Hay una teoría del eterno retorno en Nietzsche o del tiempo circular en Borges. La historia pareciera que nos devuelve siempre al mismo lugar. A hechos o personajes que se repiten. Christine Lagarde, la ex directora gerente del FMI y actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE) trabajó entre 1981 y 2005 en Baker & McKenzie, acaso el bufete de abogados más grande del mundo que aparece en unos 7.500 documentos de los Pandora Papers. El estudio que tiene presencia en 46 países y 4.700 letrados ayuda a multimillonarios y grandes empresas a eludir o evadir impuestos con una ingeniería legal y financiera a la medida del cliente. Lo explica el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) que difundió la última filtración de papeles a gran escala.
La mujer a la que Mauricio Macri festejó cuando era presidente, no sólo asesoraba a compañías elusivas que operaban desde paraísos fiscales cuando se desempeñaba en el ámbito privado. También presidió los comités ejecutivo y estratégico de Baker & McKenzie y hasta fue consejera de su subsidiaria Law in Context con sede en las islas Bermudas, un territorio offshore dominado por la opacidad fiscal.
Lagarde no fue una ejecutiva de ocasión en el bufete que comandó desde Europa. De su CV se desprende que estuvo en el staff casi un cuarto de siglo y ocupando cargos jerárquicos. Su relación comercial con los paraísos fiscales es una evidencia que se conoció en noviembre de 2019 apenas asumió en el BCE. Pero ahora toma más fuerza con la filtración de los Pandora Papers. La bisagra que la une a la banca offshore es Baker & McKenzie cuyos ingresos este año batieron un récord. Lo dice su propia página oficial: finalizó al 30 de junio de 2021 con 3,1 mil millones. “La primera vez que la firma ha cruzado la marca de los $ 3 mil millones. Los ingresos aumentaron un 7,8% en comparación con el año anterior y, junto con los costos cuidadosamente administrados, esto se tradujo en un crecimiento interanual de las ganancias del 36,7%”, señala.
Pilar de la economía offshore
El Consorcio Internacional de Periodistas define al estudio transnacional como “un arquitecto y un pilar de la economía sumergida, a menudo llamada offshore, que beneficia a los ricos a costa de las arcas de los países y del bolsillo del ciudadano de a pie”. Poco le importan a este bufete las asimetrías cada vez más pronunciadas entre ricos y pobres. Su presidente global Milton Cheng dijo a fines de septiembre: “En un contexto tan desafiante, lograr ingresos récord es un gran voto de confianza de nuestros clientes y un testimonio del arduo trabajo y la resiliencia de nuestra gente en todo el mundo”.
Creado en 1949, el estudio abrió su primera oficina offshore en Caracas, Venezuela. Corría 1955, Perón era derrocado en Argentina y Baker & McKenzie comenzaba su etapa de expansión internacional en esa década. El trabajo del ICIJ recuerda que en un artículo publicado en el Wisconsin Law Review dos años después, Russell Baker – uno de los fundadores del bufete - recomendaba “constituir sociedades en Venezuela y otros países que permitieran a los propietarios permanecer en el anonimato mediante el uso de lo que se conoce como acciones al portador. Las acciones al portador son certificados de acciones que no necesitan estar registrados a nombre de una persona o compañía concreta”. Baker y su socio John McKenzie lo hacían por las dificultades que existían en Estados Unidos para formar ese tipo de sociedades.
Hoy, con los Pandora Papers alimentando a los medios del mundo, el Consorcio de Periodistas denuncia en su página oficial que el estudio de abogados y todas sus delegaciones “se han beneficiado del trabajo realizado para personas vinculadas al fraude y la corrupción”. Y da algunos ejemplos: “la empresa ha trabajado para el oligarca ucraniano Igor Koloimosky, de quien las autoridades estadounidenses alegan que lavó 5.500 millones de dólares a través de una maraña de sociedades fantasma, que compran fábricas y propiedades comerciales en todo el corazón de Estados Unidos”.
Baker & McKenzie también asesoró a Jho Low, un financista malasio fugitivo que está acusado de un fraude internacional por más de $ 4.5 mil millones de dólares, conocido como 1MDB. El estudio de abogados se presenta en su página corporativa muy alejado de ese tipo de asesorados: “Somos ciudadanos del mundo y reconocemos que el estado de derecho es una base esencial para el crecimiento y el desarrollo económicos. Donde el estado de derecho es fuerte, los líderes empresariales pueden sentirse optimistas acerca de invertir en el futuro”.
El ICIJ no pudo conseguir la palabra de Cheng, el presidente hongkonés del poderoso bufete, pero en sus informes citó a un portavoz que respondió cómo Baker McKenzie se esfuerza por “garantizar que nuestros clientes cumplan tanto con la ley como con las mejores prácticas”. La web de la compañía explica que su política “se basa en principios de integridad, transparencia, profesionalismo y adhesión a los más altos estándares de ética”.
“Somos veraces y transparentes”, declama el bufete en su código de conducta empresarial. “No hacemos negocios con personajes de mala reputación”, se defienden. El Consorcio Internacional de Periodistas no piensa lo mismo: “Cuando los multimillonarios, las multinacionales y las personas con conexiones políticas pretenden ocultar su riqueza o evadir impuestos, recurren con frecuencia a Baker McKenzie, el gigante con sede en Chicago”, publicaron citando al ICIJ, desde El País de España a la Agencia Pública en Brasil.
La influencia del bufete que tiene su sede central en Chicago es notable en los Pandora Papers. Los medios del mundo se encargaron de remarcarlo: “Entre el maremágnum de banqueros, contables, abogados y agentes de creación de empresas instrumentales, sobresale Baker & McKenzie. El ICIJ descubrió que desempeñó un papel en los asuntos de más de 440 empresas registradas en paraísos fiscales”. Tampoco sorprende, como sostiene el Consorcio, que “más de 220 empleados de Baker & McKenzie en 35 países han ocupado puestos en organismos gubernamentales como los ministerios de Justicia, las oficinas tributarias, la Comisión de la UE o las oficinas de jefes de Estado”.
Sociedades instrumentales
Para el ICIJ son demoledoras las evidencias de prácticas ilegítimas, fronterizas con la ilegalidad, en esta multinacional de servicios jurídicos: “Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados ayudó a crear sociedades instrumentales en Chipre para el gigante de la alimentación y el tabaco RJR Nabisco. Para Nike, colaboró en crear un refugio fiscal neerlandés. Según documentos judiciales de Estados Unidos, sus abogados ayudaron a Facebook a redirigir miles de millones de dólares de beneficios a Irlanda, un país de baja tributación”.
Mencionado en más de 7.500 documentos de los Pandora Papers, mucho más que cualquier otro estudio de abogados de la competencia en Estados Unidos, Baker & McKenzie insistió en que las empresas o particulares que lo contratan no se apartan de las buenas prácticas. Pero aclaró – de acuerdo al ICIJ- que “en ocasiones nos encontramos con que los clientes realizan posteriormente actividades que no concuerdan con nuestra comprobación debida inicial, o salen a la luz nuevos hechos o sucesos que nos llevan a dejar de representarles”.
A buen entendedor, pocas palabras.
