El abogado Cristian Villagrán pidió al juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Fernando Mariscal Astigueta, que exima de prisión a la médica Miranda Ruiz, que afronta una causa penal tras practicar una interrupción legal del embarazo a una mujer de 21 años de edad. 

A pesar de que la práctica que realizó está expresamente contemplada en la ley, la médica fue detenida el 3 de este mes y estuvo en esa condición por al menos cuatro horas, hasta que el juez dictó la excarcelación al final de una jornada en la que organizaciones de mujeres realizaron distintas acciones denunciando que grupos antiderechos y el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de Salta estaban obrando en contra de la legislación argentina. La detención fue solicitada por el fiscal penal de Tartagal Gonzalo Vega. 

Hoy habrá una nueva acción en apoyo a la médica bajo la consigna "Garantizar derechos no es delito". 

“La doctora es una persona proba y es indispensable”, dijo Villagrán a Salta/12 al informar sobre el pedido de eximición de prisión. El abogado recordó que Ruiz debe presentarse a la Justicia cada semana “y las veces que sea necesario”, según dispuso el magistrado en la resolución de excarcelación.

Según se informó, Ruiz tenía previsto ir a Santa Victoria Este para trabajar sobre prevención de tuberculosis (TBC) en el territorio, pero con su situación judicial no sabe si podrá continuar haciéndolo, dado que debe solicitar permiso al juez para poder salir de la ciudad de Tartagal.

Santa Victoria Este es el pueblo cabecera del extenso departamento Rivadavia y se ubica en el límite tripartido de Argentina con Bolivia y Paraguay. Es una zona que tiene mayoría de habitantes de pueblos indígenas, entre los que viene realizando su trabajo territorial la médica ahora encausada. Tartagal es cabecera del departamento San Martín y dista más de 160 kilómetros de Santa Victoria Este y a mayores distancias de muchos de los parajes que se encuentran desperdigados en este territorio. 

El abogado de la médica también se refirió a la difusión del contenido de la denuncia que finalmente realizó la mujer que accedió a la ILE. "Esas cosas se filtran. Pero no tendría que suceder”, lamentó.

Unides por la militancia antiderechos

Ayer el diputado provincial Andrés Suriani y su par, Cristina Fiore, se convocaron en la Ciudad Judicial de Tartagal para acompañar a la concejala de Salvador Mazza y directora de Niñez y Familia del mismo municipio, Claudia Subelza, una de las testigas que declaró en la causa. Sin embargo, Fiore dijo a los medios que Subelza había asistido a realizar una denuncia.

“Nos une la militancia provida”, dijo la diputada Fiore a medios de Tartagal. La legisladora se hizo eco de publicaciones no comprobadas que han dado supuestos detalles de la práctica realizada en el Hospital de Tartagal: “Si lo que hay acá es como los medios lo indican es realmente terrible”, aventuró. Y apuntó directamente contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cuando en este caso se trató de una ILE, al sostener que “es horrible la interpretación que puede llegar a hacerse” de la normativa.

Fiore y Suriani estuvieron en compañía de unas 10 personas (entre ellas tres mujeres de una parroquia junto al cura ), y mostraron su alegría para con el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que, contrariamente a las decisiones judiciales que vienen dándose hasta ahora, les permitió seguir litigando en un planteo de constitucionalidad de la Ley 27610, de IVE.