El secretario general de los trabajadores municipales de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz describe la peligrosa situación de precarización a la que están sometidos los trabajadores en el distrito que comanda Jaime Méndez, cuyo jefe político es Joaquín De La Torre.

El municipio de San Miguel, las principales autoridades fueron demandadas en mayo pasado por el doble homicidio culposo de Joaquín Ortega y Roberto Mora, dos trabajadores tercerizados que prestaban servicio para el Ejecutivo local. La misma administración arrastra un conflicto judicial con el sindicato de municipales desde 2018, que llegó a la Suprema Corte en 2023. 

El principal reclamo del Sindicato de Trabajadores Municipales, que conduce Omar Venecia es la falta de convenio colectivo de trabajo (CCT) y el incumplimiento de la ley provincial 14656, que le da el marco a la actividad.

Esa ley data de 2014 y contempla, entre otras cuestiones, la creación del Concejo del Empleo Municipal. Esa figura es en realidad una mesa tripartita, de reunión periódica y agenda amplia.

Allí deben estar representados tanto trabajadores e intendentes, en tanto sector patronal, y funcionarios provinciales del ministerio de Trabajo. Según el texto de la norma, sus decisiones tendrán carácter vinculante. 

Ni Daniel Scioli ni María Eugenia Vidal la pusieron en marcha durante sus períodos de gobierno. Los trabajadores tienen ahora la promesa, tanto del ministro Walter Correa como del gobernador Axel Kicillof, de que pronto se realizará la primera convocatoria, luego de ser postergada en distintas ocasiones. 

Precarización

"Ese vacío legal les permite hacer cualquier cosa", afirma Venecia en diálogo con Buenos Aires/12. "Por eso esperamos la definición de la Suprema Corte provincial. Ganamos en primera y apelaron, ganamos en la cámara y volvieron a apelar. Si la Corte nos da la razón, sólo les queda cumplir la ley", reflexiona.

Para él, ambas muertes son consecuencia de una abierta y recurrente violación a la ley provincial. Afirma que se trata de un modus operandi, pero que no es exclusivo de San Miguel.

Venecia describe un panorama crítico. "Hace dieciséis años que no se produce un pase a planta. La carrera municipal obviiamente no existe. En planta permanente, apenas quedamos doscientos trabajadores estables. El resto, tienen contratos basura o son monotributistas". 

El sindicalista calcula que en el gobierno de Jaime Méndez debe haber unos cuatro mil trabajadores bajo alguna forma de precarización, que también incluye la contratación de cooperativas o empresas afines com,o el GEA Group de Aníbal Sidán, relacionada con las mencionadas muertes. 

"La explicación es sencilla. No sólo son más baratos. Al no tener ningún derecho, no pueden reclamar porque los rajan, tienen que agachar la cabeza y seguir trabajando para poder sobrevivir." Venecia cuenta que, aunque no se pronunciaron públicamente respecto al doble hecho luctuoso, pidieron explicaciones a Méndez en privado, aunque se reserva el contenido de esa conversación. 

"Ese hecho causó mucho dolor y mucha angustia entre los trabajadores. Nosotros a los nuestros les decimos que no salgan a trabajar si no están garantizadas las condiciones mínimas de seguridad, porque a veces los mandan en camiones sin frenos o sin luces, y arriesgan la vida, pero los precarizados no tienen esa opción", sostiene el dirigente.

El sindicato de Venecia tiene la representación de los trabajadores de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz. Ocurre que su personería gremial es anterior a 1995, cuando se votó la partición en tres del municipio de General Sarmiento. Ese mismo año, se aplicó la misma medida a Morón y así nacieron Hurlingham e Ituzaingó. Esa triple experiencia le permite a Venecia hacer análisis comparado. "La situación es compleja en todos lados, pero lo que está pasando en San Miguel va más allá de la lógica y del contexto general". 

Desde 2015, el intendente de San Miguel es Jaime Méndez. Llegó allí a instancias de su antecesor y jefe político, Joaquín De La Torre, que rompió con el peronismo para pasarse al Pro. En los últimos años coqueteó con La Libertad Avanza, pero esa relación terminó mal y ahora va a elecciones con boleta corta.

En San Miguel, y particularmente en la zona residencial de Bella Vista, es conocida la tradicional influencia de sectores militares, por la cercanía con Campo de Mayo, y de la iglesia católica en la política local.

Los hechos

El 3 de mayo pasado, el joven Joaquín Ortega (19) integraba una cuadrilla municipal ilegal, al mando del puntero oficialista Aníbal Sidan. Joaquín esperaba debajo de la hidroelevadora. Arriba, en la cesta, estaba su compañero Roberto Mora. 

La pintura que llevaba estaba rebajada con nafta y explotó producto de la alta tensión de los cables. Mora murió calcinado en el acto. Joaquín murió electrocutado, por el arco voltaico que se generó. Entre otras irregularidades que ocurrieron ese día, desapareció el teléfono celular de Mora, que podría ser vital para el avance de la causa penal.

Meses antes, Sidán, referente de la agrupación local "La 31", había ganado una licitación para pintar columnas de luz por casi quinientos millones de pesos. A pesar de que la licitación salió con un nombre de fantasía, el verdadero beneficiario es Sidán como persona física, que es responsable inscripto ante la AFIP. 

La empresa nunca existió pero la contratación pasó porque, al haberse aprobado una delegación de facultades en el HCD, donde la mayoría responde al intendente, la oposición no tiene ningún mecanismo de control.

"El Perro" Sidán tiene muchas fotos, tanto con De La Torre como con Méndez y no son las típicas fotos que un dirigente se saca con un desconocido en un acto. Hay algunas en asados y reuniones sociales. El propio Joaquín le contó a su madre que, en una de esas reuniones, en la casa de Sidán, había conocido al propio intendente Joaquín Méndez.

Esos documentos y la actitud de Noelia, madre de Joaquín, determinada a buscar justicia, explican la preocupación de los hombres que, según aseguran otros sectores de la Iglesia católica, están vinculados al Opus Dei.