Mariano Macri, el hermano menor del expresidente, considera que así como el Correo Argentino y su controlante Socma pudieron haber perjudicado a la administración pública también pudieron haberlo hecho con respecto a él y a otros/as integrantes de la sociedad. Así lo sostuvo en una presentación que hizo en el juzgado federal de Ariel Lijo en la que pide ser reconocido como querellante en la causa en la que se investiga el acuerdo para licuar la deuda de la empresa postal y favorecer al grupo empresario durante el gobierno de Cambiemos. Su planteo comprometería en especial a sus hermanos Mauricio y Gianfranco, a la vez que busca generar un resguardo para él. Habla de maniobras de vaciamiento y defraudación, algo que ya fue señalado también en el expediente del concurso de acreedores que derivó en la quiebra de la firma.
En su solicitud para ser querellante, que anticipó Página/12, Mariano Macri se presenta como uno accionista de Socma Americana S.A, que describe como la "firma controlante de Sideco Americana S.A que, para el momento de los hechos que se investigan, resultaba titular del paquete accionario de Correo Argentino S.A". Lijo investiga, en esencia, si hubo un acuerdo espurio, "ruinoso" y "abusivo" para el Estado como sostuvo la fiscala Gabriela Boquin, con Mauricio Macri de los dos lados del mostrador, que llevó a intentar condonarle la mayor parte de la deuda a la empresa que había dejado de pagar el canon en el año 2000 y lleva un proceso concursal de 20 años. La quiebra fue declarada por la jueza Marta Cirulli en julio de este año y está en veremos, apelada en la Cámara Comercial y con una discusión en paralelo por la increíble intervención de Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires (ver nota aparte). De la mano del pacto por la deuda vendrían desvíos de dinero, vaciamiento y otros presuntos fraudes.
"Toda vez que los hechos investigados se relacionan con la posible administración infiel y vaciamiento de aquella firma y de que, en principio, esa administración --por parte de algunos de los accionistas y directores-- habría originado un perjuicio a la administración pública, no puede descartarse respecto que esas mismas conductas fraudulentas hubieran importado un perjuicio para el suscripto y para los restantes accionistas de Socma Americana S.A", dice el escrito de Mariano Macri, que tiene como abogados a Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.
En otro párrafo de la presentación, a la que accedió este diario, sostiene: "La pretensión que aquí formulo tiene por fin que se asegure la tutela judicial efectiva de mis derechos como otro posible sujeto defraudado en razón de las maniobras que se investigan en autos sin poder descartar, incluso, que los imputados en autos hayan realizado otras maniobras (en el marco de su defraudación) tendientes a ´licuar´ o pretender deslindar su responsabilidad jurídico penal utilizando como instrumento a otras personas que, como es mi caso, resultamos accionistas de Socma Americana S.A.".
En la causa penal que conduce Lijo constan dos informes técnicos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) que respaldaron la hipótesis de que el gobierno de Macri intentó favorecer al Correo con una quita de su deuda que sitúa en más del 92 por ciento aplicando 126 fórmulas distintas con escenarios y tasas de interés variadas. Un informe de un especialista de la UBA, Pablo Varela, coincide parcialmente. La fiscalía de Cámara había señalado podría superar el 98 por ciento, con un acuerdo hasta 2033 que ni si quiera aplicaba la tasa de interés adecuada (la tasa activa del Banco Nación). El cálculo es que al día de hoy debe 6000 millones de pesos.
Del acuerdo estuvo a cargo, en nombre del Estado, el director de asuntos jurídicos del entonces Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, uno de los imputados igual que su superior, el exministro Oscar Aguad. Tanto ellos como el titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa, como el apoderado, Jaime Kleidermacher, fueron indagados en marzo de 2019 pero aún no fue resuelta su situación procesal. El fiscal Gerardo Pollicita --que luego dejó la causa y fue reemplazado por Eduardo Taiano-- les adjudicaba los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Un informe de la Procuraduría de Investigaciones administrativas mostraba cómo se reunían representantes del Correo con funcionarios del gobierno en días claves, pista que no avanzó. Tampoco fue imputado Mauricio Macri, a quien sí había apuntado en sus dictámenes el primer fiscal de la causa, Juan Pedro Zoni, que después de eso fue desplazado de Comodoro Py al fuero ordinario. El convenio, como es conocido, se frustró a partir de la intervención de la fiscala Boquin, que se opuso. Ella también fue hostigada con sumarios, denuncias, recusaciones hasta un robo del expediente y advertencias públicas del expresidente Macri a viva voz.
Mariano Macri dice que su interés apunta a "analizar y/o profundizar el estudio acerca del perjuicio económico ocasionado al suscripto en virtud de las maniobras defraudatorias que se imputan en el marco de estos actuados, como así también aportar mayores elementos de convicción a la presente investigación a efectos de dilucidar los hechos habrían sido desplegadas en el seno de una sociedad comercial controlada por aquella en la que soy accionista —pero se me ha mantenido fraudulentamente al margen de la administración—, todo ello, con finalidad de defraudar al patrimonio público, como así también el mío propio". Como informó Página/12, Mariano tiene un 20 por ciento de las acciones de Socma, sus sobrinos (hijos de Sandra Macri, quien falleció), mientras que Gianfranco tiene un 40 por ciento, porque además de su propia parte se quedó con la que Mauricio le había cedido a sus hijxs. Cuando vivía, Franco Macri mantenía el usufructo, tras donar las acciones antes. Mariano viene impulsando acciones civiles porque dice que no puede acceder a las asambleas (pidió impugnar las realizadas desde 2017) ni balances.
En su libro "Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política y negocios y familia detrás de su hermano Mauricio" (Sudamericana), del periodista Santiago O'Donnell, Mariano Macri asocia dos cuentas off shore (de los bancos UBS y Safra) que habría manejado Gianfranco, con dinero vinculado de negocios del Correo. En otra causa en el fuero penal económico se analiza el blanqueo de parte de esa fortuna ya que, según denunció la AFIP sería ilegal porque estaba con anterioridad en un fideicomiso a nombre de la madre de los hermanos en cuestión, Alicia Blanco Villegas. Por lo pronto, en el caso Correo ahora el juez Lijo deberá analizar el pedido para ser querellante.