La Legislatura porteña sancionó ayer una nueva ley de Seguridad Pública, por lo que la Policía de la Ciudad ya tiene el marco legal para comenzar a patrullar las calles a partir del 1º de enero de 2017. El proyecto oficial, discutido durante mes y medio, llegó al recinto con un amplio consenso, lo que se reflejó a la hora de la votación: 55 de los 60 legisladores lo aprobaron, incluidos los de los bloques del Frente para la Victoria y de ECO. Apenas hubo tres votos negativos, de los legisladores del FIT, y una abstención, que corrió por cuenta de Adrián Camps, del Socialismo Auténtico.
La mayoría de la oposición basó su apoyo en tres ejes fundamentales, que el PRO aceptó negociar: la posibilidad de que sea designado un civil al frente de la fuerza, la no obligatoriedad para los efectivos de intervenir fuera del horario de servicio y la prohibición del uso de las armas de fuego en las manifestaciones. Sin quórum quedaron las propuestas de abrir la posibilidad de sindicalización y de eliminar los servicios adicionales. “No es la ley ideal, pero es la ley posible”, definió el jefe del bloque del FpV, Carlos Tomada, tras la sesión de ayer.
El resto del texto, casi un copy-paste del que creó a la Metropolitana en 2009, no tuvo demasiadas objeciones. Las principales siguen siendo la continuidad de los polémicos adicionales, una tradición dentro de la Federal, y el protocolo represivo. Los adicionales son señalados por ONGs y especialistas en seguridad como una forma de hacer caja de los jefes, que se aprovechan de la necesidad de los efectivos de tomar más trabajo para completar un sueldo digno y se quedan con una tajada. Respecto de la protesta social, “no queda clara la gestión política ni la regulación del uso de la fuerza”, advirtió Gabriel Fuks, del bloque de la Corriente Nacional de la Militancia.
El bloque de la Coalición Cívica, que responde a Elisa Carrió, elogió la norma. “Dejamos claramente establecidos en la ley cuatro principios y objetivos: gobierno civil, prevención, transparencia y participación ciudadana. Es la mejor ley de seguridad que podemos tener”, sostuvo Maximiliano Ferraro.
Desde el FIT, Marcelo Ramal salió al cruce de esa consideración. “El sistema de transparencia en la información es una farsa. La misma ley enumera las razones por las que la policía se puede negar a darla”, sostuvo. “Los foros vecinales no podrán ejercer ningún control efectivo, sólo son un maquillaje democrático para la misma policía corrupta y represiva”, añadió. Adrián Camps, del Socialismo Auténtico, justificó su abstención en que los uniformados deberían tener derecho a organizarse sindicalmente.
Las principales resistencias no estuvieron en la Legislatura sino al interior de la Federal, que aportará el grueso de efectivos de la nueva fuerza, un total de 19.500 sobre un total de 25 mil. Ante la falta información disponible por el apuro del traspaso firmado entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta a pocos días del cambio de gobierno, los efectivos supusieron una pérdida de derechos, y los jefes, que iban a perder “caja”. El propio jefe de la Federal porteña, Néstor Calviño, fue abucheado durante un acto en Lugano por oficiales y suboficiales traspasados, que se encargaron de filtrar la filmación.  
El apuro incluyó también el papelón del lanzamiento, a principios de octubre. Sin helicópteros propios para mostrar, Rodríguez Larreta mandó a plotear uno del SAME. Exultante, afirmó: “Este es un cambio histórico”.