El Senado aprobó la norma que excluye a los represores del beneficio concedido por la Corte
Una ley para cerrarle la puerta al 2x1
Por unanimidad, los senadores convirtieron en ley la iniciativa que la Cámara de Diputados había aprobado horas antes. El FpV-PJ cuestionó a los jueces de la Corte que beneficiaron a un represor y destacaron el contexto político que habilitó el fallo.
La Cámara alta aprobó sin modificaciones el texto que había llegado desde Diputados.La Cámara alta aprobó sin modificaciones el texto que había llegado desde Diputados.La Cámara alta aprobó sin modificaciones el texto que había llegado desde Diputados.La Cámara alta aprobó sin modificaciones el texto que había llegado desde Diputados.La Cámara alta aprobó sin modificaciones el texto que había llegado desde Diputados.
La Cámara alta aprobó sin modificaciones el texto que había llegado desde Diputados. 
Imagen: Télam

Es ley la limitación expresa a la posibilidad de que represores y genocidas puedan acceder al beneficio del 2x1, tal como hace una semana había habilitado la Corte Suprema. Por unanimidad, 56 votos, el Senado sancionó la norma que el miércoles por la noche había aprobado Diputados. Durante el debate, y tal como ocurrió en la Cámara baja, los senadores de Cambiemos buscaron olvidar la posición primigenia de los funcionarios del Poder Ejecutivo y se concentraron en tratar de capitalizar lo que definieron como un logro de la gestión macrista en cuanto a su política en derechos humanos. Los senadores del peronismo, con sus diferencias, resaltaron el contexto político que permitió un fallo que se había transformado en un novedoso proceso hacia la impunidad y alertó sobre la construcción de una nueva “mayoría automática” en la Corte.

La Cámara alta aprobó sin modificar el texto que había llegado desde Diputados de manera veloz y sin tropiezos, como sucedió con proyectos que el oficialismo rechazaba. En rigor, la redacción en Diputados se hizo consultando al Senado, para que los tres artículos no sufrieran modificaciones. Y así sucedió.

Antes del comienzo de la sesión, el Salón Azul se colmó de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, militantes de organismos de derechos humanos, senadores y diputados. En realidad, el encuentro estaba pautado desde antes y tenía la intención de convocar a la movilización de la tarde. Sin embargo, con la media sanción de Diputados y la inminente aprobación de los senadores, se convirtió en un acto donde se reiteró el rechazo y el repudio al fallo de la Corte.

El proyecto fue presentado por el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino (FpV-Entre Ríos), quien centró su discurso en el contexto que permitió la resolución de los supremos. Aseguró primero que desde los medios de comunicación se fue reconstruyendo la teoría de los dos demonios, a lo que sumó las diferentes declaraciones de funcionarios nacionales, como la de relativizar el número de desaparecidos o la intención del presidente Mauricio Macri de transformar en móvil el feriado del 24 de marzo. No se olvidó de la “coincidencia incomprensible del pedido de reconciliación de la Iglesia católica” y por ello consideró que la única respuesta posible era poner un límite a través de una ley de carácter interpretativo que limite a los jueces a la hora de aplicar beneficios a acusados y condenados por delitos de lesa humanidad.

El vicepresidente del Senado, Federico Pinedo, que había comenzado conduciendo la sesión, ocupó su banca para desgranar un discurso extremadamente cuidado y aferrado a cuestiones legales para despegarse de cualquier intencionalidad o interpretación política de lo que había sucedido. “Lo que hacemos es darle al Poder Judicial una herramienta interpretativa dispuesta por el Congreso a los efectos de abordar este tema tan delicado”, dijo primero, sin que su rostro emitiera algún tipo de sentimiento, y con tono monocorde continuó: “Defendemos el conjunto de valores así que con absoluto respeto de la opinión de los jueces nos parece relevante que los representantes de la provincias dejen en claro cuál es el pensamiento de la sociedad en esta materia”, aseguró y regresó a conducir la sesión para no volver a hablar.

La que buscó ponerle un poco de picante político fue la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien funge como presidenta del bloque. Con su voz estridente trajo a colación un fallo de la Corte de 2013 que, según ella, es similar al que dictó el actual tribunal y, a diferencia de lo que sucedió ahora, con “una rápida respuesta desde Cambiemos”, no se hizo nada y se aceptó que un represor gozara del beneficio del 2x1 (NdR: en realidad, se trataba de un recurso que la Corte desestimó tratar). Luego, la legisladora se animó a deslizar un concepto que el macrismo hizo circular antes del fallo sobre el deseo de venganza que habría entre las víctimas de la represión. Rodríguez Machado lo expresó como al pasar cuando dijo que “la mejor forma de transformar las cosas en justicia y no en venganza es que la ley sea pareja para todos”.

La senadora Virginia García, del ala kirchnerista del PJ-FpV, les recordó a sus pares que para “la complicidad civil de la dictadura nunca será un tema menor la política de derechos humanos” y, en ese sentido, destacó los actos preparatorios que se hicieron como preludio del fallo de los cortesanos. “Este es un fallo político que acompaña el proceso político que vive la Argentina”, dijo y recordó que tanto Horacio Rosatti como Carlos Rosenkrantz llegaron a la Corte a través de un decreto presidencial y que, recién tras las críticas, el Gobierno cumplió con las normas establecidas para la designación de los miembros del más alto tribunal judicial. De paso, criticó a los senadores que respaldaron los pliegos de los cortesanos. Una observación que incluyó a sus compañeros de bloque que los votaron.

El debate no era intenso ni crispado como en otras oportunidades. A la vicepresidenta, Gabriela Michetti, pareció que le resultaba indiferente: llegó al recinto con la sesión ya avanzada, ocupó su lugar en la presidencia del cuerpo y, en más de una oportunidad, la transmisión interna de TV la mostró como abstraída de los discursos.

Si bien Rosatti y Rosenkrantz fueron objeto de la mayoría de las críticas, la tercera firmante del fallo, Helena Highton de Nolasco, no estuvo exenta. El puntano Adolfo Rodríguez Saa afirmó que “estamos viviendo un retroceso histórico. Porque este fallo, tan trascendente, no es una ingenuidad”. Luego le apuntó a la jueza, de quien dijo que “ha cumplido su mandato y se queda, como si estuviera bien, como si no cumplir con la Constitución estuviera bien. El Poder Ejecutivo no apeló y consintió en lo que parece ser una negociación”. 

El jefe del bloque del PJ-FpV, Miguel Pichetto, fue más duro. Dejando de lado el tradicional y cuidado discurso de los senadores, el rionegrino cuestionó la repetición de fallos polémicos en la Justicia de todo el país. Puso como ejemplo el del juez Carlos Rossi, que liberó a un violador de Entre Ríos, y afirmó: “Habría que pegarles una patada porque no saben para qué son jueces. Nos encontramos con decisiones judiciales irra-cio-na-les”, dijo, levantando su voz.

Ya sobre la acordada de la Corte, Pichetto advirtió que el fallo fue cuestionado en el mundo entero provocando que el prestigio del alto tribunal se “devaluara fuertemente”. Es más, el legislador reconoció que no le encuentra explicación al fallo: “No sabemos cuáles son las razones de la elección de este tema. Todos sabemos que la Corte elige los casos, que no trata todos los casos. ¿Por qué no se buscó una mayoría más intensa, o por lo menos una mayoría de 4 a 1 para la definición de un tema muy sensible?”, se preguntó. Allí fue cuando primero le apuntó a Highton de Nolasco, a quien criticó por no acatar la exigencia constitucional de renunciar al cumplir 75 años. “Si los jueces no cumplen con la Constitución, estamos irreversiblemente perdidos”, dijo y resaltó que pese a las diferencias que mantenía con Raúl Zaffaroni le reconocer que cumplió con la manda constitucional de jubilarse. En esa línea, Pichetto lanzó una sospecha sobre la presunta intención del Gobierno de recrear una “nueva mayoría automática” y, para evitarlo, recomendó que “se oxigene la Corte, hay que rearmarla”, indicó. No recibió respuestas desde el oficialismo, pero dejó sentada esa posición que bien puede generar futuros debates y hasta negociaciones.