El senador Armando Traferri denunció ayer ante la Corte Suprema a la jueza María Isabel Más Varela, quien según su presentación homologó el procedimiento abreviado del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad “avalando las ilegalidades de los fiscales” Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Con el patrocinio del abogado Oscar Romera, el legislador justicialista advirtió que se aplicó al ex fiscal destituído una condena menor a la que le correspondía, y que ello permitió que saliera en libertad. También que la magistrada falló en el control de legalidad y que no se aplicaron las multas correspondientes, favoreciendo al imputado. De inmediato el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (Zona Sur) hizo público su "desacuerdo" y remarcó su "preocupación a raíz de la presentación por decisión adoptada en un procedimiento abreviado dentro de una causa de trascendencia pública". Para el fiscal Schiappa Pietra esta es sólo "una de las tantas maniobras de parte del senador que se ve cada vez más acorralado".
El texto firmado por Gustavo Salvador e Ivan Kvasina sostiene que "las herramientas legales previstas para juzgar la responsabilidad funcional de magistrados y magistradas no deben ser utilizadas para modificar o controlar el contenido de las decisiones jurisdiccionales, puesto que significaría una desnaturalización de dichos instrumentos de control, en detrimento de la independencia judicial". Por eso para el Colegio " las discrepancias que puedan mantenerse con las decisiones adoptadas por jueces y juezas en ejercicio de sus funciones deben canalizarse por las vías procesales correspondientes".
El nuevo capítulo que ya raya el escándalo, es en verdad una vieja costumbre de Traferri: ir contra funcionarios judiciales con los que no puede negociar es una práctica repetida que ya hizo con el fiscal Sebastián Narvaja, a quién logró desplazar de la causa que lo investigaba por el mal manejo de subsidios con complicidad del entonces fiscal regional rosarino Patricio Serjal, y con los mismos fiscales que ahora lo investigan Schiappa Pietra y Edery. A esta última la desestimó la fiscal Valeria Haurigot y , para no ser menos, también la denunció.
En uno de los puntos que denunció Traferri es que la provincia de Santa Fe no tiene legislada la figura del arrepentido, por lo que no se debería haber aplicado. “En la provincia de Santa Fe tampoco se sancionó ley alguna que incorpore a su Código Procesal Penal la figura del ‘arrepentido’ o ‘imputado colaborador’. La doctora Más Varela no debió aplicarla. Desconocer esto, es algo más que un simple error judicial”, afirmó en el escrito.
Para el fiscal Schiappa Pietra no es correcto plantear que no se puede aplicar la figura del imputado colaborador en la provincia. "La aplicamos por el delito de la asociación ilícita previsto en el Código Penal, que no necesitó de ninguna ley de adhesión provincial, sino que solo requería de una reglamentación que el fiscal general Jorge Baclini redactó en su momento y es con las que trabajamos. Esto no fue como la ley del narcomenudeo que establecía la desfederalización de la persecución del trafico de estupefacientes de menor cuantía, debía pasar por las legislatura. Este planteo no soporta ninguna discusión" dijo el titular de la Agencia de Criminalidad Organizada a Rosario12.
Para el mismo investigador esta es sólo "una de las tantas maniobras de parte del senador que se ve cada vez más acorralado, mucho más aún tras el dictamen del procurador Jorge Barraguirre y por eso genera presiones para obtener algún tipo de beneficio o mejora procesal, pero sin comparecer nunca en la investigación. Dice estar a derecho siempre, pero nunca se presentó para ser imputado, con lo cual disputa con la justicia", destacó Schiappa Pietra.
El senador también advirtió en la denuncia que, aunque hubiera estado vigente la figura del arrepentido en la provincia, esta fue mal aplicada, ya que la jueza “no efectuó la valoración que esa misma ley impone para hacer eficaz el beneficio que otorga”. La normativa establece que, para aplicar la reducción de la pena, la información brindada por el arrepentido debe “ser precisa, comprobable, verosímil, útil para la investigación y tiene que referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que el declarante haya sido partícipe”. Según la denuncia, la magistrada nunca realizó esta comprobación y descansó en lo señalado por los fiscales, que en la causa son parte.
El senador de San Lorenzo también denuncia que tampoco se aplicaron las multas, que según la norma nacional no se ven reducidas en caso de un acuerdo de arrepentido. Uno de los delitos que se le imputaron a Ponce Asahad fue encuadrado como cohecho pasivo agravado, que prevé una multa de 2 a 5 veces del monto o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja pecuniaria ofrecida o entregada. Según sus propias declaraciones, Ponce Asahad cobró unos 200 mil dólares en coimas con lo que, en el mejor de los casos, debería haber pago multas por 400 mil dólares.
