Mientras la Asamblea Legislativa se encamina a permitir la aprobación ficta en la semana entrante del pliego de Oscar Marcos Biagioni como vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, las denuncias por violencias laborales, de género y acoso sexual se acumulan en organismos públicos y algunas llegaron a la Justicia. El Ministerio de las Mujeres de la Nación acompaña a dos denunciantes, como publicó oportunamente Rosario/12. Amenazas, hostigamiento, segregación, llamadas telefónicas a empleadas a las 12 de la noche, objetos tirados por la ventana, patadas contra puertas, ascensos a cambio de favores personales, son algunas de las acusaciones que pesan sobre el funcionario que desde el 2 de septiembre cesó su mandato, aunque una ley reciente le permite seguir estando en su cargo. El gobernador mandó el pliego y se rehusó a retirarlo, de modo que la decisión pertenece a la Legislatura, donde cuenta con el aval de los senadores, ya que su “padrino” político es el senador Armando Traferri. La Comisión de Acuerdos recibió la documentación de las denuncias y todavía no llegó a dictamen, pero pasó algo que sumó zozobra a las denunciantes: los detalles de sus relatos llegaron al interior del Tribunal de Cuentas, en una evidente filtración que las expone a mayores violencias. Así se definirá la continuidad en el organismo encargado de auditar las cuentas provinciales. En la Asamblea del jueves participaron 12 de 70 integrantes y, por mandato constitucional, si fracasa dos veces, el pliego queda aprobado. Según contabilizan las denunciantes, hubo 53 nombramientos en los últimos años que responden a favores a integrantes de la Legislatura.

Hay mujeres que denunciaron en Rosario y Santa Fe. Rosario/12 habló con algunas de ellas, que pidieron estricta reserva de su identidad por miedo a represalias. “La mayoría se calla por temor a su continuidad, si Biagioni se fuera, te aseguro que habría 50 denuncias”, plantea una de ellas. La actitud del ex presidente del Tribunal fue sumar adhesiones a través de una nota que fue elevada al gobernador y una manifestación de apoyo frente a la Legislatura, pero las denunciantes aseguran que eso también es parte del entramado que creó en el organismo, ya que se produjeron ingresos masivos en 2019 y 2020, así como concursos de ascenso con “nombre y apellido”, tal como le aclaró el propio Biagioni a la que se conoce como denunciante 1. Ese episodio lo relató José Maggi en la edición del 29 de agosto. Allí se informa que el juez en lo laboral de Santa Fe, Guillermo Garibay, ordenó el cese de hostigamiento y la prohibición de acercamiento hacia esta denunciante, que comenzó a sufrir persecución en 2018, cuando difundió la información de un concurso entre sus colegas, y los instó a presentarse. Biagioni la amenazó, le gritó y le dijo que ese concurso tenía “nombre y apellido”. Finalmente, lo ganó Alejandra Nieto, la esposa del funcionario.

“Es como si estuviese protegido, tanto en la Legislatura como por el gobernador y hasta por el Ministerio Público de la Acusación”, dice con amargura otra de las denunciantes. Es que se enteraron por un medio de comunicación, Aire de Santa Fe, del archivo de la causa que habían presentado por abuso de poder, entre otras violencias. “Ante esto, hicimos una presentación al MPA, una para que nos notifiquen, para poder seguir ejerciendo nuestros derechos como víctima y que se investigue la supuesta comisión de delito”, cuenta la denunciante 1. “Y por otro lado, hicimos un pedido para que nos informen si algunas causas que habían surgido como consecuencia de unas escuchas eran verídicas, para que se comuniquen a la Asamblea Legislativa. Solamente nos respondieron el último”, sigue el relato. El fiscal regional Carlos Arietti les respondió que no las notificaron porque “no tiene que ver con la denuncia” y tampoco se informó a la Comisión de Acuerdos porque “lo tiene que pedir un legislador”. “Ese requisito no lo encontré en ninguna ley de la provincia”, asegura la mujer. Otra denuncia ingresada es por coacción y amenazas.

Sobre las escuchas, se refieren a una comunicación entre Biagioni y el entonces jefe de policía de Santa Fe, Rafael Grau, el 18 de junio de 2016. En esa conversación, hecha desde un teléfono de la Cámara de Senadores, Biagioni le aconseja a Grau sobre una investigación por fraguar la compra de repuestos y reparación de móviles policiales para quedarse con el dinero. El presidente del organismo de control le hace saber que fue él mismo quien le facilitó -a través de un tercero- información que debía ser reservada. La comunicación telefónica tiene estado judicial: Biagioni (además de hacerle conocer quién hizo la denuncia) aconseja al investigado que responda “con una chanchada superior”, que “tiene que volver el mismo sopapo” y que “sepan de dónde viene la piña”.

La otra denunciante de la ciudad de Santa Fe cuenta cómo Biagioni amenazaba a sus compañeras de trabajo para que la segreguen. Desde el principio, por ser asesora de un vocal del Tribunal de Cuentas enfrentado al presidente, fue maltratada. Ante el pedido de cobro de un plus para asesores, ella decidió esperar y, cuando todos lo cobraron, hizo su presentación. Un jueves a la medianoche recibió una llamada. “Negra de mierda, metete el plus en el culo, me gritó”, cuenta la mujer, quien también recibió un llamado de la esposa de Biagioni, Alejandra Nieto, prohibiéndole la entrada al Tribunal de Cuentas. “Venían compañeras mías a contarme que en reuniones del personal les pedían que no se junten con el serpentario, así me decían. Pasó también que en un par de oportunidades me recriminaban que labure por el recibo de sueldo que yo tenía. Recibí maltrato, hostigamiento, algo doloroso, tan angustiante…”, relató. Un día, llegó a su oficina y todos sus efectos personales estaban tirados en el piso, porque Biagioni había decidido sacarle el armario, sin avisar.

Cuando ella observó una gestión, tal como es su trabajo, el presidente del Tribunal convocó a toda la oficina para denostar lo hecho y pasó el dictamen por una picadora de papel. Según relata, cunde el temor. “Todos creen que hay micrófonos por todos lados, que están grabando las conversaciones. Muchas chicas me han mandado whatsapp, y yo les propongo llamarlas, pero no quieren hablar porque tienen miedo de tener intervenido el teléfono”, sigue el testimonio. También cuenta que su denuncia en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Santa Fe, tuvo un efecto: dos meses después, el hijo del presidente de esa Cámara ingresó a trabajar en el Tribunal de Cuentas.

En la ciudad de Rosario, con temor por la filtración ocurrida en la Legislatura, otra denunciante relata su derrotero. Ingresó por concurso de discapacidad y sufrió acoso sexual de parte de su primer jefe. Un día que ella estaba de viaje, sus compañeras le comentaron la situación a Biagioni que, en lugar de tomar medidas pertinentes, la cambió a ella de oficina. Más tarde, la hizo trabajar en un pasillo, y desconoció su título de abogada. Un año después, en la nueva oficina, sufrió otra violencia, esta vez de un compañero de trabajo de jerarquía superior. Y la resolución de Biagioni fue volverla a la primera oficina. “Lo que me dice es que me aguante el acoso laboral o el acoso sexual”, expresó la mujer, que no hizo una denuncia sino -hasta ahora- una exposición civil. El trasfondo de su relato es muy extenso, pero lo que subyace es un manejo arbitrario del poder. 

Otra denunciante refiere acoso sexual, llamadas impropias a toda hora e insinuaciones que derivan -para quien las acepta- en mejoras laborales. “Vos no podés manejar un organismo con desigualdad y abuso de poder. Él ejerce acoso laboral, acoso psicológico, yo tuve miedo siempre. Él te dice 'yo sé todo lo que hacés, me entero de todo' y así ejerce acoso psicológico”, resume esta denunciante.

 

En la Asamblea del 7 de octubre hubo sólo 12 legisladores, de los 70 que deben decidir sobre la designación del vocal del Tribunal de Cuentas. Según los números preliminares que se manejan, sólo ocho diputadxs votarán en contra: Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, Damaris Pachiotti, de Ciudad Futura; Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, del bloque Igualdad, Matilde Bruera, del Frente de Todos; Fabián Palo Oliver, Mónica Peralta y Gabriel Real del Frente Progresista. El resto de los legisladores apostarán a la aprobación ficta. Si la Asamblea Legislativa convocada para el jueves 14 de octubre, a las 13, fracasa, el viernes 15 el pliego quedará aprobado.