecinales que trabajan en defensa del espacio público porteño presentaron este lunes un posicionamiento conjunto de cara a las elecciones legislativas en el que advirtieron que la Ciudad de Buenos Aires "está siendo planificada por y para las corporaciones inmobiliarias" en el marco de una "ciudad excluyente": "Consideramos de vital importancia que la Legislatura deje de funcionar como una escribanía del Poder Ejecutivo", advirtieron. En un acto realizado frente a la Legislatura porteña enumeraron una serie de propuestas y exigencias para que la Ciudad tenga "más verde y menos cemento", y pidieron que la audiencia pública por el barrio de torres de lujo del Grupo IRSA en Costanera Sur cuente con participación presencial y no solo virtual como estipuló la Legislatura.

"Ciudad excluyente"

"Vecinxs de CABA unidxs por más verde. Basta de violencia inmobiliaria", decía la bandera que, detrás de las y los oradores del acto, colgaba sobre el vallado policial que este lunes al mediodía rodeó el edificio legislativo. Allí, más de cuarenta organizaciones y asambleas vecinales presentaron un pronunciamiento público para rechazar el modelo de "ciudad excluyente" y proponer una Buenos Aires con "lógica humanista, participativa, armónica con la naturaleza y que contemple las necesidades e intereses de la población que la habita".

"Lamentablemente, los intereses del mercado inmobiliario tienen su clara representación política, tanto en el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, como en sus aliados circunstanciales en la Legislatura", comenzaron los representantes de las organizaciones que leyeron el documento que, al finalizar el acto, fue ingresado por Mesa de Entradas a la Legislatura. "Esto les garantiza la privatización de tierras públicas y la sanción automática de leyes redactadas a la medida de negociados espurios, a costa de la destrucción de los barrios y la alteración de la calidad de vida de quienes habitamos la ciudad y de las futuras generaciones", agregaron. 

En este marco, las organizaciones catalogaron al convenio entre IRSA y el GCBA como "el ejemplo que sintetiza el saqueo histórico de tierras públicas y el tratamiento preferencial que la Legislatura tiene para estas iniciativas". El proyecto de IRSA para construir torres de lujo de hasta 145 metros en el predio de 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors ya fue aprobado en primera lectura por el oficialismo porteño y ahora deberá pasar por una audiencia pública que comenzará el próximo 15 de octubre. Aunque las autoridades legislativas definieron que las jornadas de esa audiencia se realizarán de forma virtual, las organizaciones piden que se incorpore la participación presencial en el marco de una modalidad mixta. 

"El Gobierno de la Ciudad habilita la presencialidad total en las escuelas, permite recitales con miles de personas, pero restringe la participación ciudadana en los asuntos que le afectan directamente en su forma de vida, en una acción claramente antidemocrática", advirtieron. El planteo se enmarca en un reclamo general que levantan las organizaciones para que el GCBA "respete la participación ciudadana" y que "sus opiniones y propuestas se vean reflejadas en las normas y en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas", según señalaron durante el acto. 

"Ciudad inclusiva"

De cara al proceso electoral que se avecina, que puede modificar la conformación del cuerpo legislativo en el que actualmente el oficialismo alcanza fácilmente la mayoría junto con sus bloques aliados, las organizaciones remarcaron que es "de vital importancia" que la nueva composición de las bancas "represente y dé respuestas a las diversas iniciativas y proyectos de ley que desde los barrios porteños venimos elaborando".

Preservar la tierra pública para plazas y grandes parques, destinar edificios en desuso del Estado para equipamiento urbano en educación, salud, servicios y centros de cuidado, descentralizar la gestión estatal, y generar vivienda asequible y espacios de cultura y deporte, son algunas de las propuestas planteadas contra el modelo de desarrollo urbano del GCBA. "Necesitamos una ciudad integrada, sustentable, inclusiva, segura, planificada democráticamente, donde su suelo sea puesto a disposición de las necesidades básicas de su población", sostuvieron. 

Además de exigir que se incrementen los espacios verdes públicos, reclamaron la protección de los humedales ribereños y acceso público a la costa del Río de la Plata. También pidieron revertir las modificaciones al Código Urbanístico y de Edificación "que vulneran la calidad ambiental y alteran la identidad barrial" y derogar "todas las leyes que implicaron la urbanización de tierras nacionales en la ciudad".

El pronunciamiento llevó la firma de más de cuarenta organizaciones, entre las que figuran Tierras Ferroviarias Verdes, Encuentro en Defensa del Espacio Público, Basta de Mutilar Nuestros Árboles, CTA Autónoma Capital Federal, Colegiales Participa y Decide, Vecinos Autoconvocados contra el Movistar Arena, Tribuna Ambiental, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Cátedra de Ingeniería Comunitaria - UBA y La Defensoría de Laburantes.