En una sesión que se desarrolló ayer por la mañana para luego cederle el recinto al plenario de la Convencional Constituyente, los senadores salteños le dieron sanción definitiva a un proyecto que ya tenía más de tres años dando vueltas en la legislatura y que desde las organizaciones sociales reclamaban. Se trata de la ley de acoso callejero, que pena con prisión de hasta 20 días, o una multa equivalente, a quienes realicen en espacios públicos o privados, actos con connotación sexual contra otra persona perturbando así su dignidad y libertad.

La senadora Silvina Abilés, al momento de defender el proyecto que llegaba desde la Cámara baja en revisión, recordó ya había sido tratado en el 2018, y que desde el Senado lo habían devuelto con modificaciones para su sanción. Pero que sin embargo no se había vuelto a tratar en Diputados y por eso había vencido, “en esta ocasión enviaron el mismo proyecto revisado por nosotros”, recalcó. “Para los diputados parece que no era tan importante porque demoraron tres años en tratarlo, algo que sí lo era para las mujeres”, declaró la representanta por La Caldera, y afirmó que “era una deuda pendiente que teníamos desde la Legislatura”

Explicó que el acoso sexual callejero son las conductas que surgen en ámbitos públicos o privados de acceso público y que perturban a las mujeres. “A veces son conductas socialmente aceptadas y que creen que nos gustan, pero ponen a las mujeres en un lugar de objeto público”, detalló, mientras que “a los varones los pone en el lugar de interpelar a las víctimas”.

También criticó a quienes, cuando se presentó por primera vez el proyecto, sostenían que había cosas más importantes que tratar en la legislatura, “yo les pregunto, ¿qué pasaría si sus hijas son las que se ven siendo objetos de ese acoso?”. Y explicó que hay informes que demuestran que las mujeres sufren acoso desde los 10 años, “comienzan a recibir cosas que se les dicen en las calles y que a ninguna nena le gusta recibir, porque provoca que modifiquen sus conductas, como dejar de pasar por ciertos lugares, o los horarios, o tienen que ir a acompañadas o deciden vestirse de otra manera solo por las cosas que les dicen algunos varones”.

“Este proyecto tiene un trasfondo que es el de transitar libremente y hace a la libertad de cada una de las mujeres, poder transitar sin miedo de que las acosen, no hay excusas para el acoso sexual callejero y necesitamos legislar al respecto”, concluyó. Y solicitó como urgente la realización de campañas de concientización al respecto. 

Luego, nuevamente apuntando hacia los diputados, les exigió que avancen con la modificación del Estatuto del Empleado público que ya cuenta con media sanción y en el que solo se agrega como pena y se tipifica, la violencia de género. “Es un solo inciso que se contempla, espero que salga pronto y que no demoren tres o cuatro años, porque las víctimas de violencia lo necesitan ya”, detalló.

La autoridad de aplicación de esta Ley, detalló la legisladora de La Caldera, es la Secretaría de Derechos Humanos, pero al estar contemplado en el Código Contravencional, será materia de denuncias policiales y la investigación de las fiscalías. Una vez sancionada, la legisladora pidió que quede constancia que en ese cuerpo “en el que hay 22 hombres y una sola mujer, el proyecto quedó aprobado por unanimidad”.

También en materia de género ingresó a la Comisión Especial de Mujer, Género y Diversidad un proyecto del Senador Esteban D'Andrea que tiene como objeto autorizar al Poder Ejecutivo a contratar servicios del personal retirado de la policía mientras se encuentre en vigencia la Emergencia Social por Violencia de Género, Ley 7857.

El legislador por Chicoana sostuvo que es preocupante cualquier situación de violencia y en particular la que se ejerce contra las mujeres, y contó que hoy las consignas policiales demandan casi el 30% del personal policial, por lo que pensar en la contratación de personal retirado para dichos fines puede ser una alternativa. Pero también contó que el proyecto prevé avanzar con la tecnología adecuada para el uso de dispositivos adecuados, además del de la tobillera o el botón antipánico ya conocidos, “que alertan cuando las personas están a una distancia menor a los 500 metros”.

12 de octubre

En el momento de los homenajes, el senador por Iruya, Walter Cruz, recordó que el próximo martes se celebra el Día de la Diversidad Cultural, y pidió mantener viva la figura de las comunidades en el país. “Un 12 de octubre de 1492 comenzaba la primera invasión a la América Latina, hordas dirigidas por Cristobal Colón que supuestamente nos descubrieron, pero en realidad lo que hicieron fue saquearnos y someternos”, manifestó.

Luego subrayó que para recordar esas jornadas, “queremos seguir pidiendo y recuperando nuestras tierras, nuestras lenguas y espiritualidad”. Y pidió a los Diputados que avancen con el tratamiento para modificar la Ley 7.121, de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta. Un proyecto de su autoría y que cuenta con la aprobación del Senado desde el 2019 por lo que caduca este año.

La norma, permitiría ampliar de 9 a 14 el número de etnias reconocidas oficialmente y les daría derecho a representatividad en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). “No hagamos más demagogia y traten este proyecto por el Día de la Diversidad”, expresó el legislador dirigiéndose a los miembros de la Cámara baja.

IPS

Guillermo Durand Cornejo elevó un pedido al IPS, a quienes hizo llegar el malestar de psicólogos y fonoaudiólogos “que están sin cobrar desde hace cuatro o cinco meses”. Y contó que el problema, según le informaron desde el mismo Instituto Provincial de la Salud, es que los administrativos de esa empresa ya no hacen la carga de las órdenes para autorizarlas, sino que contrataron a una empresa de Buenos aires “a la que le pagan cuantiosas sumas de dinero”.

Esa contratación, solo logró que la demora, que era de dos o tres meses, “ahora lleva cuatro, y es desesperante para los profesionales”. Por lo que pidió detalles de la empresa que presta esos servicios de auditoría, los convenios de contratación, y que las autoridades del IPS respondan por qué no realiza la Auditoría la provincia.

Convencionales

Por la tarde, se dio la primera sesión plenaria de la Convencional Constituyente luego de la reunión preparatoria de la semana pasada. Cumpliendo con el pedido de algunos de sus integrantes, se incluyó para esta ocasión una intérprete de señas para personas sordas.

Ni bien iniciada la sesión, la convencional por el Frente de Todos, Sonia Escudero, pidió que se avance con el tratamiento del proyecto de reglamento con el que se manejará la Asamblea y que obtuvo dictamen de mayoría después de dos largas jornadas durante la semana en la comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento.

Pero el representante de Juntos por el Cambio+, Fernando Lardies, anunció que presentaron uno en minoría, bajo el argumento que no acordaban con algunos postulados en general de la reforma y en cuanto a su reglamentación pedían más precisión en su articulado. Y recordó que aún hay un par de amparos esperando el tratamiento de la Corte de Justicia, objetando la forma en que se planteó esta reforma y la metodología en la que se eligieron los convencionales.

Tras una larga sesión en donde se escucharon argumentos a favor y en contra de la reforma y que pedían al oficialismo que no impongan el número y que prevalezca el diálogo. Fue nuevamente Rojelio Nerón, el intendente wichi de Santa Victoria Este, quien cambió un poco el tono de los discursos, al realizar su alocución en su idioma originario para luego traducirlo al castellano.

El jefe comunal, recordó que es la primera vez que un indígena de su etnia se sienta en ese recinto, por lo que pidió a Dios que lo acompañe en este camino, y reclamó que no los tuvieron en cuenta, “no pedimos solo traducción, sino soluciones serias a nuestras problemáticas”. Por lo que solicitó que se incluyan algunos puntos en esta reforma parcial para que sean tenidos en cuenta temas como la garantía en el acceso a la tierra, “muchos de nuestros hermanos tienen rancho, pero viven en tierras privadas”, resaltó.

“Yo los invito a todos los convencionales que nos visiten en nuestro departamento y conozcan las necesidades con las que vivimos, por eso necesitamos que se incluyan algunos puntos”, insistió. La presidenta del bloque de Salta Para Todos, Verónica Caliva, se sumó para pedir también que se incluyan algunas temáticas como el acceso al agua, cursos de agua, y más derechos de las mujeres, y solicitó que se las incluya en el reglamento: “tienen que nombrarnos, porque no solo son los convencionales, somos muchas las que estamos acá”, reclamó.

Escudero volvió a reclamarle a los jueces de Corte la falta de tratamiento que recibieron los pedidos de inconstitucionalidad de la Ley que convoca a reformar la Carta Magna, y concluyó que “por eso no podemos hablar solo de la duración del mandato de los jueces, sino que habría que tocar algo más que eso, hay que revisar esas instituciones”. Y lo mismo sostuvo para la Auditoría General de la provincia.

El debate duró más de tres horas antes de votar los dos dictámenes en cuestión, y donde resultó ganador el de mayoría con la sola abstención de la constituyente del Frente de Izquierda. Mientras que el Bloque Juntos por el Cambio +, votó en contra del título 4.

Sobre el dictamen aprobado, se votó también una moción para modificar el reglamento y su articulado incluyendo la perspectiva de género en su redacción siguiendo el pedido de Caliva. En la votación de la reglamentación, volvieron las discusiones con respecto a cómo hacerlo, si por títulos, por materias o por artículos, con acusaciones que apuntaban a la bancada mayoritaria oficialista por parte de algunos sectores como Juntos por el Cambio+ y el Frente de Izquierda.

Antes de finalizar la Sesión, por secretaría se solicitó que cada bloque presente la integración de las comisiones, que será debatida en reunión de Presidentes el próximo miércoles 13 a horas 18.