Unas 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y 8 proveedorxs de salud fueron procesadxs por aborto en Ecuador entre 2009 y 2019, incluidxs 38 que cumplieron condena en prisión después de ser declaradxs culpables, o mientras esperaban, o durante el juicio: 33 eran mujeres y niñas, 1 un proveedor de salud y 3, compañeros masculinos. Todxs fueron acusadxs ​​o condenadxs por cargos relacionados con el aborto, y otros tres casos recayeron sobre dos mujeres y una niña, acusadas de homicidio después de una emergencia obstétrica. Lxs condenadxs cumplieron un promedio de cuatro meses en prisión o completaron una sentencia suspendida, lo que implica realizar servicio comunitario y/o asistir a terapia psicológica. Los datos surgen de un informe de Human Rights Watch, y agregan que según las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec) de ese país, en 2019 hubo 911 casos en los que se determinó que el aborto estaba legalmente permitido, sin que paciente o médicx tuvieran que temer un procesamiento. 

“Algunos profesionales de la salud han asumido un papel más parecido al de los fiscales penales al interrogar a mujeres y niñas sobre su conducta, no solo sobre sus necesidades médicas, en busca de pruebas de culpabilidad”, advierte el estudio. “Posteriormente, esos mismos profesionales testifican contra ellos en el proceso judicial, a pesar de tener el deber de confidencialidad.” Ecuador registra uno de los índices de embarazo adolescente más altos de la región, superado por Nicaragua y República Dominicana. Las cifras del Inec señalan que, durante 2020, unas 3.000 niñas menores de 14 años fueron obligadas a ser madres, producto de una violación. La mayoría vive en la pobreza. El dogma antiderechos de los conservadurismos religiosos enquistados en Ecuador es avanzada regional, como se dejó ver en las elecciones del domingo último en la Argentina y los porcentajes favorables para sectores de la ultraderecha. Hace días apenas, la médica de Salta que realizó una ILE en el marco de la normativa vigente, padeció el encarcelamiento hasta que le retiraron la imputación y la liberaron, casi al mismo tiempo que la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia concedía legitimidad al reclamo de un grupo encabezado por la diputada provincial Cristina Fiore, en una declaración de inconstitucionalidad planteada contra la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), que el Estado nacional y organizaciones de derechos humanos ya están recurriendo por gravedad institucional.