La crisis climática aceleró de manera irremediable una transición energética global que requiere el diseño e implementación de una estrategia nacional que afronte sus desafíos ambientales pero también económicos, sociales y productivos.

Una transición energética es un cambio estructural en el sistema de abastecimiento y utilización de la energía. A diferencia de las transiciones del pasado, que surgieron como consecuencia de nuevas tecnologías y/o descubrimientos de recursos, la actual es una transición consciente para migrar del paradigma fósil, que fue tanto facilitador de la expansión del capitalismo global en los últimos dos siglos como causante del deterioro del medio ambiente. 

Ahora se avanza hacia un régimen energético bajo o neutral en emisiones de carbono. Incluye a las energías renovables, la electrificación, el desarrollo de sistemas de almacenamiento, como las baterías de litio, y de vectores energéticos, como el hidrógeno, y una mayor eficiencia en el uso de la energía.

En transición

Si bien la responsabilidad histórica del cambio climático recae en los países centrales junto a China e India, que tuvieron un crecimiento vertiginoso en el último cuarto de siglo, los países periféricos como Argentina no quedan al margen de la transición. 

En primer lugar, las emisiones nacionales representan apenas el 0,7 por ciento del total mundial, aunque se colocan por encima del promedio global cuando son medidas en relación con el PBI y la población. 

En segundo lugar, la Argentina adoptó distintos compromisos internacionales, entre ellos el Acuerdo de París, asumiendo su parte en materia de mitigación. El 53 por ciento de las emisiones nacionales provienen del sector energético, a partir de una matriz  dominada en un 87 por ciento por los hidrocarburos, cercano al promedio mundial. La particularidad nacional es que la primera fuente es el gas natural, con el 54 por ciento del total. 

El gas natural es el principal combustible utilizado en las centrales térmicas, las cuales cubren más del 60 por ciento de la demanda eléctrica nacional y que son secundadas por las centrales hidroeléctricas de gran escala. Si bien el gas natural es menos contaminante que la quema de carbón, una de las contribuciones nacionales en la lucha contra el cambio climático es el compromiso de una mayor participación de la generación eléctrica renovable que desplace a las centrales térmicas. 

En tercer lugar, la sequía en la región del Comahue y la bajante histórica del Paraná indican que el impacto del cambio climático ya es un hecho en la Argentina. En ese sentido, urge incorporar la adaptación en la planificación energética, dadas las dificultades verificadas en la generación de las centrales hidroeléctricas pero también en las centrales térmicas y nucleares que utilizan agua para sus procesos productivos. 

En cuarto lugar, se aproximan amenazas en el comercio exterior: la Unión Europea y Estados Unidos estudian la imposición de aranceles basados en las emisiones de carbono presentes en los procesos productivos o la utilización de barreras no arancelarias basadas en requisitos ambientales. 

En quinto lugar, la nueva oleada tecnológica vinculada a la transición energética interpela las capacidades locales para que los cambios no deriven en una mayor dependencia tecnológica en el futuro. En este sentido, la productividad del sector gasífero plantea una alta potencialidad para iniciar el desarrollo del hidrógeno como vector energético a gran escala. 

Por último, la descarbonización de la matriz energética nacional a través de energías limpias junto a una mayor eficiencia energética implica mejoras de productividad sistémicas que redundan en menores costos a mediano y largo plazo, lo cual incrementa la asequibilidad energética para hogares que se encuentran postergados y reduce costos productivos de las empresas.

El cuadrilema

A pesar del gran potencial eólico, solar y biomásico de la Argentina, hasta el año 2015 la participación de las energías renovables en la generación eléctrica no superaba el 2 por ciento. En este escenario, en octubre de 2015 se sancionó la Ley 27.191, que estableció como meta alcanzar el 20 por ciento del consumo de energía eléctrica a nivel nacional por medio de de fuentes renovables en 2025. 

Asimismo, la segunda contribución determinada a nivel nacional presentada en diciembre de 2020, siguiendo los preceptos de París, estableció una ambiciosa reducción de las emisiones hacia 2030, sumado al compromiso expresado por el presidente, Alberto Fernández, en la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático, de alcanzar el 30 por ciento de consumo de renovables ese año y lograr la neutralidad de carbono en el año 2050.

El camino hacia una matriz más limpia no está exento de obstáculos en ningún rincón del mundo, los cuales a su vez se magnifican en el contexto de la delicada crisis socio-económica que atraviesa la Argentina. Cuando se piensa en los desafíos nacionales de la transición, es útil tomar el concepto del trilema energético, compuesto por la seguridad energética, equidad energética y sustentabilidad ambiental, elaborado por el Consejo Mundial de Energía (WEC). Aquel trilema debería transformarse en un cuadrilema, en el cual intervienen dimensiones que pueden reportar objetivos contradictorios o tensiones entre sí. 

La seguridad energética se traduce en el histórico anhelo del logro del autoabastecimiento y también en la inversión en infraestructura para el despliegue del potencial renovable. La segunda dimensión es el costo energético, más amplio que la equidad energética, ya que incluye no sólo el acceso y la asequibilidad, sino también la competitividad de la economía. 

La tercera dimensión refiere a la descarbonización como meta específica dentro de la sostenibilidad ambiental, en el marco de la mitigación del cambio climático. Finalmente, la cuarta dimensión está directamente ligada con la problemática de ciertos países periféricos: el desarrollo tecno-industrial, entendido como la consolidación, ampliación y/o creación de capacidades tecnológicas e industriales vinculadas a las energías renovables.

El éxito parcial o total de la transición energética en Argentina depende de la resolución conjunta de las cuatro dimensiones, lo que necesariamente requiere una política de planificación de largo plazo para superar las tensiones o dilemas entre cada una de ellas.

Límites del RenovAr

Con el fin de cumplir las metas señaladas por la Ley 27.191, el gobierno de Mauricio Macri lanzó el Programa RenovAr, que consistió en una serie de mecanismos de fomento y licitaciones públicas para incorporar fuentes renovables a la matriz de generación eléctrica. 

El diseño de los incentivos supuso que el Estado Nacional se transforme en un garante de la rentabilidad de los proyectos principalmente a partir de los contratos de abastecimiento entre CAMMESA y los generadores. Se convalidaron precios sostén en dólares por la energía generada por un plazo de 20 años. Es decir, se diseñó una política pública en la cual el Estado adoptó un rol subsidiario para contribuir a la proliferación de estos proyectos y dejó las decisiones tecnológicas, territoriales, sociales y de infraestructura en manos del mercado.

Cuando se evalúan los resultados desde el cuadrilema, el RenovAr favoreció exclusivamente la tercera dimensión, dado que los proyectos aprobados y que prosperaron a pesar de la crisis económico-financiera de 2018-2019, elevaron la participación renovable en la generación eléctrica hasta el 12 por ciento en la actualidad. 

Sin embargo, la condición necesaria para plantear el éxito de una política para la transición energética debería ser su efecto en términos “sistémicos”, evaluando todas las dimensiones del cuadrilema. En este sentido, el RenovAr no sólo desatendió las otras dimensiones sino que agudizó viejas problemáticas y generó nuevas. 

En términos de seguridad energética, no se previó adecuadamente la infraestructura necesaria en transporte para garantizar la expansión de nuevos parques eólicos y solares. Los incrementos de los costos energéticos restaron competitividad a la economía nacional y fogonearon el tarifazo al consumo residencial: se estima que entre 2016 y 2019 más del 20 por ciento de los hogares pasaron a ser pobres en términos energéticos. Por último, se aplicó una débil promoción del componente nacional que redundó en el desaprovechamiento de capacidades locales existentes, como fue el caso de la recientemente capitalizada IMPSA.

Estas carencias deben ser evaluadas para articular el fomento de las fuentes renovables con un plan energético integral que tome en cuenta todas las capacidades productivas de la Argentina tanto en términos de recursos energéticos, como también industriales y sociales. De esa manera, se podrá trazar una transición energética que se ordene en la búsqueda de soberanía tecnológica, justicia social y ambiental.

*Investigador del CONICET/Flacso. Miembro del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación.