El fiscal federal Ramiro González pidió que se cite a declaración indagatoria a dos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, el exministro de Energía Javier Iguacel y al exsecretario del área Gustavo  Lopetegui, por presuntos delitos en la venta por un valor "muy inferior al real de las centrales termoeléctricas "Brigadier López" y "Ensenada de Barragán".

En la causa caratulada "Mauricio Macri y otros s/ defraudación por administración fraudulenta”, el fiscal elevó un dictamen al juez federal Sebastián Casanello requiriendo la citación a indagatoria y la inhibición general de bienes de Iguacel, del exsecretario de Energía Lopetegui y de otros siete imputados: Mario Agustín Dell'Acqua, Luis Eduardo Pintos, Daniel Gustavo Minenna, Claudia Liliana Mundo, Carolina Calcagno, Mario Ricardo Thiem y Alejandro Martín Fontan Balestra. Las indagatorias habían sido solicitadas también por Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (Ieasa), que es querellante en el expediente.

"Todos los imputados revestían la calidad de funcionarios públicos y tenían directa relación con los bienes afectados, ya que las centrales se encontraban bajo su órbita" remarcó el fiscal González en su dictamen. Además sostuvo que según las pruebas recabadas, "estos bienes fueron sustraídos de su titular (el Poder Ejecutivo Nacional) por un precio que no se condice con el valor que tenía a ese momento".

"Todas las modificaciones que hicieron a los pliegos y el no cómputo de la reducción de deuda en el valor de las centrales me permite afirmar que conocían el tenor de la maniobra que estaban realizando, la cual concluyó en las ventas de las centrales por un valor muy inferior al real", remarcó.

La operatoria investigada tuvo lugar a fines octubre de 2017, cuando el gobierno de Cambiemos ordenó la privatización de importantes activos del Estado nacional, a través de Decreto 882. Entre ellos, las centrales térmicas de Barragán, del polo petroquímico Dock Sud y la Brigadier López, ubicada la localidad de Sauce Viejo, a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, con capacidad de generar 560 MW y 280 MW, respectivamente.

En agosto de 2018, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó el valor patrimonial de la central Ensenada de Barragán en u$s 305.906.000 y Brigadier López en u$s 207.110.000. Entre mayo y junio de 2019 la administración de Macri adjudicó Barragán por u$s 229.529.500 y Brigadier López en u$s 165.432.500, muy por debajo de sus tasaciones.

Según los cálculos de IEASA, el Estado dejó de percibir u$s 76.376.500 por Barragán, que fue adjudicada a YPF-Pampa, y otros u$s 41.677.500 por Brigadier López, que pasó a manos de Central Puerto, una empresa de Nicolás Caputo, el gran amigo de Macri. 

Ahora, las citaciones requeridas por la fiscalía deben ser resueltas por el juez Casanello.